Las personas desaparecidas en México aún no tienen justicia

Las personas desaparecidas son una herida en el corazón de los mexicanos (Eduardo Verdugo)
Las personas desaparecidas son una herida en el corazón de los mexicanos (Eduardo Verdugo)

El primer decreto que firmó el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), tres días después de haber tomado el cargo, fue para crear una comisión especial que investigara la desaparición de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa, Guerrero, en 2014. Una de sus promesas de campaña fue ayudar a esclarecer este evento, una herida abierta para los mexicanos.

Ese 4 de diciembre de 2018 estuvo acompañado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, quien presentó el plan de búsqueda de personas desaparecidas y anunció que se darían 20 millones de dólares para enfrentar el problema. Dijo que en el país hay 40 000 desaparecidos, 1 100 fosas clandestinas y al menos 27 000 cuerpos sin identificar.

Muchas cosas han pasado desde ese día, en el cual Epifanio Álvarez —padre de Jorge Álvarez Nava, uno de los 43 normalistas desaparecidos— les dijo a ambos al terminar su conferencia: “La confianza se gana con resultados”. Y no todas esas cosas son buenas.

A Encinas se le vio exhumando fosas en busca de restos humanos. Fue retratado vestido como perito forense, con tapabocas y removiendo tierra con una pala en busca de fragmentos de huesos humanos calcinados, como uno más de los cientos de mexicanos que se han organizado por todo el país para buscar en entierros clandestinos a sus parientes desaparecidos.

Al funcionario se le ha escuchado decir en foros, en México y el extranjero, que existe una crisis humanitaria y que este gobierno acabará con la simulación de su búsqueda. En esos mismos foros se encuentra siempre a mujeres con carteles que muestran las fotografías de sus hijos e hijas desaparecidos, a quienes no han dejado de buscar un solo día.

Además, se nombró a Karla Quintana al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con el apoyo de la mayoría de los colectivos y organizaciones de derechos humanos.

Después vimos cosas inéditas: la apertura de un cuartel militar para que los padres de los 43 normalistas desaparecidos entraran a buscarlos ahí, la conversión de uno de los centros icónicos de la desaparición forzada en un memorial y la invitación a una sobreviviente a que hablara en una conferencia del presidente López Obrador.

Pero a las promesas gubernamentales comenzaron a salirles grietas.

El 14 de mayo, cinco meses después del anuncio inicial del presidente, Encinas presentó el primer registro de fosas clandestinas del país: 222 con 337 cuerpos. Sin embargo, ese mismo día se encontraron inconsistencias en los registros de al menos tres estados.

No fue el único tropiezo: aunque AMLO señaló como prioridad el Caso Ayotzinapa, durante casi siete meses no se nombró al fiscal especial prometido. Finalmente, se nombró a alguien de confianza para las familias de los desaparecidos y tiene a su cargo un equipo de 50 personas.

El Plan Nacional de Búsqueda que se anunció en febrero aún no ha sido publicado. Lo mismo pasa con el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas. No hay plazos, indicadores ni formas de evaluación: el gobierno federal incumple sus propias leyes. De hecho, en los primeros 100 días de existencia de la Comisión Nacional de Búsqueda, desaparecieron 481 personas.

El presidente también anunció fondos ilimitados para paliar esta crisis humanitaria, pero el presupuesto destinado no está acorde al tamaño de la catástrofe: mientras al fomento al beisbol se han asignado 17.5 millones de dólares, y 50 millones más para comprar dos estadios, a la búsqueda de personas desaparecidas se le destinaron 20 millones.

Mientras en Colombia se aprobó que la Unidad de Búsqueda cuente con 522 personas (para buscar a 80 000 personas), en México la CNB sólo tiene 43, de las cuales 13 son empleados administrativos y un número similar coordina la búsqueda de las 40 000 personas desaparecidas en todo el país. Un solo funcionario se encarga de buscar a los desaparecidos de la Guerra Sucia, que son más de 500.

En los estados las señales son dispares. En ocho de ellos todavía no se crean las comisiones de búsqueda estatales y sólo 20 de las 32 entidades federativas le han dedicado tiempo y personal a la tarea de llenar la base de datos de personas desaparecidas y de cadáveres sin identificar.

Las familias con parientes desaparecidos le han expresado a AMLO su desesperación en los eventos a los que asiste. Cuando la CNB cumplió 100 días y el presidente mencionaba los logros de su gobierno, le contestaron gritando: “¡Encuentren a nuestros hijos!”.

Ese mismo grito se escuchó el pasado 8 de agosto en el estado de Veracruz. Un grupo de madres conocido como Colectivo Solecito, que durante tres años ha buscado a sus familiares en la fosa clandestina más grande del país, decidió dejar de excavar. Tras encontrar 22 000 restos óseos y casi 300 cuerpos, ya no había nada más que buscar ahí. Pero su trabajo sólo se trasladó a otras fosas: pronto continuaron su búsqueda con picos y palas en otros sitios. Porque la gente sigue desapareciendo en México impunemente.

Marcela Turati es periodista independiente, cocoordinadora del sitio A dónde van los desaparecidos y cofundadora de Quinto Elemento Lab.

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