Las paradojas de los derechos humanos

Por Susan George, autora del Informe Lugano y vicepresidenta de Attac-Francia. Inaugurará el Foro Internacional de Derechos Humanos organizado por el Observatori DESC (EL PERIODICO, 15/11/03):

En lo que concierne a los derechos humanos, hoy en día vivimos inmersos en el centro de una paradoja. La primera paradoja es que mientras la definición y declaración de derechos humanos existe sólo a nivel internacional, su defensa sólo puede ocurrir a nivel nacional. A pesar de la interpretación de que la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) abarca todos los derechos, Naciones Unidas, en los pactos de 1966, define dos categorías distintivas: derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales .

Sin embargo, la ONU no está en posición de defender estos derechos. Hasta ahora, sólo los estados soberanos, individualmente, pueden hacerlo. Los estados garantizan –o no—las libertades democráticas y el Estado de derecho (derechos civiles y políticos). Sólo ellos pueden asegurar los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo proveyendo educación universal y asistencia sanitaria sin tener en cuenta la capacidad de pago, o mediante asignaciones y compensaciones a los ancianos, los parados o los inválidos. Los ciudadanos pagan impuestos para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones en cuanto a los derechos humanos, una función mejor conocida como redistribución.

LA SEGUNDA paradoja es que las peores violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales son cometidas –sin importar que quienes las cometen estén preparados para reconocer este hecho– por las instituciones internacionales, algunas de las cuales incluso están ligadas tenuemente a Naciones Unidas. En los últimos 20 años, los así llamados ajustes estructurales, más certeramente designados como programas de austeridad, diseñados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, han causado numerosos estragos en numerosos países. Dichos programas de austeridad, al forzar a países endeudados a reducir el gasto público y orientar sus economías hacia las exportaciones, para ganar las divisas necesarias para cumplir con el servicio de la deuda, han sido responsables de la generación perdida en el Sur. Millones de personas han sido privadas de educación y atención médica, mientras los presupuestos estatales han sido recortados.

Es más, el FMI insiste en la libertad total de los movimientos de capitales, lo que ha llevado a una masiva crisis financiera detrás de la otra. En México, 28.000 pequeños negocios quebraron como resultado de la crisis; en Tailandia y Corea hubo lo que se denominó suicidios FMI; en Indonesia, 30.000 empleados bancarios perdieron sus empleos en una sola semana; en Rusia, la pobreza ha alcanzado ahora a 60 millones de personas y la esperanza de vida de los hombres ha caído en siete años en una década; en Argentina, que llevó adelante las instrucciones del FMI al pie de la letra, una gran proporción de sus ciudadanos de este país ha quedado prácticamente en la calle.

¿Y qué decir del derecho a estar vivo? Casi todo el mundo sabe que el hambre todavía es predominante en el mundo. Según el director general de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), llevará 150 años erradicarla. Mientras tanto, el África subsahariana paga más de 20.000 dólares por minuto a sus acreedores en servicios de la deuda. Se podría proveer bastante comida y agua limpia, sin mencionar escuelas y clínicas, con 20.000 dólares por minuto, pero parece que las necesidades de las ricas naciones acreedoras de recibir estos pagos –marginales para ellos aunque cruciales para los africanos– son más importantes.

LA TERCERA paradoja es que, quizá por primera vez en la historia, el mundo es lo suficientemente rico para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales de cada persona en la Tierra, aunque poderosas instituciones nacionales e internacionales se niegan a hacerlo.

La ayuda oficial al desarrollo no sólo ha caído desde el fin de la guerra fría, sino que las naciones más ricas son usualmente las que menos contribuyen. Mientras que hace 30 años la ONU marcó la meta de ayuda al desarrollo en el 0,7% del PIB, Estados Unidos sólo contribuye con el 0,1% de su producto bruto (PIB). Si todos los países ricos cumplieran con la meta de la ONU, tendríamos 150.000 millones de dólares en ayuda oficial –no la miseria de 52.000 millones de dólares en contribuciones que se hizo el año pasado–. Ni siquiera los 150.000 millones llegarían a cubrir las transferencias netas desde los países pobres a los países ricos, que, en el 2002, llegaron a la escandalosa cifra de 200.000 millones a favor del Norte.

ENTONCES, ¿cómo garantizar la provisión de derechos económicos básicos para todos? Persiguiendo el dinero hasta donde está –en el nivel internacional–. Es hora de cancelar la deuda de los pobres que ha sido pagada una y otra vez. Es hora de cerrar los paraísos fiscales que dan cobijo a fortunas ilegales y a las ganancias de los traficantes de drogas, mujeres, niños y animales. Es hora de llevar adelante un impuesto y una redistribución a nivel internacional, comenzando con los mercados financieros, pero sin dejar de lado las ganancias de corporaciones transnacionales o las tasas ecológicas. Es, técnicamente hablando, perfectamente aplicable, y estos fondos pueden ser redistribuidos bajo la condición de que los países que reciben el dinero garanticen la democracia y los derechos humanos dentro de sus fronteras. Esto crearía un poderoso incentivo y garantizaría ambos tipos de derechos.

La peor paradoja es quizá que al fin podríamos crear un mundo donde la demanda universal de derechos humanos universales no sea lo que la embajadora de Reagan en Naciones Unidas Jeane Kirkpatrick llamó “una carta a Papá Noel”. Las instituciones nacionales e internacionales pueden hacer realidad todos los derechos humanos, pero se niegan a hacerlo. El movimiento global de justicia, incluyendo el Segundo Foro Internacional de Derechos Humanos organizado por el Observatori DESC, que se celebra en Barcelona del 17 al 20 de noviembre, está luchando para hacerlos cambiar de opinión.