Para la mayoría de los países, transitar la prolongada crisis económica que trajo la COVID-19 comienza a parecerse más a una maratón que a una carrera corta. Según las estimaciones de la Corporación Financiera Internacional (IFC), la inversión privada interna y la inversión directa extranjera en las economías emergentes caerán este año casi 700 000 millones y 250 000 millones de dólares, respectivamente, y tal vez no vuelvan a sus niveles previos a la crisis hasta 2023.
Peor aún es que la crisis está haciendo pagar un costo gigantesco a los pobres y los grupos más vulnerables del mundo, poniendo en peligro décadas de avances ganados con duros esfuerzos. El Banco Mundial advierte que estamos por presenciar el primer aumento mundial de la pobreza desde 1998, que podría empujar hasta a 100 millones de personas a la extrema pobreza.
La forma en la que los países y las empresas se abran camino en este período incierto entre el impacto y la recuperación determinará si tendremos una base económica sólida sobre la cual reactivar el empleo, el crecimiento a largo plazo y el desarrollo mundial. La situación exige que reorganicemos y corrijamos los mercados. Muchas empresas no tuvieron otra opción que reformular sus modelos de negocios, ahora que la pandemia acelera los cambios en la forma en la que trabajamos, consumimos y nos comunicamos. Estas tendencias podrían reformar industrias enteras, generando oportunidades para quienes cuenten con capacidad innovadora.
Pero también los gobiernos deben buscar formas creativas para adaptar sus economías y proteger a las empresas viables, desmantelando rápidamente aquellas que deban desaparecer por insolventes u obsoletas. Esta será una época de prueba y error que requerirá visión estratégica y pragmatismo por parte de los líderes empresariales y políticos.
Hay tres cosas que pueden hacer los países para acelerar la recuperación. La primera es adaptar las reglas del juego a nuevas realidades. Una crisis prolongada implica que las economías emergentes tendrán cada vez más problemas para ayudar a miles de empresas a renegociar sus deudas. En muchos países con bajos ingresos los procedimientos concursales demoran en promedio más de tres años, medio año por encima de lo habitual en el mundo; pero con mecanismos informales extrajudiciales y procedimientos judiciales simplificados, los gobiernos pueden ofrecer una oportunidad a las empresas viables para capear la tormenta y evitar largos procesos legales y negociaciones costosas y engorrosas. Los países en vías de desarrollo también pueden elevar el umbral para determinar la insolvencia y adaptar las normas de reestructuración de deudas para evitar liquidaciones innecesarias de empresas cuyas dificultades solo se deben a los confinamientos.
En segundo lugar, los gobiernos deben adoptar el principio de «no hacer daño» cuando organicen sus respuestas. Siempre que sea posible, el sector público debe limitar o simplemente suspender sus atrasos con los contratistas privados, especialmente en los sectores que producen muchos empleos y las cadenas críticas de aprovisionamiento. Eso mitigará el impacto sobre los balances, evitará que empresas viables quiebren y limitará el efecto dominó que podría demorar la recuperación.
En el África subsahariana, los atrasos del sector público representan el 3,3 % del PBI; eliminarlos podría equivaler a un gran paquete de estímulo. Al mismo tiempo, los responsables de las decisiones deben resistir la tentación de usar el tan necesario dinero público para sostener empresas «zombis» con modelos de negocios inviables. Para lograr una sólida recuperación será necesaria la igualdad de condiciones para las empresas privadas.
Finalmente, todos los países deben considerar estratégicamente sus gastos. Habrá que adaptar algunos sectores e industrias y desactivar paulatinamente otros. Por ejemplo, a medida que los países y mercados se orienten hacia energías y formas de producción con menores emisiones de dióxido de carbono, sería contraproducente continuar subsidiando las industrias energéticamente ineficientes.
Este es el momento para comenzar a crear y cuidar las empresas del mañana. Hay muchas áreas clave entre las cuales elegir, incluidas las cadenas de valor ecológicas, el equipamiento de protección personal reciclable, el turismo resiliente y los entornos de trabajo equilibrados en términos de género. En países con grandes brechas en el acceso a los servicios financieros digitales, abrazar tecnologías como el dinero móvil y la inteligencia artificial podría acelerar el proceso de digitalización, preparando el escenario para un crecimiento robusto.
De todas formas, si estos países quieren atraer inversores, tendrán que crear oportunidades ya mismo. Por eso la IFC considera que sentar las bases para impulsar la inversión privada y el crecimiento del sector privado en el mundo en vías de desarrollo es una tarea de alta prioridad. Para acelerar la inversión privada serán necesarias reformas regulatorias y de políticas para crear las condiciones adecuadas para las empresas, y para generar proyectos viables. Esto ya era así antes de la pandemia y la urgencia de la reforma es aún mayor ahora.
Los profesionales del desarrollo, por su parte, deben aumentar sus esfuerzos para promover oportunidades en las que valga la pena invertir. Eso implica reestructurar y recapitalizar empresas, invertir capital accionario para apoyar empresas en crecimiento y emergentes, y promover las asociaciones público-privadas para atraer nuevamente a los inversores hacia los países emergentes y en vías de desarrollo. A tal fin, en vez de esperar pasivamente a los inversores, las instituciones de financiamiento para el desarrollo deben contactarlos directamente con propuestas de inversión que generarían estudios de factibilidad y pondrían en marcha diversas oportunidades.
El empeoramiento económico por la COVID-19 afectará inevitablemente a muchos sectores y empleos, pero aún existe la esperanza de una sólida recuperación, siempre que aprovechemos las lecciones de las crisis anteriores. Los responsables de las políticas deben emplear toda su creatividad para mantener a flote al sector privado y preparar a las empresas para el regreso al crecimiento.
Philippe Le Houérou is CEO of the International Finance Corporation, a member of the World Bank Group and the largest global development institution focused on the private sector in developing countries.