La confirmación de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que unánimemente ha avalado al magistrado Luciano Varela, declarando el procesamiento de Baltasar Garzón por tres posibles delitos de prevaricación, demuestran la firmeza e independencia del Alto Tribunal de Justicia español en este importante caso, que sentará en el banquillo a uno de los jueces que se han hecho más visibles en la historia reciente de España, con sus luces y sus sombras.
Es conveniente precisar que la figura de Garzón ha estado siempre unida a la publicidad mediática y al bochornoso espectáculo de un populismo auspiciado por el propio juez, quien frecuentemente ha puesto altavoces a sus escandalosas resoluciones para que llegasen a sus seguidores. Hay que reconocer que ha sido un juez desmesurado y a veces incongruente en sus actuaciones. Un magistrado que ha impuesto fianzas millonarias, frecuentemente sin fundamento; que ha presumido de que nadie podía discutirle una resolución, y que ha enviado a la cárcel esposados a conocidos personajes de más o menos relieve político que en muy poco tiempo han quedado en libertad.
Lo cierto es que como juez instructor nunca tuvo grandes aciertos y sí muchos arrebatos, cuando no fracasos, como, por ejemplo, y por citar sólo uno de los más llamativos, la querella presentada contra el entonces ministro de Asuntos Exteriores Abel Matutes por no presionar a su homólogo Jack Straw para que impidiese a Augusto Pinochet volver libremente a Chile. ¿Cómo es posible pensar que un ministro español pueda imponerse a un ministro inglés en el ejercicio de su cargo? Y es que, indudablemente, los conocimientos de Garzón en la disciplina de Derecho Internacional son muy escasos, cuando no nulos. Así lo demostró a lo largo de todo el conflictivo proceso de la extradición que intentó, que costó mucho tiempo y dinero, pero que no tuvo ningún resultado positivo. Eso sí, le dio fama y popularidad sin límites, y supuso su ascenso al estrellato internacional, especialmente en Latinoamérica, aunque en su día complicó enormemente las relaciones diplomáticas de España, no sólo con Chile, sino con otros países del entorno que no habían asimilado todavía el escarnio de sus dictaduras.
Aclaremos también que el caso Pinochet no fue iniciado por Baltasar Garzón, sino que fue el magistrado de la Audiencia Nacional, Manuel García Castejón, quien comenzó la instrucción del procedimiento y que posteriormente, por insinuaciones o presiones, se inhibió a favor del anterior. El proceso se incorporó al sumario 19/97 de la Audiencia Nacional, como pieza separada 3ª.
El sumario adormecía tranquilamente en los armarios del Juzgado de Instrucción nº 5, del que era titular Garzón, hasta que se descubrió el viaje de Pinochet a Londres para un tratamiento médico. Ello originó que inmediatamente se encendiese una luz en la memoria del juez para sondear a Scotland Yard y enviar urgentemente una orden de detención, así como el inicio de la extradición a España.
Son de sobra conocidas las vicisitudes del caso Pinochet, pero hay también otros sumarios instruidos antes y después, que muestran la muy deficiente actuación de este juez, que se ha vanagloriado siempre de una valentía y de una eficacia suprema. El caso de Monzer Al Kassar, instruido en los primeros tiempos de su incorporación al Juzgado de Instrucción nº 5, es una prueba de la pobreza y falta de rigor jurídico de sus escritos.
Este famoso caso estuvo relacionado con el secuestro del trasatlántico italiano Achille Lauro, perpetrado en 1985 en el Mediterráneo Oriental, y en el que el grupo terrorista asaltante asesinó a un súbdito norteamericano de origen judío. Se inculpó a Al Kassar, conocido traficante de armas internacional de origen sirio, y la instrucción del sumario resultó desde el primer momento excesivamente compleja para el conocimiento jurídico del juez Garzón.
Intervinieron en este proceso los servicios secretos de diferentes países, y se manejaron fabulosas cantidades de dinero. Todo ello confundió al juez instructor, quien en el escrito de acusación no fue capaz de probar nada, además de basarlo en especulaciones imaginarias de escasa coherencia. La defensa, a cargo de renombrados juristas, como Cobo del Rosal, hizo que Monzer Al Kassar saliese libre de culpa, pese a los 29 años de prisión que se pedían.
Podríamos referir decenas de sumarios mal instruidos por Garzón, incluidos asuntos tan notorios como el caso Egin en 2003 o el caso de los GAL, que supuso una meditada venganza contra quienes acaban de ser sus compañeros en las listas electorales, incluido Felipe González.
Ahora, las tres causas por las que se acusa a Garzón de prevaricación ante el Tribunal Supremo están bien claras y definidas. Una, por investigar los crímenes del franquismo. La segunda, por rechazar una querella contra el banco que antes había financiado sus cursos y obtener dinero de diferentes empresas. Y la tercera, por el caso Gürtel, al haber ordenado intervenir las comunicaciones entre imputados y abogados.
La primera causa es quizá la más escandalosa, por su repercusión entre el pueblo español. Nadie puede dudar de que la Ley de Amnistía de 1977 tiene plena vigencia, porque no ha sido derogada. La Ley de la Memoria Histórica, elaborada por el Gobierno Zapatero, no deroga ni contradice la anterior. Pretender pasar por encima de la ley, dictando un Auto que es una causa general contra el franquismo, de 69 páginas, en el que en sus disposiciones finales pide nada menos que se certifique el fallecimiento de Franco y de otros 34 generales y políticos del régimen anterior, bien muertos y sepultados, es un sinsentido, es una sinrazón, es un disparate jurídico que se mantiene desde la primera a la última palabra de su Auto, que ni siquiera llega a tener la categoría de monografía histórica, porque está hecho a base de recortes de prensa.
Por ello, la contestación del magistrado instructor, Luciano Varela Castro, en la causa especial 248/2009, ha sido unánimemente admitida por el Tribunal Supremo, e independientemente de quien ha interpuesto la querella, llevará al juez estrella al banquillo.
La segunda querella, basada en las cantidades de dinero que solicitó al Banco Santander, a Endesa y a otras empresas españolas, demuestran su falta de escrúpulos para financiar sus conferencias y estancia en Nueva York, así como los gastos de su hija, en la etapa en la que se movió internacionalmente para conseguir un nombramiento permanente en la Corte Penal Internacional. Es evidente que, tras recibir una fuerte suma económica de la citada entidad bancaria, debió inhibirse en la causa contra ésta.
Finalmente, el caso Gürtel, instruido de forma cuando menos polémica, trató de fundarlo y probarlo mediante la intervención en la cárcel de las conversaciones entre imputados y sus abogados, algo que sólo está permitido en casos de terrorismo. Ello supone un absoluto desprecio al derecho de defensa y a la figura de los abogados defensores.
El juez estrella, como cualquier ciudadano, tiene lo que se merece: un juicio justo por encima de los movimientos populistas de los que es adalid, tanto en España como en países de Iberoamérica. Por el daño que ha hecho a la Justicia española, merece un justo castigo.
Manuel Trigo Chacón , doctor en Derecho Internacional y autor del libro Pinochet, Nixon, Franco y la justicia Universal , Ed. Visión.