Que Europa es el continente más envejecido es un hecho conocido, y también es conocido que lo seguirá siendo en los próximos 50 años, aunque el resto del mundo también envejece. Con ocasión de la celebración en octubre, el día 1, del Día Internacional de las Personas Mayores, pueden analizarse ciertas cuestiones que son de vital importancia no sólo para las personas jubiladas de hoy, sino también para las personas económicamente activas que son las próximas jubiladas. ¡Las próximas personas ancianas estamos ya aquí! El envejecimiento de las poblaciones es un fenómeno irreversible, por lo que tratar de ignorarlo o no prestarle la importancia que merece es otro atentado suicida más contra nuestras sociedades presentes y futuras.
En la Unión Europea, según los datos estadísticos últimamente aparecidos, la población ha envejecido de la siguiente manera. En 2007 las personas de menos de 15 años -las más jóvenes- alcanzan el 15,8% de la población de los 27 países. Es un dato que varía, pues los niveles bajan al 13,4% en Bulgaria y el 13,9% en Alemania, mientras alcanzan un 20,3% en Irlanda debido a sus más altas tasas de natalidad. En contraste con este descenso del grupo de menor edad se encuentra el alza de las proporciones de las personas de más de 64 años, que alcanzan el 16,9%, superando la media países como Italia y Alemania con el 20% de población anciana. En el conjunto de la Unión Europea la población anciana supera ya a la infantil en un punto, y la tendencia continúa.
Esta situación demográfica se convierte en un desafío mayor ante la crisis económica que atraviesan nuestras sociedades. ¿Quién sostiene a las personas pertenecientes a los grupos económicamente dependientes? Obviamente, la población considerada activa. En 2007 algo más de dos tercios de la población de la Unión Europea, el 67,2%, pertenece al grupo de personas que se considera por la ONU y otros organismos 'en edad de trabajar', que son las de 15 a 64 años. En sí mismo el dato es esperanzador. Existe un potencial. Un potencial porque no todas esas personas trabajan, ni todas las del grupo de edad por el número de trabajadores mayores expulsados del mercado de trabajo desde el último cuarto del siglo pasado de manera inexorable en un proceso que continúa, ni todas las mujeres del grupo de edad, ni todos los de los subgrupos más jóvenes. Pero, desde el punto de vista demográfico, las proyecciones hasta 2050 del grupo en edad de trabajar indican que también se irá reduciendo de forma gradual, descendiendo del 67,2% hasta alrededor del 57%. El grupo de trabajadores decreciente deberá sostener una creciente población anciana, que se estima en alrededor del 29% de la población total europea. Y dentro de ese grupo, la importancia de quienes hayan alcanzado 80 y más años será considerable en 2060, pues el grupo representará el 12% de toda la población europea.
Actualmente, la ancianidad representa la mayor partida en las prestaciones sociales. En el conjunto de la UE en 2005 alcanza algo más de las dos quintas partes del total de las mismas, el 41,4%, seguida de las prestaciones por enfermedad y cuidados de salud, el 28,6%. En relación al Producto Interior Bruto (PIB) el gasto en pensiones era del 12,2% de media. España alcanzaba el 9% del PIB, teniendo por debajo a los países integrados últimamente en la Unión además de Irlanda, que se encontraba en el último lugar. El gasto en cuidado para las personas mayores ascendía al 0,5% del PIB en la UE. Mientras España no alcanzaba esa proporción, junto con países como Francia y otros más todavía por debajo, Suecia llegaba al 2,5%, Alemania casi el 2% y algo más del 1% Gran Bretaña. Los contribuyentes principales a ese fondo en la Europa de los 27 eran los empleadores, con el 38,3% de la aportación total, las contribuciones gubernamentales generales con el 37,6%, las propias personas protegidas, con el 20,8% del total. El resto, hasta el 100%, son de otros tipos.
Es importante señalar que la mayor desigualdad social, reflejo de los fallos en la política social, se expresa en la extensión de la pobreza. Determinados hogares y grupos de personas por tipo de actividad, edad o género se encuentran en la UE en riesgo de pobreza. Medido en términos de la paridad en el poder de compra y siempre después de las transferencias sociales, lo que permite la comparación entre países pero dentro de las condiciones económicas y sociales de cada uno internamente, el riesgo de pobreza entre las personas de 65 y más años es, de media, de casi el 20%. Chipre, con algo más del 50%, encabeza el ranking, seguido de España, ligeramente por encima del 30%. En tercer lugar se sitúa Lituania.
Otros aspectos podrían contribuir a este retrato, como es el fiasco que está suponiendo en España la aplicación de la esperada y alabada Ley de la Autonomía Personal, pero sería para abundar en la cuestión económica que se muestra fundamental. El anuncio del incremento de los impuestos indirectos como el IVA es una medida sumamente negativa para las personas jubiladas españolas, e incluso podrá ser letal para las más pobres. Pero todavía más. En los sistemas económicos contemporáneos, si no existen unos determinados niveles de consumo, las empresas cierran y los trabajadores pasan a desempleados que reducen más su actividad económica como consumidores, y disminuye la riqueza y el bienestar material. Es lo que se ha producido en estos aproximadamente dos años últimos en los que España ha alcanzado los niveles más altos de desempleo de todos los países de la UE. Si no se cotiza por estar desempleado, la caja de la Seguridad Social corre peligro antes pronto que tarde. Si además personas que están en edad de trabajar pasan a jubiladas, la salida de fondos de la bolsa común se incrementa. No es catastrofista plantearse la hipótesis de la falta de fondos en un próximo futuro, de continuar estas tendencias.
Espero que exponer y analizar ese panorama no signifique ser antipatriota, sino más bien ser inteligentemente previsor para adelantarse a los posibles efectos negativos. Y por último, aunque no en último lugar, sin una economía próspera es iluso, irrealista o simplemente malintencionado hacer creer que se puede mantener el Estado del Bienestar. Sólo pueden mantenerse las políticas sociales (educación, salud, asistencia social) cuando la economía funciona adecuadamente. Sólo se puede mantener la seguridad en las pensiones cuando existe el nivel de empleo que sostiene el sistema. De ahí la urgencia de promover las políticas que permitan a las empresas mantener el empleo, y a los ciudadanos incrementar algo el consumo. Pero al mismo tiempo, y diría que en primer lugar, urge también que disminuya el gasto corriente del Estado contando que las comunidades autónomas también son Estado. Todo lo demás parece ser contraproducente. No parece haber otra forma de actuar en política si se quiere mantener un Estado del Bienestar a nivel europeo y al nivel de las expectativas de los españoles. Y sobre todo, que al final de la vida, después de haberlo dado todo, que las personas no se vean abocadas a la pobreza y la desesperación.
María Teresa Bazo, catedrática de Sociología, UPV-EHU.