Las uniones homosexuales en América Latina

Por Marta Lamas, antropóloga mexicana y directora de la revista Debate Feminista (EL PAÍS, 30/12/06):

El pasado noviembre, la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México votó, con la mayoría del PRD, las sociedades de convivencia. Inspirada en la figura del Pacto Civil de Solidaridad francés, la “convivencia” se constituye cuando dos o más personas físicas, con capacidad jurídica plena, deciden vivir en un hogar común, con voluntad de permanencia y ayuda mutua, y se otorgan derechos, como los de sucesión y tutela. Con condiciones políticas muy favorables para ser aprobada -pues se presentaba a una fracción parlamentaria de izquierda que tenía mayoría, con un importante apoyo de intelectuales, artistas, académicos y juristas, y una opinión pública favorable ya que una variedad de agrupamientos podían beneficiarse-, dicha iniciativa se congeló antes de las campañas electorales para que el PRD no cargara con los costos políticos de aprobar una ley tan polémica y evitar que, al dañar su relación con el arzobispado, se afectara la carrera hacia la presidencia de López Obrador. Ya pasadas las elecciones, el PRD aprobó la ley de “sociedades de convivencia” y México pasó a ser el tercer país latinoamericano donde se acepta, en un Estado o ciudad, la unión civil de personas del mismo sexo.

El primero fue Argentina. En diciembre de 2002, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires legalizó la unión civil de parejas homosexuales. Los parlamentarios que defendieron el proyecto argumentaron la ampliación de beneficios sociales, la creación de nuevos vínculos no sacramentales, la necesidad de la neutralidad estatal respecto a los ideales de buena vida y la importancia de la igualdad ciudadana.

Muchos beneficios de las parejas inscritas en el registro se limitan a quienes trabajan en el gobierno local: maestros, personal de salud y empleados de las distintas dependencias municipales. Entre otras cuestiones pueden pedir días de licencia para cuidar a su pareja enferma, o de duelo, si fallece, y pueden aprovechar planes de la Comisión Municipal de la Vivienda. Para la población en general constituye un aval para acceder a visitas si la pareja está en terapia intensiva o en una cárcel. No está previsto por la ley que la seguridad social de uno de los integrantes de la pareja deba brindar cobertura al otro, salvo en el caso de la de los empleados del gobierno porteño. Sin embargo, en Argentina hay varios seguros que reconocen la cobertura a parejas del mismo sexo.

Poco después, en 2004, el Estado brasileño de Río Grande do Sul permitía el reconocimiento de las parejas del mismo sexo. El caso de Brasil es interesante, pues desde 1995 la diputada Marta Suplicy, del PT, introdujo el proyecto de ley 1151, que nunca se ha votado. No obstante, se han producido cambios. En São Paulo, en 2005, el Gobierno dictaminó que las parejas homosexuales pueden adoptar mientras que en Río de Janeiro el Gobierno ya otorga a las parejas del mismo sexo los beneficios que el Estado da a sus empleados casados. En 2006, el Supremo Tribunal de Justicia declaró que las relaciones de personas del mismo sexo constituyen de facto una pareja, por lo cual las personas homosexuales que prueben que tienen una relación estable serán tratadas igual que un matrimonio por la Seguridad Social Nacional.

Además de esos tres países, se han presentado iniciativas de ley y recursos legales en Chile, Uruguay, Colombia y Costa Rica. En Chile, en 2003, diez parlamentarios presentaron el Proyecto de Ley de Fomento de la no Discriminación y Contrato de Unión Civil entre Personas del mismo Sexo, que sigue congelado hasta la fecha. El Gobierno de Bachelet reconoce que aunque no es una prioridad en el corto plazo, sí es parte de los compromisos explicitados.

En septiembre de este año, el Senado de Uruguay aprobó y envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que regula las uniones de concubinato que lleven cinco años de convivencia, sean de personas heterosexuales u homosexuales. Todavía los diputados no la discuten y se prevé que lo hagan a mediados del 2007. En Colombia, mientras el Senado discute la propuesta de ley número 43 titulada “Reconocimiento de las parejas del mismo sexo, sus efectos patrimoniales y otros derechos”, el movimiento Por una Colombia Incluyente amplía su base de apoyo entre la ciudadanía, los intelectuales y los políticos. Por otra parte, en Costa Rica, a finales de julio de este año, se presentó un recurso de inconstitucionalidad de las normas legales que prohíben el matrimonio entre personas homosexuales, pero los magistrados todavía no dan su resolución.

Aprovechando que en el Reino Unido existe el matrimonio homosexual, a principios de diciembre un peruano se casó con un británico, en una ceremonia que se celebró en la Embajada del Reino Unido en Lima, Perú. Seguramente este tipo de acciones irán abriendo brecha y “normalizando” esta figura hasta que resulte plausible social y legalmente.

América Latina es una región en ebullición. Pese al catolicismo de la mayoría de su población, hay sustantivas transformaciones en el imaginario social. Tanto los procesos internos de democratización como la apertura de sus fronteras económicas han promovido una noción de justicia que iguala derechos entre personas, independientemente de su orientación sexual. La internacionalización de ideas y prácticas igualitarias libera de restricciones mentales y, paulatinamente, legales, y así el anhelo amoroso de millones de personas encuentra eco en una aspiración democrática básica: el respeto a la diversidad, sexual y de cualquier otro tipo.