Las pensiones en una España envejecida

El llamado envejecimiento de la población en las sociedades avanzadas viene determinado por dos tendencias demográficas que se han combinado poderosamente en las últimas décadas: una reducción de la tasa de natalidad que impide la reposición completa de quienes van atravesando la barrera de las edades laborales y una mayor duración de la vida, lo que es, sin duda, una buena noticia. Pero, el envejecimiento es, en realidad, un fenómeno aparente en buena medida basado en la rigidez con la que desde todas las instancias y ópticas abordamos el tránsito de las cohortes, que una vez fueron jóvenes, a las “grandes edades” a partir de la barrera etaria de los 65 años, fijada hace más de un siglo y que en absoluto significa hoy lo que entonces ni lo que significará dentro de unas décadas.

Este punto de vista se completa con otro adicional. El de que, más que problemas, el envejecimiento representa retos, algunos de formidable entidad, eso sí, que hay que afrontar con determinación, con realismo, con la mejor información, a tiempo y dentro de un concierto de intereses inevitablemente diversos que habrá que conciliar.

No es el mero número de personas de edad más o menos avanzada, ni necesariamente su proporción en relación al número de personas de edades más jóvenes, lo que acaba creando los problemas que hoy asociamos al envejecimiento, sino la “mochila” de “derechos” y “obligaciones” que asociamos a cada edad, en ocasiones contra el sentido común, de manera inercial, por simples convencionalismos o incapacidad para disociar lo que, en definitiva, es un problema de gestión de dicha mochila de un fenómeno bien natural y, como decíamos, bien positivo, como es el tránsito de las generaciones hacia edades cada vez más avanzadas.

Mientras que los individuos sigan entrando cada vez más tarde a la actividad económica, salgan cada vez antes de ésta y vivan cada vez más tiempo, será cada vez más difícil resolver el problema de las pensiones y todos los demás problemas asociados a los grandes programas del Estado del bienestar, como la sanidad y la dependencia.

Esta aritmética vital incoherente y las tendencias demográficas esperadas en España para las próximas décadas llevan a constatar una y otra vez que nuestro sistema público de pensiones, en su definición actual, no está adaptado a estos formidables cambios demográficos y que, en el medio plazo, sufrirá problemas crecientes de suficiencia financiera si no se realizan reformas en línea con las adoptadas en diferentes países de nuestro entorno en los que sí se han comprendido bien las implicaciones de las tendencias demográficas mencionadas.

En este sentido, la prolongación de la vida laboral, ya sea desincentivando la jubilación anticipada (en la actualidad la edad de jubilación efectiva en España se sitúa en torno a los 63 años) o a través del retraso de la edad legal de jubilación, claramente más allá de los 65 años, es una medida más que indicada, ya que actuando sobre un solo parámetro del sistema, la edad de jubilación, se consigue incrementar a la vez el número de años de cotización y reducir el número de años “pensionables”. De esta forma, se incrementan los ingresos y se reducen los costes del sistema de pensiones sin que se produzca una reducción de la pensión anual a percibir por los futuros pensionistas, aunque obviamente se reduce el número de años de su disfrute. La aplicación progresiva de esta medida es inevitable para no frustrar las expectativas de quienes más cerca se encuentran de la jubilación en estos momentos, careciendo de margen de maniobra, pero exige que dicha medida se introduzca cuanto antes.

Para lograr revertir por completo las complicadas perspectivas futuras en materia de gastos e ingresos del sistema de pensiones, sin embargo, la prolongación de la vida laboral debería ser mucho mayor de los dos años que se debaten actualmente. No parece que estemos preparados para ello y, con toda seguridad, no convendría llegar al límite. De forma que habría que adoptar medidas complementarias, como la que también se plantea de aumentar el periodo de cómputo de las pensiones por encima de los 15 años actuales, eventualmente a toda la vida laboral. En el fondo, se trata de lograr una mayor proporcionalidad entre las pensiones a percibir y el esfuerzo de cotización realizado por cada trabajador, con la necesaria gradualidad y sin menoscabo severo de la necesaria solidaridad.

Sin duda, una reforma del sistema español de pensiones públicas en estas líneas haría de él un sistema menos rentable para los actuales cotizantes por debajo de una cierta edad (digamos los 45 años) y para todos los futuros cotizantes, pero lo haría más seguro. Todos los análisis comparativos, por otra parte, apuntan a que nuestro sistema público de pensiones es ciertamente “generoso” en comparación con los sistemas públicos de pensiones de países de nuestro entorno, si nos atenemos a la proporción del último salario previo a la jubilación que representa la pensión del sistema. En España esta proporción supera el 80%, mientras que en Alemania se sitúa apenas por encima del 50%, en el Reino Unido algo arriba del 40% y en Holanda cerca del 30%. Estos países, obviamente, tienen sistemas complementarios de capitalización muy desarrollados.

Pero el reto que supone el envejecimiento para el sistema de pensiones no se solucionará si además de los diferentes ajustes y medidas que se puedan establecer para garantizar su sostenibilidad en el medio y largo plazo, no se consigue concienciar a la sociedad española de la necesidad ahorrar más a largo plazo durante la vida activa, bien de forma individual o participando en planes de pensiones.

Para ello, es necesario mejorar la educación de los ciudadanos relativa a la problemática de las pensiones y el envejecimiento, que junto a una mayor cultura financiera, permita lograr una mayor concienciación entre la población de la necesidad de financiar vidas más largas tras la jubilación, a partir de vidas laborales más reducidas. En este sentido, se podría actuar sobre dos vertientes introduciendo nociones y conceptos sobre planificación financiera individual, ahorro, financiación y consumo en los planes de educación básica de las escuelas y sensibilizando a los trabajadores mayores de 40 años respecto a las pensiones que les corresponderían en el futuro bajo las condiciones vigentes del sistema mediante informes periódicos cada vez que cambien dichas condiciones, para que cada trabajador pueda planificar su ahorro-previsión de cara a complementar su pensión de pública jubilación adecuadamente.

Hay muchas personas que opinan que no hay que tocar las pensiones públicas, ya que la demografía es incierta y que basta con que se cree empleo y se ajusten ligeramente al alza los impuestos para contrarrestar las tendencias demográficas si éstas llegan a materializarse como nos dicen los demógrafos. Algunas personas, además, opinan que, simplemente, las pensiones futuras no deben tocarse de ninguna manera, pase lo que pase con la demografía, las cotizaciones, o cualesquiera otras circunstancias futuras. Estas posturas no son razonables.

La mala noticia es que cuando el número de pensionistas sea el mismo que el de cotizantes (contando incluso con el pleno empleo), lo que podría suceder en 2050 a los ritmos previstos, los tipos de cotización sobre los salarios deberían ser del 50% o mayores, en vez del 28,3% actual, para mantener las pensiones en proporción con los salarios sin incurrir en déficits crecientes. Si no se tocasen las cotizaciones, se acumularía una deuda, sólo de pensiones, equivalente al PIB (el Fondo de Reserva habría desaparecido hacia 2030).

En esas condiciones, nadie quería comprar deuda española mucho antes de esa fecha y habría que recortar las pensiones públicas sin margen para haberlas complementado por otras vías. No nos parece que merezca la pena no hacer nada a la espera de si se cumple o no este escenario, es demasiado arriesgado para la cohesión y el dinamismo general de la sociedad.

Fernando Azpeitia y José A. Herce, consultor senior y socio, respectivamente, de Analistas Financieros Internacionales.