Unas reglas de estabilidad laxas o poco claras, que permitan interpretaciones, no inspirarán confianza. Es un peligro en la reforma proyectada.
Tras un largo debate parece que en la Unión Europea se ha llegado a un acuerdo para restablecer las reglas de estabilidad fiscal, que fueron suspendidas temporalmente a causa de la pandemia del Covid. Es cierto que tal acuerdo es, por el momento, provisional, ya que, para entrar en vigor tiene que ser aprobado por el Parlamento Europeo. Pero es razonable pensar que la propuesta saldrá adelante antes de las elecciones europeas, previstas para el próximo mes de junio. Como es habitual en estos casos, los alemanes y los franceses han llevado la voz cantante, representado de alguna forma los primeros a los países más ortodoxos y los últimos a los menos convencidos de la importancia de la disciplina fiscal, entre los que se encuentran Italia, España y algunos otras naciones de menor peso en la economía de la Unión.
Creo que hay dos puntos sobre los que había consenso desde el primer momento. El primero, la necesidad de volver a establecer algún tipo de normas presupuestarias y financieras que impidan, o al menos hagan más difícil, que se planteen a la Unión problemas como consecuencia de políticas económicas poco responsables por partes de algunos estados miembros. El segundo, que la decisión adoptada no podría consistir, simplemente, en poner en vigor de inmediato los dos requisitos básicos establecidos en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento: déficit presupuestarios nacionales no superiores al 3% del PIB y un volumen de deuda pública que no sobrepase el 60% del PIB de cada estado, ya que es evidente, por ejemplo, que, los países con una deuda pública muy elevada, por encima en varios casos del 100% de su PIB, no pueden volver a la cifra del 60% a corto o medio plazo.
Pero son muchas las fórmulas posibles para el diseño de unas normas fiscales. Y no estoy seguro de que las que se han aprobado vayan a inspirar confianza en el futuro y que su aplicación pueda hacerse de una forma clara, que no suscite polémicas ni dudas sobre la forma de interpretarlas. Las nuevas normas tienen aspectos positivos como tomar en consideración la evolución del gasto público o intentar terminar con la interpretación de la regla de déficit mantenida durante largo tiempo por algunos gobiernos, de acuerdo con la cual , se cumple dicha regla mientras el déficit presupuestario esté por debajo del 3% del PIB, al margen de la coyuntura del país en el año en cuestión. Y esto no debería ser así. En su diseño inicial el límite del 3% funcionaba en momentos de recesión o estancamiento económico. Pero, para compensar estos desequilibrios, los años de mayor crecimiento deberían cerrarse con superávit presupuestarios, de modo que, en el medio y largo plazo, las finanzas públicas se mantuvieran equilibradas. En otras palabras, no tiene sentido que un país como España, tuviera, por ejemplo en 2019 -el año anterior a la suspensión de las normas de estabilidad- una tasa de crecimiento significativamente más elevada que la de Países Bajos o Alemania y, al mismo tiempo un déficit presupuestario del 2,9% del PIB mientras estos dos países cerraban sus cuentas con superávit en dicho año. Más discutible es la utilización del déficit primario -es decir el que no incluye los intereses de la deuda pública- y no del déficit total en el cálculo del ajuste. Es cierto que es la variable que mejor refleja la política fiscal de un estado; pero los intereses son también gasto público; y, a la hora de analizar la insolvencia financiera de un estado, deben sumarse al resto de los gastos públicos.
Es lógico, por otra parte, dar un plazo largo para reducir la cuantía de la deuda pública en términos de PIB. Pero cabe preguntarse si la reducción del 1% exigida a los países más endeudados no es en exceso modesta. Calcule el lector fácilmente cuánto tardaría el llegar a la cifra del 60% un país que hoy se encuentra por encima del 100%.
Aunque creo que el problema de fondo está en que, con las nuevas reglas, se quieren conseguir objetivos muy diferentes, algunos no relacionados directamente con la estabilidad presupuestaria y otros incompatibles entre sí. Así se habla de crecimiento sostenible, avances hacia una economía verde, transformación digital o autonomía estratégica. Cuestiones todas ellas muy importantes, sin duda. Pero que no se sabe bien qué papel pueden desempeñar a la hora de diseñar unas reglas fiscales. Porque si pensamos que todas estas políticas son necesarias y urgentes, tendremos que plantearnos si vamos a poder aplicar realmente unas reglas fiscales serias que generen credibilidad. Siempre cabrá pensar, en efecto, que hay que invertir más en tales actividades. Pero habría que pensar cuál es el precio a pagar en términos de estabilidad fiscal.
La suspensión de las reglas fiscales ha generado, desde el año 2020, problemas graves, que no deberíamos olvidar. Entre otros, ha dañado la credibilidad del Banco Central Europeo, que compró masivamente deuda pública y llevó a nuestras economías a una inflación como no se conocía desde la creación del euro. Unas reglas de estabilidad demasiado laxas o poco claras, que permitan interpretaciones diversas en función de las estrategias de cada país serán, ciertamente, unas reglas defectuosas y no inspirarán confianza a los mercados. Y me temo que este es un peligro que la reforma proyectada no resuelve de forma adecuada.
Francisco Cabrillo, Catedrático Emérito de Economía de la Universidad Complutense. Fundación Civismo.