Con la llamada "huelga de transportistas" comienzan las movilizaciones de los afectados por la crisis económica. Es un comienzo espectacular, con repercusiones en el tráfico por carretera, en las entradas de las grandes ciudades, en la producción industrial y en el desabastecimiento de comercios y gasolineras. Consecuencias todas ellas que afectan directamente a los ciudadanos. Por primera vez en más de cuatro años, el presidente Zapatero se enfrenta a una crisis de verdad.
No obstante, es más que dudoso que estemos ante una huelga en el sentido jurídico del término y ello no deja de tener consecuencias prácticas. Se entiendo por huelga, por lo menos hasta ahora, la suspensión colectiva de la prestación de trabajo como medio de presión en el marco de un conflicto laboral. El titular de este derecho fundamental es el trabajador, aquel que presta sus servicios en régimen de contrato de trabajo. Quedan excluidos, por tanto, lo trabajadores autónomos, los que trabajan por cuenta propia sin relación laboral. Por tanto, los camioneros autónomos no ejercen propiamente este derecho, sino que sus demandas van dirigidas a las autoridades para que les aseguren tarifas mínimas y les subvencionen el precio del carburante. No estamos, pues, ante una huelga sino ante una protesta de los transportistas para que el Gobierno les solucione su situación. No se trata de un conflicto laboral, sino de un conflicto de raíz económica que ofrece problemas de orden público.
¿Tienen razones los camioneros en sus protestas? Sin duda. El aumento del precio de los carburantes es un hecho cierto que repercute negativamente en su actividad productiva. Ahora bien, no son los únicos: probablemente en la misma medida también están afectados los taxistas y también, en definitiva, los ciudadanos en general, ya que este aumento de los productos petrolíferos incide en la inflación y, por tanto, también en los precios, restándoles capacidad adquisitiva. La causa del conflicto tiene, por tanto, repercusiones para todos. Sin embargo, el Gobierno, está negociando una salida sólo con los transportistas. ¿Está el Gobierno cumpliendo con el deber de servir a los intereses generales cuando sólo negocia con una parte? La pregunta no puede tener una respuesta fundamentada sin saber todavía el acuerdo final. Ahora bien, el conflicto pone de manifiesto que el Gobierno, por el momento, no está haciendo bien las cosas y que, para que no comiencen a desatarse por doquier conflictos parciales como este, debe hacer un replanteamiento general de toda la situación en el que puedan encontrar repuestas razonadas las diversas peticiones sectoriales.
De entrada, el Gobierno debe reconocer de una vez que estamos en una crisis económica importante, probablemente larga, con peculiaridades españolas que van más allá de los problemas generales europeos o mundiales. Hablemos, pues, de crisis y dejémonos de eufemismos para enmascararla. Una vez admitida la realidad, sin ocultar ninguno de sus datos, el Gobierno debe trazar un plan general para superar la crisis basado en el trato equitativo a los ciudadanos. No basta con anunciar paquetes de medidas parciales, sino que antes debe trazarse un cuadro general de la situación y presentar unas directrices básicas - pocas, claras y argumentadas- que después puedan detallarse en múltiples medidas concretas. En otro caso, el Gobierno será un simple pelele a merced de quien más presione: bien las grandes empresas eléctricas - por ser quienes son, lo han hecho ya con discreción en despachos ministeriales de mullidas alfombras o en llamadas a La Moncloa-, bien los transportistas por carretera - con métodos más rudos e impopulares, al fin y al cabo la única arma que tienen para ser tan efectivos como las eléctricas-. Pero el Gobierno es el gobierno de los ciudadanos, de la mayoría, de quien no tiene la influencia ni la fuerza de los anteriores, de quienes, con este sistema de negociaciones puntuales, a la postre serán los auténticos damnificados.
Este es uno de los graves defectos de los actuales estados. Hace unos años se publicó el muy interesante libro de Thomas Darnstädt La trampa del consenso (Trotta, Madrid, 2005), con un largo y sustancioso prólogo del profesor Sosa Wagner. En este prólogo, Sosa, hablando en general, hace apreciaciones muy apropiadas al presente: "El Gobierno no puede quedar reducido al papel de intermediario entre los intereses y las apetencias particulares, pues, si así fuera, el Estado mismo perdería buena parte de su sentido (...) La sociedad es una sociedad de ciudadanos a los que debe ofrecerse una política coherente, entendida en su totalidad, y no como la suma de las apetencias o los caprichos de estos y aquellos". Por su parte, Darnstädt, refiriéndose a Alemania, argumenta sobre los peligros que representa para la democracia un Estado que sea mero representante de intereses corporativos.
Alemania ha pasado por una larga crisis debido a que su Gobierno ha estado sometido al bloqueo de estos intereses corporativos, tanto económicos como territoriales. Quizás deberíamos aprender la lección de Alemania para enfocar bien, desde el principio, la crisis presente.
Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.