Los fondos del programa Next Generation EU son una gran oportunidad para la transformación de nuestra economía. En primer lugar, porque, dado su volumen, pueden constituir un impulso notable para la transición hacia una economía descarbonizada y digitalizada, y, por tanto, para subirnos al tren de la cuarta revolución industrial. Pero también porque pueden suponer un empujón para que nuestros gobernantes pongan en marcha, por fin, las reformas estructurales pendientes que necesita nuestra economía. Empujón que procedería no solo de la posible condicionalidad de estos fondos, sino también de la oportunidad que suponen al proveer la financiación necesaria para la implementación de algunas de estas reformas. Además, ahora son más necesarias que nunca, porque sin ellas las inversiones que se realicen no desplegarán todo su potencial transformador, y porque, dado el peligroso contexto de elevado endeudamiento público en el que nos vamos a encontrar, tenemos que transmitir confianza en el futuro y en la capacidad de crecimiento de nuestra economía, y eso solo se puede lograr con un programa de reformas ambicioso.
La lista de reformas estructurales que necesita nuestra economía es bien conocida, pero no está de más insistir en ella. En primer lugar, la del sistema fiscal, para dotarlo de racionalidad y coherencia, elevar su capacidad recaudatoria y reducir su efecto distorsionador sobre las decisiones de los agentes económicos. El problema no procede de que tengamos unos tipos impositivos bajos, sino de un mal diseño.
Las Administraciones Públicas constituyen otro de los ámbitos necesitados de una gran reforma, orientada a la búsqueda de la eficacia, la eficiencia y la reducción de costes y de burocracia. Las disfunciones observadas durante la pandemia a la hora de realizar grandes compras urgentes constituyen un ejemplo de las carencias de nuestra Administración en cuanto a su capacidad de gestión. Un funcionamiento eficiente de esta es fundamental para la productividad de la economía, y para ello se requiere la introducción de nuevas tecnologías y un sistema de incentivos y rendición de cuentas en los puestos de dirección semejante a la empresa privada.
Asimismo, se debe adelgazar considerablemente el volumen de regulaciones de todo tipo, sobre todo autonómicas y locales, que obstaculizan la actividad económica, y que muchas veces son perfectamente sustituibles por el libre juego de la competencia, del mercado y de la voluntad entre partes contratantes. Dentro de este apartado podemos incluir la creación de un auténtico mercado único nacional, que además de eliminar obstáculos a la actividad económica, mejoraría la competitividad de la economía por la vía del incremento de la competencia interior, al tiempo que favorecería el aumento del tamaño empresarial.
También se necesita una reforma valiente del mercado laboral. En los últimos años ha habido propuestas interesantes como la del contrato único o la mochila austriaca, aunque esta última parece muy difícil de implementar. En cualquier caso, quizás no haya que inventar nada nuevo, sino simplemente alinear nuestra regulación con la de los países de nuestro entorno. El desarrollo de un auténtico sistema de políticas activas de empleo es otra necesidad clave.
Si queremos que nuestro sistema productivo suba peldaños en la escalera tecnológica, una de las prioridades debe ser atraer inversión, tanto nacional como extranjera, hacia sectores de mayor contenido tecnológico. Para ello, el apoyo a proyectos empresariales mediante la aportación de recursos del fondo europeo debe acompañarse de una regulación que haga muy atractiva la asunción de riesgos y la inversión privada en estos sectores. También deberían replantearse algunas medidas que van justo en la dirección opuesta, como la subida de las cotizaciones sociales y del IRPF a los salarios altos, ya que constituyen un aumento del coste de la mano de obra cualificada, y, por tanto, un desincentivo a las actividades que hacen uso intensivo de ella. Al igual que la propuesta del Pacto de Toledo de cobrar impuestos a los robots, un disparate que nos condenaría definitivamente a ser una economía de baja productividad y bajo valor añadido. El sostenimiento del sistema de pensiones, si no queda otro remedio, tendrá que realizarse por la vía de la contención del gasto, no de sacrificar nuestro futuro.
Pero la gran reforma pendiente, la que en mi opinión debe ser la estrella de todas las reformas, es la educativa. España tiene unas tasas de fracaso escolar y de abandono temprano de los estudios impropias de un país desarrollado. El 30% de la población activa entre 25 y 39 años tiene un nivel de formación inferior a la secundaria completa, el porcentaje más alto de toda la UE, cuya media es del 13%. Nuestros jóvenes se encuentran siempre en los últimos puestos en los resultados de los informes PISA. No es exagerado decir que la formación es la carencia más grave de nuestra economía. Nunca mejoraremos nuestra productividad ni reduciremos nuestra dependencia de actividades de bajo valor añadido con estos mimbres. En definitiva, regar la economía con recursos multimillonarios sin realizar<NO>estas grandes reformas sería como echar semillas en un terreno yermo. Sería una oportunidad histórica perdida.
María Jesús Fernández es economista sénior de Funcas.