Las instituciones financieras de la Unión Europea concentran cada vez más su atención en Palestina con el propósito de ayudar a estimular el desarrollo sostenible, crear empleos, promover el crecimiento y apoyar la recuperación posterior a la pandemia. Pero, a pesar de los enormes flujos de inversiones, principalmente en forma de préstamos al sector privado palestino, la UE continúa ignorando los obstáculos estructurales al desarrollo que están presentes en Palestina. En lugar de ocuparse de dichos obstáculos, la asistencia de la UE apuntala al sistema bancario palestino y sostiene una economía destrozada bajo el régimen de la ocupación.
Según un reciente análisis realizado por la UE de las inversiones en Palestina desde el año 2014, los aportes económicos en curso brindados por el “Equipo Europa” (la UE, sus Estados miembros, y los bancos públicos de desarrollo, en particular el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo) ascienden a 1,4 mil millones de euros (1,5 mil millones de euros). En los dos últimos años se comprometieron tres quintas partes de dicha cifra, y los préstamos representan el 71% del total general, es decir, un mil millones de euros.
El BEI, institución que recientemente abrió una oficina en Jerusalén para Cisjordania y Gaza, es el mayor inversor, ya que ha invertido 372,3 millones de euros, cifra que representa más de una cuarta parte de toda la financiación europea destinada a Palestina. La UE ha proporcionado 77,1 millones de euros a través de instrumentos, como por ejemplo la asistencia técnica, las garantías, y las subvenciones a la inversión, que son canalizados por el Fondo Europeo para el Desarrollo Sostenible. Otros grandes contribuyentes incluyen a Suecia (279,5 millones de euros), Francia (253,2 millones de euros) y Alemania (166 millones de euros). Teniendo en cuenta que la ayuda básica al desarrollo de la UE para Palestina en el año 2020 fue de alrededor de 241 millones de euros, estas cantidades son significativas.
Sin embargo, la proporción de préstamos morosos entre las pequeñas y medianas empresas (PYME) palestinas está en aumento, y el endeudamiento de los hogares también se está elevando, lo que pone en duda el enfoque que asevera que más préstamos pueden ser el respaldo de un crecimiento económico sostenible. Por el contrario, dicho enfoque corre el riesgo de desviar la ayuda europea de donde más se la necesita, como por ejemplo, de los fondos de la sociedad civil, las transferencias de efectivo a las familias en situación de extrema pobreza, o el apoyo a los servicios del sector público, como es el caso de los servicios educativos y de atención médica.
Estos sectores han sufrido gravemente desde que el comisario húngaro de la UE, Olivér Várhelyi, propuso congelar una gran parte del presupuesto de ayuda de la UE debido a afirmaciones sobre que ciertos libros escolares palestinos incitan a la violencia y el odio, a pesar de que un estudio financiado por la UE atenúa tales acusaciones. Después de casi un año de discusiones de ida y vuelta sobre el condicionamiento del paquete de ayuda a las reformas educativas, Bruselas ha decidido liberar los fondos. Independientemente de dicha liberación, las consecuencias del congelamiento son graves y de gran alcance: la finalización antes de tiempo de tratamientos que salvan vidas destinados a por lo menos 500 pacientes con cáncer, la suspensión de las transferencias de efectivo a aproximadamente 120.000 palestinos vulnerables, y recortes salariales en el sector público.
El aumento de la financiación del sector público ha sido fundamental para la recuperación económica de Europa después de la pandemia y debería desempeñar un papel similar en Palestina. En los hechos, la anexión de facto del territorio perteneciente a Cisjordania por parte de Israel significa que es indispensable contar con apoyo del sector público a las pequeñas empresas palestinas. Palestina carece de soberanía y control sobre sus fronteras y sus recursos naturales, además, los obstáculos estructurales, que van desde las restricciones a la libre circulación hasta el control que ejerce Israel sobre el comercio exterior palestino, limitan el ámbito en el que se desenvuelven las actividades del sector privado. En virtud de los Acuerdos de Oslo, en los hechos, los palestinos son económicamente dependientes de Israel y de la ayuda internacional, al no contar con el espacio fiscal que les permita atender sus necesidades nacionales de desarrollo.
No es de extrañar que los efectos de la prolongada ocupación y de las miopes políticas neoliberales de ayuda (algunos de dichos efectos son: altos niveles de desempleo, desigualdad, endeudamiento y profundización de la pobreza) hayan aumentado la dependencia de la Autoridad Palestina (AP) de los préstamos bancarios para cubrir sus déficits fiscales. La AP y los empleados públicos en la actualidad dan cuenta del 40% de los créditos bancarios.
Esto pone de manifiesto otras preocupaciones acerca de los un mil millones de euros en préstamos europeos, mismos que, en su inmensa mayoría, están dirigidos, a los bancos e instituciones de microfinanciación palestinos. Estas preocupaciones son: la falta de transparencia respecto a quiénes son los beneficiarios de dichos préstamos y la insuficiente claridad sobre los beneficios que brindan al desarrollo. La gran mayoría de las inversiones europeas están destinadas a apoyar a las PYMES palestinas, pero también hay financiación para el sector energético y financiación empresarial, incluyéndose financiación para las empresas de mediana capitalización y para los promotores de proyectos. Si se tiene en cuenta el capitalismo clientelista y la corrupción de la AP, no se puede ignorar el peligro de que las PYME queden al margen de dicha financiación.
Sin embargo, no está claro si las instituciones financieras de la UE exigen que los intermediarios les proporcionen datos relativos a los préstamos que estén lo suficientemente desagregados. En el año 2019, la Comisión Europea llegó a la conclusión de que los resultados de las intervenciones del BEI fuera de Europa siguen siendo en su mayoría desconocidos, y otros financiadores se enfrentan a críticas similares relacionadas con la transparencia.
Es cierto que las inversiones europeas en Palestina incluyen algunos elementos positivos. Por ejemplo, el Mecanismo de Garantía Sueco ofrece para Gaza y la zona “C” una cobertura opcional de riesgo político que garantiza el 90% del capital de préstamos. La zona “C” constituye alrededor del 61% de Cisjordania y contiene la mayor parte de los recursos naturales y las tierras fértiles de Palestina, que son vitales para el desarrollo socioeconómico.
Pero el control de la zona por parte de las autoridades israelíes impide en la práctica que se lleven a cabo actividades empresariales, y es poco probable que los bancos y las instituciones financieras, que son instituciones reticentes al riesgo, favorezcan proyectos en esta zona si no cuentan con incentivos gubernamentales. Por consiguiente, las empresas podrían beneficiarse más de otras formas de apoyo público, como lo son las subvenciones y los planes de alivio de la deuda. Sin embargo, a partir de los datos publicados, no se puede determinar con claridad el número de empresas en la zona “C” y Gaza que se benefician del programa sueco.
Si Europa quiere promover el desarrollo sostenible de Palestina, el fin de la ocupación debe ser una prioridad diplomática de primer orden. Pero ya que una paz negociada entre israelíes y palestinos es una posibilidad aparentemente remota, la UE debería desarrollar urgentemente un nuevo modelo de ayuda que se ajuste mejor a las realidades en el terreno.
Una financiación concesional transparente y mejor diseñada, junto con subvenciones directas y planes de alivio de la deuda para el sector productivo y las pequeñas empresas, especialmente aquellas con un perfil de riesgo más elevado y las que brindan mayores beneficios sociales, podría respaldar una economía basada en los derechos y proteger la presencia de los palestinos en su tierra.
La UE también puede dirigir la asistencia a los organismos públicos palestinos que estén en bien posicionados para supervisar dichas inversiones. Y durante el proceso de planificación, en lugar de confiar en una Autoridad Palestina que no ha celebrado elecciones desde el año 2006, se deberían llevar a cabo procesos de consulta con la sociedad civil, los sindicatos y las asociaciones de Palestina a fin de garantizar la satisfacción de las necesidades locales.
“Si no está averiado, no lo arregles”, reza un viejo adagio. Pero, ya que la economía palestina está en una situación desesperada, el modelo de ayuda de Europa necesita desesperadamente una renovación total.
Alexandra Gerasimčiková is Middle East Adviser at the Brussels-based advocacy nonprofit ACT Alliance EU. Traducción del inglés: Rocío L. Barrientos