Las reformas pendientes en el empleo

Comienza, probablemente pronto, una nueva legislatura en nuestra democracia y la reforma del mercado de trabajo, el desempleo y nuestras relaciones laborales, siguen siendo uno de los ejes principales de propuestas electorales, enfrentamiento entre partidos políticos y objeto de debate sobre diagnósticos y soluciones. Nada nuevo bajo el sol desde el inicio de nuestro régimen democrático. Es lógico. Desde el mismo momento en que el desempleo en nuestro país se acerca o supera el 20% en los periodos de recesión económica, o la tasa de paro estructural triplica la de EEUU o la media de la UE, se observa fácilmente que existe un funcionamiento deficiente de nuestro mercado de trabajo, con una excesiva volatilidad en el empleo y con un trabajo enorme para crear empleo de calidad, estable y productivo. En definitiva, el reto más grande siempre presente en nuestra moderna economía democrática.

Las reformas pendientes en el empleoLa reforma laboral propiciada en 2012, que lleva camino de su cuarto año de vigencia, pretendió precisamente atajar de una vez por todas el debate de las reformas estructurales en el mercado de trabajo, propiciando un nuevo marco de relaciones laborales, una nueva cultura laboral, que se impusiera a una regulación ineficiente que claramente producía efectos devastadores en el empleo en situaciones de crisis económica, a diferencia de países homólogos al nuestro. Expertos nacionales e internacionales coinciden en afirmar que el impacto macroeconómico de la mayor flexibilidad interna introducida en la legislación y su aplicación práctica en las empresas ha sido realmente positivo, propiciando de un lado que todo el crecimiento económico se traduzca en aumento de empleo; y de otro, que de haberse aprobado al inicio de la crisis una normativa laboral similar, se habrían evitado la destrucción de hasta dos millones de puestos de trabajo (Doménech, García y Ulloa). La responsabilidad de los agentes sociales con la firma de sus acuerdos sectoriales que mantuvieron los salarios competitivos frente a paradojas de años anteriores, también ha contribuido sobremanera a este avance sustantivo en la recuperación del empleo que, a todas luces, parece que continuará en los meses venideros. Pese a todo, seguimos con unas debilidades profundas de nuestro mercado de trabajo de excesiva tasa de desempleo juvenil y de largo plazo; de elevada temporalidad; de flujos de entrada y salida muy elevados, y de cierto desempleo cíclico muy volátil. Todos estos problemas, junto a un déficit educativo en muchas capas de nuestra sociedad, han traído igualmente la consecuencia de una desigualdad en ciertos ámbitos sociales que es claramente indeseable y conviene corregir. Por todo ello, es absolutamente apropiado que el próximo Gobierno se plantee como prioridad básica seguir reformando para afianzar el crecimiento conseguido y, sobre todo, para que en las crisis económicas venideras no se produzca el efecto inmediato de la destrucción masiva de empleo como ajuste natural de las empresas, o desigualdades no queridas por nadie.

Para emprender este camino, a mi juicio, un primer paso sería ganar la batalla de las ideas. La reforma laboral ha estado tremendamente estigmatizada por numerosos sectores, ha sido escasamente comprendida y parece que su valor público es negativo. No cabe duda que una ley, por sí sola, no es la causante ni de todos los males, ni de todos los bienes en materia de empleo. El conjunto de reformas económicas -donde la laboral tiene un valor preponderante- y el crecimiento económico y de confianza de los inversores influye en la evolución del empleo. Pero, por otro lado, una reforma profunda de nuestro mercado de trabajo que se está traduciendo en creación de empleo cada vez más sostenible y estable, en escasamente un par de años, tras la mayor crisis económica de nuestra historia reciente, debe ser aceptada con mayor aprobación. O, si se prefiere, refutarla con argumentos contrafactuales sólidos que demostrasen que todo hubiera ido mejor con la regulación anterior o distinta, cosa que no ha ocurrido en nuestro país. Debería comprenderse mejor que esta solución adoptada era necesaria, va en la línea de regulaciones europeas similares que han sorteado con mayor éxito la crisis y que está teniendo claramente efectos positivos, apreciados por otros países que están implantando medidas similares, como Francia e Italia. Todo ello, pronto o más tarde, corregirá cualquier indicio de desigualdad porque no cabe duda que el desempleo es el factor más determinante de desequilibrios sociales y económicos. El crecimiento económico debería traducirse desde ya en incrementos salariales.

En segundo lugar, conviene insistir en la idea de que las reformas en un entorno competitivo, globalizado y cada vez más cambiante deben ser continuas. España ha ido perdiendo puestos en el ránking de las mayores economías del mundo y si queremos seguir manteniendo el bien más preciado desde todos los puntos de vista, como es el empleo, debemos reformar. Porque sin empleo no hay consumo; sin consumo no hay bienestar; y sin bienestar nos encontraremos en una sociedad que a la postre tendrá convulsiones sociales y políticas que ya sabemos a qué camino conducen. Y cualquier reforma en el ámbito económico debe detenerse en el mercado de trabajo. Pero, ¿qué se debe hacer? Con independencia de ciertos ajustes técnicos que deben realizarse en la normativa ya aprobada y dejando a un lado las reformas pendientes en materia de políticas activas y pasivas de empleo, además de las pensiones, creo que habría que trabajar en dos ejes fundamentales: la contratación y la flexibilidad laboral. En materia de contratación, se han postulado recientemente numerosas fórmulas que van en la misma dirección: conseguir una mayor estabilidad en el empleo. Ello pasaría, como en algunas ocasiones se ha dicho, en una modernización del sistema de contratos de trabajo, reduciendo su número para disminuir el fraude y la inseguridad jurídica, equiparando indemnizaciones entre fijos y temporales, con un nuevo contrato indefinido que sea más atractivo para empresarios y trabajadores introduciendo en los nuevos contratos indefinidos o los transformados de contratos temporales, cuentas individuales para los trabajadores que puedan ahorrar y acumular su indemnización para el futuro. En definitiva, que el contrato indefinido sea la regla general y no la excepción. Bien es cierto que, a diferencia de lo que se puede pensar, más del 75% de nuestros trabajadores en España tienen un contrato indefinido. Pero también lo es que la contratación temporal sigue siendo el elemento flexibilizador de relaciones laborales que más se viene utilizando por las empresas, con el coste que ello lleva aparejado para ambas partes del contrato.

El segundo eje sería el de la flexibilidad laboral y se podrían apuntar dos líneas de actuación. Una primera, en la búsqueda de soluciones de flexibilidad interna donde la resolución de las crisis empresariales o momentos de incertidumbre justificados se produzca mediante ajustes de horas y salarios en lugar de empleo. La posibilidad de modificación de condiciones de trabajo más flexibles, como alternativa al despido o extinciones masivas de contratos, con prórrogas de medidas ya adoptadas en el pasado sin necesidad de iniciar procedimientos ex novo es una realidad en otros países y podría fomentar claramente el mantenimiento de empleo. En segundo término, la negociación colectiva. Innovar en esta materia es clave, al ser el convenio colectivo la principal fuente de condiciones laborales en España. Habría que repensar tanto los contenidos de los convenios colectivos, como el proceso de negociación y los efectos generales de los mismos. La propuesta de eficacia limitada de convenios colectivos provinciales, al menos para empresas de menor tamaño, al igual que sucede en el resto de países europeos, debería ser objeto al menos de análisis y reflexión.

En definitiva, con el deseado consenso de los partidos políticos y de los agentes sociales, todos debemos contribuir a que el desempleo sea una realidad cada vez más alejada de una economía tan potente como la nuestra. De peores situaciones hemos salido en el pasado.

Íñigo Sagardoy de Simón es abogado y profesor titular de Derecho del Trabajo de la Universidad Francisco de Vitoria.

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