Las reformas laborales

La reforma laboral se ha convertido en una especie de pim pam pum de feria. Cuando hay un cambio político, uno de los mantras habituales es el de derogar la reforma laboral que haya hecho el anterior gobierno, de otro signo político. No se razona el porqué ni se analiza a fondo el qué. Tampoco se atiende a que el corpus legislativo a derogar haya dado buenos frutos, es decir, que haya sido positivo de cara al empleo. Simplemente se deroga porque los cambios legislativos hayan sido impulsados por un gobierno de signo contrario.

Tal inclinación a derogar lo propuesto por el contrario político sin mayores análisis es bastante irracional. Lo que se promulgó bajo el mandato del contrario político no será malo o bueno por ese mero hecho de que haya sido impulsado por un partido político u otro, sino que lo será por razones más profundas y, por supuesto, por razones objetivas. Con independencia de ello, resulta claro y comprobado que los cambios continuos de la norma redundan en ineficacia. Si los mandatos de una norma funcionan bien y dan el fruto requerido, no hay, en principio, por qué cambiarlos. Todo lo dicho tiene especial relieve en los temas que se refieren al mercado de trabajo.

Entre nosotros, el gran cambio, la gran reforma, se produjo en 1978 con la Constitución, y ya, en el plano concreto, con el Estatuto de los Trabajadores de 1980, donde se consagraron los tres grandes derechos de los trabajadores que conforman un mercado laboral libre y democrático. Tales son el derecho de sindicación, el derecho de huelga y la autonomía colectiva de trabajadores y empresarios. A partir de ahí, todo el entramado de las relaciones laborales discurre bajo diversas concreciones en atención a las circunstancias políticas, económicas y sociales, y desde luego la ideología del partido o partidos gobernantes no pueden negar esos derechos básicos de los trabajadores, pero sí matizarlos.

Esa afirmación de permanente actualidad que reza ‘por sus obras los conoceréis’ tiene aquí plena vigencia, puesto que si la reforma produce empleo, y empleo de calidad, es una señal casi inequívoca de que la norma debe seguir vigente, con las matizaciones oportunas: ‘lo que funciona, no lo cambies’. Es muy comprensible que al producirse un cambio de gobierno el nuevo quiera poner en práctica lo que su partido tiene en su programa electoral, pero esto debería hacerse huyendo de la frecuente tentación de legislar por legislar, de cambiar por cambiar. A estas alturas del tiempo que vivimos lo esencial en el desarrollo constitucional está hecho. Pero, lógicamente, todo, y especialmente las leyes, son susceptibles de cambios y perfeccionamientos.

Hemos logrado un modelo de relaciones laborales moderno y eficaz. Y es eficaz porque trabajadores y empresarios tienen en el mosaico de las disposiciones laborales los instrumentos necesarios para lograr sus pretensiones y desarrollar su acción en un marco flexible y realista. Si me forzaran a decir cuál sería la principal virtud de una buena legislación laboral, diría sin dudarlo que el equilibrio. Los intereses del empresario y del trabajador son a veces divergentes, pero no irreconciliables. Es más, el bienestar contractual de los trabajadores, en cuanto a sus condiciones laborales, redunda claramente en beneficio de la empresa, pero también de los trabajadores. Un salario digno, una jornada razonable y unas condiciones de trabajo adecuadas tienen la segura consecuencia de prosperidad de la empresa y de los trabajadores de la misma. Que la empresa vaya bien favorece a trabajadores y empresarios, y no solo a estos últimos. Que puede haber abusos resulta indudable, pero en nuestro actual sistema laboral existen mecanismos de corrección asequibles y eficaces. Se puede concluir con bastante seguridad que en esa relación contractual lo que es bueno para los trabajadores es bueno para los empresarios y viceversa. Y bajo ese paraguas hay que funcionar, sin bandazos incontrolados hacia uno u otro polo de la relación de trabajo.

En otro orden de cosas, para la eficacia de la norma es preciso que sea realista; y en el realismo juega un papel trascendente el adaptar el mandato normativo a las características de la empresa. Hay derechos y deberes de los trabajadores que tienen relación directa con la propia estructura de la empresa, como son, entre otras, el tamaño de la misma, su modelo y sistema productivo, si produce bienes o servicios, etcétera. Ahí es importante que la normativa legal se adecue a esas circunstancias si quiere que su funcionamiento sea positivo.

Respecto al contenido de la reforma anunciada, poco se ha dicho. Pero sí podemos afirmar que si el cambio se concreta en disminuir la flexibilidad de la gestión empresarial e incrementar las trabas a las decisiones gerenciales, habremos puesto los cimientos de un mayor paro y una menor prosperidad económica y social. Se trataría de lo que yo llamo ‘reformas de biblioteca’.

Puede ser útil aplicar a la reforma laboral lo que hacemos con nuestra propia salud. Para lograr que nuestro devenir físico y psíquico sea positivo hay que tomar decisiones de cuidado corporal y anímico, lo cual entraña muchas veces sacrificios más o menos importantes. Pues bien, en las reformas que atañen al mercado de trabajo es inevitable que para lograr los frutos deseados haya que realizar sacrificios y privaciones (más o menos pasajeras). El trigo no nace y crece si no se cuida su desarrollo con las medidas oportunas y adecuadas.

En los momentos actuales creo que estamos en las condiciones adecuadas para lograr un entramado de relaciones laborales equilibrado y a la vez progresista (que es igual a crear empleo), que atienda a las actuales necesidades de empresas y trabajadores, asumiendo los sacrificios que ello pueda comportar, pues seguro que la renta que produce merece la pena en relación con el coste que tiene para los protagonistas.

Juan Antonio Sagardoy Bengoechea es catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y académico de la Real de Jurisprudencia y Legislación.

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