Nuestros gobernantes nos recuerdan cada día que estamos en tiempo de crisis, y utilizan este argumento para justificar los muchos atropellos a que nos someten. Que vivimos en plena crisis es verdad; pero no lo es, como pretenden hacernos creer, que se trate de un retroceso temporal, que exige sacrificios hoy para recuperar mañana lo perdido. El señor Rajoy utiliza este argumento respecto del IVA. Lo ha subido, pero volverá a bajarlo cuando las cosas vayan mejor (¿será verdad, o nos vuelve a engañar como cuando juró que no lo subiría?). También el señor Montoro ha asegurado, con motivo de la presentación de los Presupuestos, que bajará los impuestos si la economía mejora (aunque resulta improbable que mejore con unos Presupuestos de los que el New York Times ha dicho que para que se cumplan sus irreales objetivos se necesita un milagro).
Lo que nos ocultan es que no solo están aumentando el IVA y los impuestos, sino que están cambiando, y esto es más grave, las reglas del juego que aseguran la supervivencia de una sociedad democrática. Hay cambios en materias como la educación y la sanidad públicas, los derechos laborales o el sistema de pensiones que van a transformar permanentemente nuestras vidas, y que no son de los que se pueden recuperar fácilmente. En la entraña misma de las políticas de austeridad está inscrita la voluntad de acabar para siempre con el Estado del bienestar, para lo que se desarrolla en paralelo un programa destinado a combatir a las fuerzas que podrían garantizar su continuidad, como el movimiento sindical y la tradición cívica de movilización para la reivindicación y la protesta.
Déjenme poner un ejemplo, que tomaré de un campo de tanta trascendencia para el futuro como el de la educación pública. Es bien sabido que nuestra universidad ha padecido graves recortes presupuestarios, que condicionan la calidad de la enseñanza y alejan de ella a unos estudiantes obligados a pagar matrículas cada vez más elevadas. Si se lo planteasen como una crisis temporal, nuestros gobernantes se esforzarían ante todo en recuperar los recursos para restablecer la situación. Lejos de ello, están aprovechando la crisis para emprender una serie de cambios netamente retrógrados.
En Catalunya, por ejemplo, tenemos dos propuestas en este sentido: la de abandonar la elección del rector por la comunidad de profesores y estudiantes para reemplazarla por una designación desde arriba, con el sorprendente argumento de que es «un procedimiento más democrático», y la de aconsejar a las universidades que recurran a las empresas para obtener financiación.
Está claro que una universidad controlada desde arriba traiciona su naturaleza de «ayuntamiento de maestros y de escolares» dedicados a un saber libre, crítico y creador, para convertirse en una organización destinada al adoctrinamiento colectivo. Y en cuanto a la financiación por las empresas, hay que recordar que estas no suelen hacer inversiones que no les reporten beneficios. En Estados Unidos, por ejemplo, los hermanos Koch, que figuran en el cuarto lugar en la lista de los más ricos de Forbes, han condicionado la financiación de una cátedra de economía a intervenir en la elección del profesor y supervisar sus programas. Aunque sus mayores inversiones universitarias las destinan a eliminar de la enseñanza cualquier mención al cambio climático (no sea que se viesen obligados a asumir grandes gastos para controlar las emisiones y los vertidos de sus industrias del carbón y del petróleo).
Que el intervencionismo en materia de enseñanza no suele ser inocente lo revela el anteproyecto de ley orgánica para la mejora de la calidad de la enseñanza aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de septiembre: un ucase del señor Wert, que debe ser el gestor más retrógrado que haya tenido la educación española desde que Calomarde obligó a que los maestros de escuela presentasen un certificado de limpieza de sangre (por el camino que vamos, todo se andará). Para limitarme a uno de los aspectos de esta agresión a la educación pública, baste ver que la nueva ley elimina en la práctica la historia del mundo contemporáneo como materia de la enseñanza secundaria.
Está claro que a un Gobierno retrógrado como el actual le resulta deseable que se forme una nueva generación de ciudadanos que lo ignoren todo acerca de la historia de nuestro tiempo: acerca de las dos guerras mundiales, de la revolución rusa, de la crisis mundial de los años 30, del nazismo y del fascismo… Son cosas que podrían incitarles a pensar por su cuenta. Si le añadimos el refuerzo de la enseñanza de lenguas extranjeras, que también se propone en la misma ley, conseguiremos que los más listos emigren y no queden en el país más que futuros votantes del PP.
Josep Fontana, historiador.