Las reformas tramposas del Estado de derecho español

Es sólito en una oligarquía, que suele estar basada en la mentira oficial, fingir cambios transcendentales cuando estos no pasan de accidentales. Trocar regularmente la apariencia de lo político para que no cambie su verdadera esencia es moneda habitual cuando la democracia se encuentra ausente.

Sólito y lógico, en clave maquiavélica y spinoziana, porque en el blindaje radica la conservación irresponsable del poder y la perseverancia en el impúdico parasitismo de la clase política que ha logrado sustraer la libertad política a la sociedad civil.

La partidocracia española no iba a registrar excepción. Lo insólito, sin embargo, es que, durante 43 años, los ciudadanos hayamos vivido como si nada. Porque hacen falta grandes dosis de ignorancia, o de indecencia, para que toda la sociedad civil trague tamañas ruedas de molino durante tanto tiempo.

La necesidad de fingir una actitud convergente con la democracia, y el interés mezquino de no alcanzarla, han supuesto que, siempre que se ha pretendido un cambio en las reglas de juego, la acción se haya puesto en marcha, no falta de grandilocuencia, en interés del promotor y no de la sociedad.

Cada reforma anunciada en la escasa legislación concerniente a la materia constituyente (no constitucional) del poder, se ha ejecutado sin tocar lo fundamental, pero aparentando haberlo hecho. Y, en ocasiones, dejándolo peor.

Ocurrió con la Ley Orgánica del Poder Judicial en 1985. El dúo de Felipe González y Alfonso Guerra quiso “democratizar” la justicia “acercándola” al pueblo al dictar que fuera el órgano que representa la soberanía nacional el que eligiera al Consejo General del Poder Judicial.

Se les olvidó advertir que nuestro Parlamento no representa más soberanía que la de los cinco o seis jefes encaramados al frente de los partidos políticos con representación parlamentaria. José María Aznar la modificó en 2001 con la intención de no modificar nada. Y Mariano Rajoy en 2013 para empeorarla, si es que eso era posible.

En sus múltiples modificaciones desde 1985, nadie se ha atrevido a revertir ese atropello democrático a la democracia, cuya esencia atiende tan solo dos principios: la representación de la sociedad en el Parlamento y la separación de poderes.

Ocurrió también con la Ley de Partidos. Aparentando un afán regenerador de la vida política, Aznar la reformó en 2002 para ilegalizar el entorno de ETA y el nacionalismo violento.

No hubo agallas para impedir, también, el acceso al Parlamento nacional a todo partido cuya ambición y acción política se restringiera al ámbito local, de modo que el independentismo no se convirtiera en la perpetua bisagra con la que sacar de quicio al Estado. Amén de haber arbitrado un verdadero procedimiento de primarias, bajo amparo jurisdiccional, que hiciera cumplir el artículo 6 de la Constitución, que exige el funcionamiento democrático de los partidos.

Igualmente, de las 25 modificaciones que ha experimentado la Ley Electoral (LOREG) desde 1985, no hay una sola con contenido sustancial que afecte al principio representativo y a las auténticas necesidades de mejorar nuestro sistema político.

El último intento lampedusiano lo está protagonizando el PSOE. Por un lado, anuncia falsariamente la enésima pretensión de “democratizar” la justicia para incluir estratos sociales que cree que le son favorables.

Por otro, pide reformar la Constitución para evitar el bloqueo en futuras investiduras, consumando la aberración parlamentaria de que, con una mayoría simple (con menos votos a favor que en contra, pero más que las candidaturas contrarias), se pueda gobernar.

Nadie hasta hoy, ni nueva ni vieja política, le ha enmendado la plana, dejando claro que, a la hora de atentar contra la esencia de la democracia, todos son autores, cómplices o colaboradores necesarios.

Toda fútil reforma tiene su justificación. Y no estaría mal establecer una mayor igualdad de oportunidades en el acceso al cuerpo judicial para todos los sectores y estratos sociales, si no se vendiera como una reforma que ayuda a democratizar. Porque eso no es democratizar.

La justicia, per se, no es democrática o antidemocrática, sino que contribuye, o no, a democratizar el Estado. Y para eso la clave radica no en sus orígenes sociales, sino en su independencia respecto a los otros dos poderes. En el pasillo estrecho que describe Daron Acemoglu, España se encuentra con medio cuerpo fuera por culpa de todos los partidos políticos (con la excepción de alguno, hoy ya desaparecido).

Nadie se engañe. Los dos grandes retos y asignaturas pendientes que tiene la democracia española son la reforma de ley electoral y la independencia del poder judicial.

Con diputados y jueces al servicio de las cúpulas de los partidos políticos, y mientras haya una sola formación independentista en el Parlamento español cuya desestabilización del sistema sea sistemáticamente premiada por sus electores (debido al odio irrefrenable que el nacionalismo se ha encargado de sembrar en sus feudos durante las últimas cuatro décadas), nuestro país no logrará avanzar al ritmo de los que no soportan ese lastre.

Por muchos análisis que hagamos de nuestro sistema político, no comprenderemos nada hasta que no seamos capaces de ver que existe una misma unidad de poder estatal cuyo control se escapa al ciudadano. Por muchas libertades públicas que disfrutemos, sin la necesaria libertad política que garantiza el control del poder político, no avanzaremos más.

Cuando dos o tres dirigentes de un partido pueden hacer las leyes, ejecutarlas y nombrar a quienes han de interpretar sus actos, dejando al margen a la sociedad civil (a la que sólo se le ha dejado el papel de refrendar dichos actos cada cuatro años), algo funciona mal.

La recuperación de la trágica situación en la que se encuentra el sistema educativo español.

La solución al fallido Estado autonómico como vertebrador del territorio nacional.

La erradicación de los chantajes, violaciones y embates del nacionalismo al Estado.

La inclusión plena de España en los circuitos de la globalización.

La reparación de los propios efectos colaterales que tal logro generaría.

El peligro de los populismos para las libertades, la diversidad y la prosperidad.

La unión federal para constituir los Estados Unidos de Europa.

La necesidad de captar inversión extranjera.

La digitalización del mundo rural y de las pymes.

La implementación de la smart city.

La acogida equilibrada y sensata de la inmigración.

La implantación de la Agenda 2030.

La solución a los crecientes desequilibrios sociales.

La reducción de la deuda pública.

El desempleo juvenil perpetuo.

Todos ellos son retos inminentes y perentorios que no deberíamos abordar con un Parlamento sin talento y sin representación de la sociedad civil, y con una justicia sometida.

Si la democracia es la base que, durante este siglo, permitirá a Europa separarse de sus competidores que desde el autoritario capitalismo de Estado le acechan, España parte con plena desventaja.

Si de verdad nos creemos hijos de la Ilustración, abandonemos de una vez la minoría de edad.

Si queremos democratizar el Estado, no la justicia, exijamos que esta sea independiente.

Si de verdad aspiramos a la estabilidad política, saquemos al independentismo del Parlamento español.

Y si deseamos la eficacia en el gasto público y, por tanto, la prosperidad, convirtamos a la clase política en rehén de nuestros intereses, no de minorías xenófobas.

Cualquier otra solución es poesía para ingenuos.

Lorenzo Abadía es empresario y profesor de Derecho Constitucional.

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