Es muy posible que, si nadie lo remedia, se rompa la relación privilegiada que hasta ahora han mantenido los sindicatos y el Gobierno, de modo especial con su presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Sin duda alguna, muchas cosas se le podrán reprochar al jefe del Ejecutivo, pero si algo ha sabido cuidar han sido sus vínculos con las fuerzas sindicales. Ese ha sido uno de los factores que han hecho factible la paz social en nuestro país pese a tener más de cuatro millones de parados.
Cuando, hace unas semanas, el Consejo de Ministros acordó poner en marcha el proceso para prolongar la edad de jubilación de los 65 años actuales a 67, sin negociación previa y sin tan siquiera haberlo consultado con las centrales sindicales, se estaba poniendo en grave riesgo esa paz social. Ante semejante andanada, como no podía ser de otra manera, los sindicatos no tardaron en reaccionar y anunciaron manifestaciones y actos de protesta, con la fecha de hoy como una de las fechas centrales de las movilizaciones.
Sin discutir la necesidad de modificar el sistema de pensiones públicas para la jubilación para hacerlo sostenible, todo indica que ni el momento ni la forma, y tampoco el fondo, son los más adecuados. El momento no parece el más idóneo porque esa pretendida reforma tendrá efecto dentro de unos 15 años y nada tiene que ver con las políticas anticrisis. Por tanto, su debate y posterior aprobación puede hacerse de forma reposada y cuando la tormenta económica que hoy nos azota haya amainado. La forma –es decir, lanzar la propuesta así, casi a la brava– choca con el talante de un presidente que ha hecho de la relación con los sindicatos uno de sus principales activos.
Y luego está el meollo de la cuestión: si es conveniente o no prolongar la vida laboral de la clase trabajadora. Es cierto que en los últimos tiempos han sido muchas las voces autorizadas que han manifestado la necesidad de una reforma del sistema público de pensiones de España para que sea viable. Según los expertos, nuestro modelo puede empezar a tener problemas de sostenibilidad a partir del 2020, porque será entonces cuando las personas de más de 50 años superarán en número a las comprendidos entre los 18 y los 49 años. No cabe duda de que en un sistema de reparto como el nuestro, donde los ocupados son los que sufragan la paga de los jubilados, el envejecimiento de la población incide de forma directa sobre la viabilidad del sistema. Ahora bien, sin obviar ese hecho, hay que tener muy presentes otros factores tan determinantes como la evolución del mercado de trabajo o la situación económica. De la misma forma, sería una temeridad no considerar estudios de epidemiología social que nos advierten sobre las diferencias en la esperanza de vida según la cualificación profesional. Así, por ejemplo, sabemos que un trabajador manual en paro tiene una esperanza de vida inferior en 10 años a un trabajador cualificado no manual.
El sentido común nos dice que, para ser legítimas, las reformas deben estar basadas en la justicia. Eso significa que hay que repartir las cargas de forma equitativa entre jóvenes y gente mayor. Hasta aquí no hay serias discrepancias. La cosa se complica cuando se constata que la muerte no es democrática: los ricos viven más tiempo que los pobres, lo que origina grandes desigualdades entre jubilados de una misma generación. Por tanto, habría que tener muy en cuenta que la esperanza de vida es más corta en la medida en que la renta es menor. Son los trabajadores con las vidas más cortas los que financian las pensiones de rentas mayores, es decir, de los que viven más años.
Con estos datos sobre la mesa, lo primero que habría que hacer es incrementar la edad media de jubilación (hoy situada a los 63,5 años en nuestro país) reduciendo las prejubilaciones, práctica habitual en muchas grandes empresas. También sería interesante ofrecer incentivos para aquellos que quieran permanecer en el mercado de trabajo. Es muy posible que trabajadores cualificados con cotizaciones elevadas quieran permanecer en activo más allá de los 65 años si se les ofrecen condiciones atractivas para ello. Por el contrario, es difícil creer que lo harán albañiles, fontaneros, personal de limpieza o transportistas. Otra posibilidad sería ofrecer la jubilación parcial: de este modo se posibilita una transición a la jubilación muy poco o nada traumática. Es evidente que hay alternativas a incrementar la edad de jubilación.
En este contexto, sería bueno que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, hiciera suyo el refrán que dice que rectificar es de sabios, aparcara los cambios e hiciera saber a sindicatos y patronal que en su momento serán convocados a consultas para acometer la necesaria reforma del sistema de pensiones públicas para mantener su viabilidad. Así, por un lado se mantendría la paz social y por otro se sentarían las bases para que en su día se pueda hacer un debate reposado y sereno, condiciones indispensables para que resulte fructífero.
Sin duda alguna, por la paz social vale la pena.
Bernardo Fernández, comisionado de la Alcaldía de Barcelona para la Tercera Edad.