Yo no vendo mi cuerpo, yo presto un servicio.
Este servicio es el trabajo sexual. Lo practico desde que tengo 22 años, después de dejar al padre de mis tres hijos, de quien aguanté muchos golpes. Después de eso, trabajé por tres años y medio como empleada doméstica, pero el pago no era suficiente para mantener a mi familia.
Hoy, algunas décadas después, veo el trabajo sexual como aquello que me permitió escapar de una situación que se me hacía inescapable. Y entiendo muy bien que esta no es la suerte de muchas.
En República Dominicana tenemos una de las tasas de feminicidios más altas de la región, con 106 casos registrados en 2018. El año pasado, la Procuraduría General de la República Dominicana recibió más de 71 000 denuncias de violencia de género e intrafamiliar, y más de 6 300 denuncias de delitos sexuales. Entre ellas, hubo 1 290 denuncias de violación.
Las trabajadoras sexuales estamos muy expuestas a este tipo de violencia. Existen zonas en Santo Domingo en las que ya no podemos trabajar después de las 21:00 porque nos pone en riesgo de ser atacadas.
Estas son situaciones en las que deberíamos poder contar con autoridades como la Policía. Sin embargo, los policías son algunas de las entidades en el país que más nos violentan. Según un estudio de la Red de mujeres trabajadoras sexuales de Latinoamérica y el Caribe, hecho en 13 países de Latinoamérica y el Caribe, de más de 5 200 trabajadoras sexuales encuestadas, más de 73% sufrieron violencia por parte de las fuerzas de seguridad solo en 2016.
Muchas de nosotras tenemos historias similares que contar sobre nuestros encuentros con la Policía: nos quitan dinero y nos obligan a tener sexo con ellos. Si una de nosotras no se lo quiere dar, la llevan presa, sin ningún cargo, haciéndola pasar la noche en la celda. Organizaciones como Amnistía Internacional han calificado estos actos violentos motivados por discriminación como tortura basada en género.
La violencia verbal es lo más común. Sin embargo, amenazas a mano armada, coimas o extorsiones sexuales también representan un porcentaje importante.
El cansancio y el miedo han hecho que las mismas trabajadoras sexuales tomemos cartas en el asunto por lo que, en 2016, fundamos la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRASEX) para apoyar a las compañeras a reclamar sus derechos.
Según Amnistía Internacional, expertos en salud pública del país estiman que “hay hasta 97 000 mujeres cisgénero que ejercen el trabajo sexual en República Dominicana”. OTRASEX cuenta con casi 600 trabajadoras sexuales registradas, así que falta incorporar todavía a muchas más.
Entre nosotras, es importante trabajar nuestra propia autoestima y el conocimiento de derechos para poder tomar decisiones y actuar sobre la violencia, aunque el miedo a las represalias sea muy real y genuino.
Ha recaído en nosotras, al mismo tiempo, realizar capacitaciones en las que reunimos a policías, militares y funcionarios de salud, y les damos materiales de producción propia, explicando cómo deberían tratarnos y cómo queremos que nos traten.
Han existido otras iniciativas en el pasado. Sin embargo, no se han llevado a cabo las reformas legislativas, de políticas públicas y policiales tan necesarias para acabar con la violencia y la discriminación que vivimos.
Estamos trabajando con otras organizaciones para que se incluyan nuestras recomendaciones en la propuesta de una Ley General de Igualdad y No Discriminación, para proteger a las trabajadoras sexuales y a otros grupos socialmente marginados frente a la discriminación institucionalizada y social. Esta sería la primera ley de este tipo en el país. Esperamos que sea sometida al Congreso este año y aprobada en 2020.
Asimismo, trabajamos con organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que monitoreen la situación de violencia y discriminación contra las trabajadoras sexuales.
Pero este no es un trabajo que debería recaer solo en nosotras. El gobierno también tiene la responsabilidad de educar a la sociedad, para promover la igualdad de género y erradicar el machismo. No deberíamos tener que cuidarnos de la gente que se supone debe cuidar de nuestra seguridad.
Aunque la compraventa de sexo entre personas adultas que consienten no es un delito en la República Dominicana, la criminalización de algunos aspectos de nuestro trabajo —como el proxenetismo, por ejemplo— fomenta las detenciones arbitrarias por parte de la Policía, y permite la violencia y la discriminación contra nosotras.
Nos urge que el Congreso apruebe la Ley General de Igualdad y No Discriminación para proteger a las trabajadoras sexuales y a otros grupos socialmente marginados, como personas con discapacidad o jóvenes, frente a la discriminación institucionalizada y social.
Existen muchas personas que piensan que el trabajo sexual no es un trabajo, que las mujeres que lo practicamos simplemente no nos gusta hacer otros oficios. Esto es un trabajo, y bajo el sistema en el que el mundo se mueve, un trabajo que nos da la oportunidad de proveer un futuro para nuestras familias.
Mi reto es el conseguir que las entidades estatales y privadas respeten nuestros derechos, porque somos mujeres y somos heroínas. Ponerse esos tacones y salir a una esquina, pase lo que pase, es lo que hace una heroína.
Miriam González es presidenta de la Organización de Trabajadoras Sexuales (OTRASEX). Este artículo se hizo con la colaboración de la organización Amnistía Internacional.