Las repercusiones regionales de la elección fallida de Honduras

Las repercusiones regionales de la elección fallida de Honduras

En Honduras, las elecciones robadas seguidas de acusaciones de fraude, manifestaciones callejeras y represión militar son moneda corriente. De modo que no fue precisamente una sorpresa que la elección presidencial de fines de noviembre, empañada por numerosas irregularidades en el recuento de votos, haya derivado en las tres cosas. Ahora bien, las consecuencias probablemente resuenen en toda América Latina.

Décadas de intervención extranjera en Honduras han causado la situación actual del país. Desde 1903 hasta 1925, Honduras enfrentó continuas incursiones de tropas estadounidenses. En los años 1980, durante el violento esfuerzo respaldado por Estados Unidos por provocar un cambio de régimen en la vecina Nicaragua, Honduras se convirtió en lo que algunos en las fuerzas armadas describían, en broma, como “el único portaaviones estacionado en tierra del mundo”. Hoy, funciona como un importante punto de tránsito para las drogas enviadas desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Sin embargo, en los últimos años, ha habido esfuerzos de parte de potencias extranjeras por desempeñar un papel más constructivo. En particular, el anterior presidente norteamericano Barack Obama comprometió a Estados Unidos a dejar de lado décadas de recriminación mutua con sus vecinos latinoamericanos, y facilitó el desarrollo de un sistema interamericano de defensa colectiva de la democracia y los derechos humanos.

La joya de la corona de este esfuerzo fue la normalización de las relaciones con Cuba en 2016. Con eso, parecía no haber motivos para que todos los países en el hemisferio no acordasen utilizar las herramientas creadas desde 1948 para defender la democracia y los derechos humanos en la región, más allá de las consideraciones geopolíticas de corto plazo.

Las principales herramientas legales regionales son el Pacto de Bogotá de 1948, que creó la Organización de Estados Americanos (OEA); el Pacto de San José o la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, que dio lugar a la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Carta Democrática Interamericana de 2001. También existe la práctica de la OEA, desde hace relativamente bastante tiempo, de enviar Misiones de Observación Electoral, normalmente encabezadas por ex presidentes o ministros de Relaciones Exteriores, para observar la votación en varios países.

Si bien no todos los países son parte de todos estos instrumentos, colectivamente en el tiempo han sido instrumentos útiles, aunque imperfectos, para defender sus respectivas causas. Sin embargo, la situación actual en Honduras representa una segunda prueba crítica del sistema que conforman -la primera fue el semi-golpe que depuso al entonces presidente Manuel Zelaya en 2009-. Lo que sucede ahora puede legitimar los mecanismos que han creado, o debilitarlos seriamente.

La elección en noviembre fue monitoreada por una misión de la OEA, así como por una de la Unión Europea. Cuando al día siguiente de la votación, en momentos en que se había registrado el 57% de los sitios de votación y el candidato de la oposición, Salvador Nasralla, lideraba por más del 5%, el recuento repentinamente se interrumpió, ambas misiones, así como la oposición, exigieron un recuento parcial o total. Pero no han mostrado mucha resolución desde entonces.

Durante las dos semanas posteriores a la votación, las autoridades electorales hondureñas insistieron en que el presidente en funciones, Juan Orlando Hernández, ganó por el 1,5%, debido a un incremento (estadísticamente improbable) de los votos a favor de él en las zonas rurales. Como para calmar los reclamos, las autoridades luego llevaron a cabo un recuento parcial de menos de un tercio de los votos emitidos, alterando el resultado final, pero no lo suficiente como para revertir la victoria de Hernández. El 15 de diciembre proclamaron oficial la victoria de Hernández.

La misión de la UE denunció los chanchullos electorales del gobierno de Hernández, pero también dijo que los recuentos y comparaciones de hojas de cálculos con datos computarizados no arrojaron ningún cambio significativo en los resultados. Ni apoyó ni rechazó el resultado oficial.

La misión de la OEA, en cambio, decidió que no podía concluir cuál de los dos principales candidatos había ganado. Pero Hernández rechazó la propuesta del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de una nueva elección, diciendo que Honduras tendría que esperar cuatro años para una nueva votación. Otros países latinoamericanos -entre ellos Costa Rica, Guatemala y México- no se opusieron y rápidamente reconocieron la victoria de Hernández, al igual que Estados Unidos.

Mientras tanto, Nasralla nunca dejó de insistir en que ganó y se negó a aceptar la derrota. Y las protestas callejeras -y la respuesta policial y militar que vino después- continuaron sacudiendo a la capital y a otras ciudades importantes.

No hay ningún ganador real en medio de esta confusión y confrontación, aunque por supuesto a algunos les está yendo mejor que a otros. Hernández logró su objetivo de convertirse en el primer presidente de Honduras en décadas en ser reelecto, aunque verá que su mandato estará permanentemente manchado por el informe de la misión de la OEA sobre la manipulación electoral.

Es más, a Estados Unidos sin duda le agrada que el presidente hondureño sea cercano a John Kelly, el jefe de Gabinete del presidente Donald Trump, y un fiel defensor de la guerra contra el narcotráfico de Kelly en América central. Nasralla, en cambio, está estrechamente alineado con Bolivia, Cuba, El Salvador, Nicaragua y Venezuela (los llamados países del ALBA).

Pero quizás el mayor ganador sea el gobierno populista radical de Venezuela, que ahora puede pasarse los próximos cuatro años cuestionando la elección de Hernández y respaldando a sus adversarios. Se beneficia incluso del hecho de que Almagro, que desempeñó un papel notable en materia de promover la defensa de la democracia y los derechos humanos en Venezuela, ahora esté desacreditado, lo que mina todo el proceso de monitoreo electoral de la OEA. Ante un posible cuestionamiento de la legitimidad de las elecciones del próximo año en Venezuela, ésa no es una ventaja menor para el presidente Nicolás Maduro.

Una vez más, en América latina se produjo una violación grave de la democracia representativa, a pesar de todas las herramientas que se han creado en los últimos años. Una elección injusta y escasamente libre tal vez haya sido robada o, en el mejor de los casos, corrompida al punto de que el resultado no se puede considerar confiable. Honduras puede ser un país pequeño y pobre, pero los efectos de su fracaso probablemente resulten de amplio alcance.

Jorge G. Castañeda, Mexico’s Secretary of Foreign Affairs from 2000-2003, is Global Distinguished Professor of Politics and Latin American and Caribbean Studies at New York University.

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