El 'caso Faisán' es uno de los mayores escándalos de la democracia. Se trata del supuesto chivatazo que en 2006 se deslizó desde medios policiales y gubernamentales a etarras encargados de la extorsión, es decir, de lo que los mafiosos de ETA llaman el «cobro del impuesto revolucionario». Prueba de que estamos ante un escándalo mayúsculo es que las informaciones prolijas y detalladas publicadas no han sido ni refutadas ni desmentidas.
Estamos ante un hecho objetivo de extremada gravedad. La alerta a unos terroristas de una actuación inminente de la Justicia para detenerles sólo puede tener como objeto ayudar a una banda criminal a que la actuación de la ley no tenga la eficacia necesaria. Los motivos de esta reprobable colaboración con delincuentes pueden ser varios, pero todo lo hecho y dicho desde que este asunto salió a la luz pública desvela quién puede estar detrás.
El principal argumento utilizado por el Gobierno y por los socialistas, en general, ante la oposición rigurosa del Partido Popular con esta cuestión es que nuestro partido utiliza la política antiterrorista para desgastar al Ejecutivo. Además de ser radicalmente falso, porque lo que estamos cuestionando no es una actuación contra ETA sino una operación a favor de la banda y sus integrantes, deja claro que su único interés es desviar la atención del fondo del asunto. Si en Moncloa y en Ferraz no tuviesen nada que ver con el caso Faisán se dedicarían a rebatir con datos lo publicado o denunciado, y, sin embargo, están en otra cosa.
Pero los hechos son aun más reveladores. Empezaron haciendo reconocimientos oficiales a los supuestos ejecutores del chivatazo, pasaron por la actuación de una Fiscalía que ha solicitado el sobreseimiento del escándalo, y termina, de momento, con la negativa a dar las explicaciones pertinentes en el Congreso de los Diputados.
Distinguir a funcionarios que pueden haber tenido algo que ver con el aviso a unos terroristas apunta a agradecimiento a quienes han cumplido algunas órdenes determinadas. Situar una Fiscalía dirigida por un fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, en una posición de evitar el avance de un proceso judicial sobre el chivatazo, así como no querer comparecer en las Cortes para dar explicaciones políticas, demuestra que en algunos ministerios tienen interés en ocultar hechos y responsabilidades.
Los silencios, las distracciones y las trabas en las investigaciones sobre el chivatazo están desplumando a un Faisán al que cada vez se le ve más claramente qué tiene debajo del plumaje, y están dejando un rastro que lleva directamente a importantes responsables políticos.
Es imprescindible que la investigación y el análisis de algunos medios de comunicación, como el diario EL MUNDO, y la oposición del Partido Popular liderada con acierto por Soraya Sáenz de Santamaría continúen hasta el final y alcance hasta las últimas consecuencias. Y es fundamental porque, si no se asumen responsabilidades, la democracia quedará gravemente dañada.
Si esto sale gratis, si se puede dar un chivatazo a una banda terrorista sin que pase nada, si alguien puede traspasar o pervertir el Estado de Derecho en función del momento, el interés político o la coyuntura, esto podrá volver a ocurrir, y no obligatoriamente en relación a ETA. Podría repetirse con mafiosos, cárteles de la droga o cualquier otro tipo de delincuentes, con lo que esto conlleva y afecta a toda la ciudadanía.
Los atajos, los asuntos turbios relacionados con la Justicia o la Policía generan un descrédito del sistema democrático que luego alimentan el fanatismo de los que dicen que asesinan para liberar un pueblo, y que desacreditan los argumentos necesarios para deslegitimar al terrorismo. Igual que los GAL hicieron un daño terrible al imprescindible trabajo educativo y de concienciación por la libertad, por el prestigio de las instituciones, por la convicción de que el Estado hace cumplir la ley, ahora no puede quedar sin aclararse y sin que se depuren las responsabilidades de algo tan grave, máxime cuando tanto se necesita en el País Vasco para que cada vez haya menos jóvenes que vean con buenos ojos ese mundo.
Los que estamos en política en esta parte de España sabemos que para derrotar a ETA es necesario legitimar la democracia y, si los malos ven que el Estado de Derecho actúa en función de capricho, creerán que su paranoica batalla está bien dada, y entenderán que se puede someter a la Nación española dependiendo del interés de un presidente o un ministro de Interior.
Cuando escribo este artículo o cuando me he manifestado de manera muy crítica con el caso Faisán ya sé que el Partido Socialista ha cambiado de política antiterrorista. Es cierto que ahora están en otra cosa, ahí están las declaraciones públicas de Zapatero, de De La Vega o de Rubalcaba apostando por la derrota de ETA y por la pérdida de esperanzas de los terroristas, y sobre todo ahí esta el Gobierno del País Vasco, en el que los socialistas han situado a la Ertzaintza contra los etarras, además de trabajar en ámbitos tan esenciales como la educación o los medios públicos.
El problema es en que no están por la labor de deshacer algunas de las cosas que hicieron en la anterior negociación, y nosotros se las recordamos, no para meter el dedo en el ojo, no para buscar una dura polémica con un asunto importante pero pasado; sino para reparar lo que se pueda una democracia que debe estar sana para acabar definitivamente con ETA, y para poder garantizar libertades.
Mi sensación es que los dirigentes socialistas no están por la labor de tocar nada de lo que hicieron hace poco tiempo por temor a recordar sus errores, pero deben darse cuenta que lo importante no es eso, lo fundamental es aprender del pasado para que nadie ni nunca vuelva a meter la pata con una banda de asesinos que subsiste por la dificultad para aprender de los gobernantes.
El Estado de Derecho, y especialmente en el País Vasco, necesita que se lleven a los concejales y alcaldes de ANV que nos trajeron y que aún padecemos, y que el caso Faisán se aclare y se asuma.
Antonio Basagoiti, presidente del PP vasco.