Las políticas de Estado en un sistema casi insostenible

El principal problema de España no es quién gobierna, ni siquiera cómo lo hace. Para eso están las elecciones. Tampoco lo son nuestras relaciones exteriores, la crisis económica o la ausencia de valores. El mayor problema de esta nuestra España, que a su vez recoge todos los anteriores, es el casi insostenible sistema político y territorial en el que nos hemos metido poco a poco, y del que parece imposible salir a flote. Pero se tiene y se debe reconducir.

Lo primero que a uno le sorprende cuando trata los asuntos que repercuten a las políticas de Estado con presidentes autonómicos, alcaldes o dirigentes territoriales de todos y cada uno de los partidos políticos que inundan nuestras páginas, insisto, de todos, es que la inmensa mayoría de ellos tienen un verdadero concepto del Estado. O al menos así lo expresan «off the record». ¿Qué ocurre entonces para que, sencillamente, mientan o, por decirlo suavemente, no digan toda la verdad sobre su pensamiento cuando hablan en público? La respuesta es muy sencilla: Hay elecciones en su territorio.

Algo falla y ese fallo es de enorme gravedad, si con demasiada frecuencia un político dice una cosa y la contraria, en función de si lo expresa en público o en privado. El fenómeno no es nuevo y resulta consustancial con la democracia y el sistema de partidos, pero el abuso de dicho ejercicio y más aún si de lo que se habla es de cuestiones de Estado, entonces, hace que el problema sea de fondo. Y es que no se quiere decir la verdad porque se cree que los votantes del terruño, pueblo, provincia, cabildo, diputación o comunidad autónoma no la compartirían.

Las finanzas públicas de nuestro descentralizadísimo mapa de competencias resultan imposibles porque hacen aguas por todas partes y, lo que es peor, por todos los libros de cuentas y balanzas de la Administración. Pero una vez más, aunque se reconoce en privado, se niega abiertamente en público y hasta con ostentación. En este sentido, la pregunta debería ser nítida y sencilla: ¿Quién va a pagar la fiesta cuando se demuestre que es imposible seguir costeando el guateque? Seamos sinceros: Nadie podrá abonar la factura.

Ahora bien, ¿quién da marcha atrás a este proceso sin fin? ¿Alguien se atreverá a poner el cascabel al gato del despilfarro administrativo? ¿Quién tendrá el valor político suficiente para plantear siquiera un recorte no ya competencial -¡Dios mío, me van a mandar al mismísimo infierno!- sino tan siquiera un control férreo del gasto? Casi todos a los que no puedo citar con nombre y apellidos reconocen que esto, el sistema autonómico, se ha ido de las manos. Y tienen razón.

Pero a continuación asistimos a otro curioso fenómeno y es que, tras el cinismo de la clase política territorial, nos enfrentamos a la identificación absurda y hasta imposible de los términos ultraderecha y antiautonomista, o lo que es lo mismo, si cuestionas cualquier punto de la España autonómica, entonces eres, sencillamente, «un facha», por usar la terminología del señor Carod-Rovira.

No creo que compense dedicar un renglón más a tamaña estupidez porque resulta evidente que si alguna tendencia debiera defender la unidad del Estado habría de ser la izquierda, frente a altas burguesías autonómicas que suelen ser nacionalistas. Dicho de otro modo, la aparentemente inexorable unión entre partidos nacionalistas y formaciones de izquierda es antinatura, a no ser que se entienda en términos de mera aritmética electoral. Entonces sí, porque todo vale.

La sucesión de dimes y diretes que hemos vivido en las últimas fechas en torno al Almacén Temporal Centralizado de residuos nucleares, aparte de suponer un espectáculo inenarrable, ha mostrado todas las vergüenzas del sistema. Más allá del debate energético en sí -eso es para otra tanda de Terceras- lo que ha quedado patente es que aquí casi nadie piensa públicamente en el Estado, en España, y la sociedad tan solo recibe mensajes nacidos tras pensar en las elecciones territoriales de unos meses después.

Y al manido almacén nuclear habría que añadir tantos capítulos como subsecciones tiene un periódico. O si no, planteemos un ejercicio mental que a buen seguro hemos llevado a cabo en la práctica en numerosas ocasiones.
Porque seguro, segurísimo, que hemos hablado con infinidad de profesores y catedráticos sobre el mapa educativo en España y el disparate, y a la vez el dispendio, que suponen las decenas de campus universitarios por todo el territorio nacional. O tienes una Universidad o no existes. Como se podría decir de los aeropuertos. O construyes y gestionas un aeropuerto o tampoco eres nadie en el mapa de las infraestructuras. Otra cosa es quién lo pague, quién asuma el desastre presupuestario de su construcción, de la puesta en funcionamiento, de los agujeros correspondientes o quién deba el dinero a la caja de ahorros regional. ¡Ay! las cajas de ahorro…

Y tras el ATC, la universidad, el aeropuerto o las cajas, nos asomamos al insondable mundo de la sanidad. Resulta chocante, cuando no un insulto, acudir a un centro de salud en determinada comunidad autónoma, proviniendo de otra, y entrar por la ventanilla de «desplazados». Como es desolador la gestión para un traslado en ambulancia o gestionar una diálisis para las vacaciones. Incomprensible.

Preguntemos, si no, a los embajadores españoles desperdigados por el mundo, cuando tienen que explicar nuestro sistema político, su desarrollo y el reparto competencial. Menudo papelón el de nuestros diplomáticos y empresarios cuando en sus respectivos «road-shows» han de vender la marca España y se convierten en explicadores de un mapa casi incomprensible.

O el agua. ¿De quién es el agua? ¿Quién es el dueño del Ebro? -le oí preguntarse a sí mismo a un político esta semana-. Por no plantearnos el bochornoso espectáculo, inconcebible, de las lenguas co-oficiales y el maltrato abiertamente anticonstitucional al idioma español mediante multas, leyes y demás tonterías.

Seamos francos, aunque escueza un poco, y aunque sea por una vez. La única salida a este galimatías autonómico la tienen los dos grandes partidos estatales. El Partido Popular desde una visión de toda España y el Partido Socialista Obrero Español también desde una perspectiva estatal del asunto. Hasta que unos y otros no se sienten de verdad, frente a frente, y se digan a la cara lo que se ha hecho mal desde aquel pacto constitucional hasta hoy, no se podrá avanzar en serio. Incluyendo en el debate, por supuesto, la ley electoral.

Y tras repasar lo sucedido, habrá que gobernar y tomar decisiones. Desde el agua a la dudosa implantación de campus universitarios, pasando por los almacenes nucleares, los hospitales, las cajas de ahorro, el bochornoso espectáculo de las multas por rotular en castellano y la desaparecida unidad de mercado.

Los anteriores son ejemplos concretos de una realidad generalizada, por lo que habrá que decidir cómo se paga la fiesta y detener la sangría de incongruencias territoriales que cada día surgen en cualquier rincón de España. Se debe hacer. Lo que está viviendo el País Vasco demuestra que si se quiere… se puede. Antes de que sea demasiado tarde.

Ángel Expósito, director de ABC.