Las tres crisis de Felipe VI, el Borbón ‘británico’

El reciente vídeo familiar de Felipe VI con la reina Letizia y sus dos hijas en el que nos enseñan escenas de su vida cotidiana, nos demuestra que estamos ante el rey más británico de los Borbones españoles. No ha sido improvisado. La idea de configurar una Corona fiel a la letra y al espíritu de la Constitución, continuadora de la Historia al tiempo que partícipe de los cambios, inicia un nuevo tipo de perfil monárquico en España. Tampoco es casual el seguimiento del ejemplo inglés. El modelo de Gran Bretaña ha contado con los pensadores más relevantes sobre la Monarquía en su relación con el parlamentarismo y la democracia, y la experiencia más satisfactoria.

La eficacia de dicho modelo se ha comprobado en las tres crisis a las que Felipe VI ha tenido que enfrentarse en los casi cuatro años de reinado.

La crisis familiar

Felipe VI comenzó a reinar con dos problemas familiares graves: el camino de su padre hasta la abdicación y la corrupción en el entorno de la infanta Cristina. En ambos casos el nuevo monarca debía distanciarse de la desviación moral que parecía vinculada a su familia. Juan Carlos I fue encadenando errores personales en su vida privada que, en un ambiente general caldeado por las noticias de corrupción en la alta política, no favorecía la simpatía del pueblo hacia el Trono. La petición de perdón del rey en 2012, con aquel “Lo siento mucho. Me he equivocado y no volverá a ocurrir”, fue un punto de no retorno que resaltaba el contraste con las posibilidades de renovación que suponía el príncipe Felipe.

La imputación de Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, por la trama del caso Nóos, ahondaba en la mala imagen de la Corona. El turbio asunto daba la impresión de que los Borbones eran partícipes de la ola de corrupción que asolaba las instituciones y que había puesto en crisis el régimen.

El despliegue informativo nacional e internacional de las comparecencias de la hermana y del cuñado de Felipe VI vinculaban peligrosamente a la Monarquía con prácticas privadas castigadas en el común de los mortales. De hecho, Juan Carlos I llegó a decir en su Mensaje de Navidad de 2011 que la “justicia es igual para todos”. Ese descenso a ciudadano de a pie restaba fuerza a los pilares de la monarquía parlamentaria en democracia: la dignidad y el consentimiento popular.

La solución dada por Felipe VI ha sido reducir la Familia Real al círculo más cercano, la reina y sus dos hijas, al tiempo que adoptaba dos tácticas inglesas. Por un lado, la conocida como Welfare Monarchy con el propósito de restaurar la simpatía popular en tiempos de crisis social y económica, justo cuando circulaba un discurso populista y socialista que ponía en cuestión todo el régimen.

Para empezar, el Rey redujo su sueldo un 20%, a lo que siguió la demostración de una vida menos sofisticada que su padre u otros monarcas europeos, y un discurso y actividades marcadamente sociales. La preocupación por “corregir las desigualdades de la crisis y fortalecer la cohesión social” se convirtió en un lugar común en sus alocuciones. Pero esa filantropía ha sido medida: no debía parecer que quería corregir a los gobiernos nacional y autonómicos, sino mostrar empatía y contribuir al bienestar general.

La segunda táctica adoptada para corregir esa imagen familiar fue la de recuperar el papel dignificante. El inglés Walter Bagehot, siguiendo a John James Park, habló en su conocida The English Constitution (1867) de las dos funciones que debía cumplir un rey si quería perdurar. Por supuesto, el monarca tenía que observar de forma automática su papel dignificado; es decir, realizar escrupulosamente, en tiempo y forma, sus funciones constitucionales. Por otro lado, y he aquí lo más importante al caso español que nos ocupa: el papel dignificante, lo que venía a ser que el comportamiento público y privado del rey debía otorgarle dignidad y procurarle el respeto de todos.

Esto se ha cumplido con creces, no solo por lo que se conoce de su vida familiar, sino por el modo de resolver las dos crisis siguientes.

La crisis institucional

Los liberales ingleses de principios del siglo XIX entendieron que la forma mixta de gobierno capaz de dar equilibrio a su organización política y social era la combinación de los tres principios aristotélicos: monárquico, aristocrático y democrático; esto es, la Corona, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes.

La clave era el Gobierno. Siguiendo a David Hume, aquellos liberales sostenían que el Poder no debía fundarse en el derecho divino ni en el contrato social, que eran fuentes de conflicto y no daban la libertad, sino en el consentimiento general. Esto significaba que el Gobierno debía salir de la mayoría del Parlamento y actuar bajo la vigilancia garantista del Rey.

La Corona tenía el poder ejecutivo solo de forma nominal, porque el cabinet system establecía la responsabilidad de los ministros frente a un Parlamento cada vez más democrático por la decisión de 1832 de ampliar progresivamente el derecho al voto. Esta fórmula evitaba abusos de los Comunes y de la Corona, y, según apuntaba Thomas Erskine, trasladaba el poder a la Cámara Baja, al principio democrático.

El conjunto, al decir del liberal Lord John Russell, confería al pueblo su libertad, al Parlamento su autoridad y al Trono su estabilidad. Era la armonía de la Monarquía parlamentaria, del equilibrio constitucional y la división de poderes con los tres principios señalados, y que permitía la prosperidad.

Mientras Francia y Españase desangraban en el XIX buscando fórmulas políticas, y Alemania coqueteaba con el autoritarismo, Gran Bretaña se convertía en la gran potencia mundial. Al tiempo que en otras tierras se recurría a la revolución para cambiar gobiernos, en el Reino Unido, un país sin constitución escrita, se prefería la presentación de un voto de censura o la campaña política para convencer a los electores y a los grupos de interés y de presión. La condición para que esto funcionase, como vio Burke, era el comportamiento de los partidos y de sus líderes.

El resultado de las elecciones de 2016 dio un Congreso de los Diputados muy dividido, con la posibilidad de diferentes mayorías en la que los jefes de los partidos jugaron para conseguir el poder. España no es Alemania, y la responsabilidad de los dirigentes de los dos grandes partidos, ahora muy disminuidos, no es la misma. Tampoco las dos opciones de la nueva política lo pusieron fácil al moverse siempre entre el adanismo, el partidismo y la ambición.

El papel de Felipe VI fue tan constitucional como impecable: coadyuvar al fin de la inestabilidad, que perjudicaba a la economía y ahondaba la crisis política, sin decantarse por una opción, sino solamente, como dijeron los clásicos ingleses, atendiendo a la supremacía del Parlamento garantizando la continuidad. Ese desempeño unificador y legalista se mostró de igual forma en la crisis del golpe de Estado en Cataluña.

La crisis de Cataluña

El golpe que tuvo lugar en el Parlamento catalán los días 6 y 7 de septiembre de 2017 y el esperpento del 1-O, no tuvieron la respuesta adecuada del gobierno del PP ni de los grandes partidos. Los populares de Mariano Rajoy no querían que se les identificara con medidas de fuerza que los medios de la izquierda tildaban de “fascistas” o “autoritarias”.

La acusación de no ser democráticos hizo daño a un centro-derecha con muchos complejos. Rajoy no quería tomar una decisión, esperaba la resolución de los jueces, y en la tesitura de adoptarla, no deseaba que fuera en solitario. Solamente cuando Ciudadanos y el PSOE reclamaron la aplicación del artículo 155, a última hora y porque les convenía en sus cálculos electorales, el Gobierno lo hizo.

Fue entonces, el 3 de octubre de 2017, cuando Felipe VI pronunció un discurso por televisión con tres ideas-fuerza. La primera es que una democracia no es solo votar, sino respetar el orden constitucional y las leyes que de él se derivan, pues son la base de la convivencia democrática de la comunidad política.

La segunda idea era el mantenimiento de la unidad nacional, dado que el independentismo se había atribuido postulados falsos que habían calado. En especial, que la soberanía se podía trocear a gusto del golpista, y que solo los nacionalistas se podían considerar “pueblo de Cataluña”. La separación suponía, en consecuencia, el fin de las libertades para todos aquellos que no hubieran sido independentistas.

La tercera idea-fuerza, la más poderosa, fue la confianza. En un momento en que el gobierno, ni su aliado circunstancial o la oposición habían estado a la altura, con una crisis económica, social y política aún viva, las palabras de Felipe VI sirvieron para insuflar ánimo a los españoles. En ese momento se desataron de forma espontánea manifestaciones de fervor patriótico a modo de revulsivo, no de rancio nacionalismo, como símbolo de defensa de una Constitución democrática. Banderas y manifestaciones lo inundaron todo, en una reacción popular frente al insulto y la amenaza del golpe de Estado, que no tiene parangón en la historia, ni siquiera con el 23-F.

Ese papel tan dignificado como dignificante lo ha repetido en su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos. Allí, frente a las extravagancias del independentismo huido a Bruselas, resaltó que la lección de la “crisis catalana es que hay que preservar el imperio de la ley”. Esas palabras, que han escandalizado a izquierdistas republicanos y a separatistas, no hacen más que repetir la doctrina constitucional en el cumplimiento de su papel legal.

El futuro

El gran teórico de la monarquía parlamentaria británica, John James Park, sentenció que el secreto de la Constitución inglesa -no escrita, insisto- estaba en que no era inalterable porque se fundaba en el principio democrático, en la supremacía de un Parlamento capaz de introducir variaciones a través de la práctica. En estas circunstancias, el Rey debía ser pieza de ese parlamentarismo transformador, inestable por fragmentado y cambiante, dando palabra e imagen así a la voluntad del pueblo mostrada en los Comunes. Ahora bien, no nos engañemos: el buen gobierno reside no en dividir acertadamente los poderes, al estilo teórico de Montesquieu, sino, como señaló James Mill, hallar un correcto sistema representativo que no indisponga al pueblo soberano contra el gobierno parlamentario, ni que éste abuse de su posición.

Felipe VI parece consciente de que una Constitución es el fruto de generaciones, no de un momento histórico o de hegemonía de un partido, ni el resultado de un contrato original, sino un conjunto de normas variables de convivencia. Esperemos que si cambia el texto constitucional su papel y comportamiento sean tan británicos e inteligentes como hasta ahora.

Jorge Vilches es profesor de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Universidad Complutense.

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