Las víctimas silenciosas

El pasado lunes 30 de julio se cumplieron tres años del último asesinato de ETA en España. Dos guardias civiles murieron en Calvià (Mallorca) por efecto de una bomba lapa. Al año siguiente, el 16 de marzo de 2010, aún ETA volvió a asesinar, esta vez en territorio francés, a un policía de este país. Esta fue la última víctima mortal aunque no el último acto violento.

El 20 de octubre del año pasado la banda terrorista anunció el “cese definitivo de la violencia”, que hasta ahora se ha respetado. Sin embargo, hace tan sólo hace unas semanas, en junio pasado, fueron detenidos seis presuntos etarras y se siguen descubriendo almacenes de armas. El entorno político de ETA, el mundo de Batasuna, asegura oficialmente que la violencia es cosa del pasado y que esta decisión no tiene vuelta atrás. Muchos confían en ello, otros, como es mi caso, albergan todavía muchas dudas que sólo se desvanecerán por la disolución oficial de la organización terrorista y la entrega de sus arsenales armamentísticos.

La gestión de este confuso periodo, inédito en la historia del terrorismo etarra, exige sin duda un alto grado de sutileza táctica que debe combinar, por un lado, la normalidad en las actuaciones policiales y judiciales, por otro, el reconocimiento y protección de las víctimas de la violencia y, finalmente, debe facilitar que los terroristas que rompan con la banda encuentren cobijo y amparo social. Todo ello, naturalmente, dentro del ámbito y los cauces del Estado de derecho que garantizan la Constitución y las leyes.

En ese marco debe entenderse el proyecto de ley que el Gobierno, a iniciativa del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, está preparando para que los ciudadanos residentes en el País Vasco y Navarra que tuvieron que desplazar su residencia a otras partes de España debido a la persecución, amenazas y coacciones a que fueron sometidos por los terroristas y sus colaboradores puedan votar, si lo desean, en la circunscripción en la que estuvieron censados antes de abandonarla contra su voluntad, a pesar de que hoy sigan residiendo fuera de estas dos comunidades autónomas.

Se trata de una medida, sin duda excepcional, que repara un hecho más excepcional todavía: que en una democracia no pueda escogerse el lugar de residencia debido a que un grupo político de ideología totalitaria cree un ambiente hostil y violento contra alguien para que no pueda ejercer derechos fundamentales básicos, entre ellos, la vida y la integridad física, la libertad de expresión y los derechos de reunión, asociación y participación política, además del mismo derecho a escoger domicilio.

Esto es lo sucedido en determinadas zonas del País Vasco y Navarra: el movimiento abertzale ha asediado, física y moralmente, al resto de la población mediante el miedo, herramienta fundamental de todas las ideologías fascistas. Los muertos no eran la finalidad sino el instrumento para infundir miedo. Terrorismo proviene de terror: se trata de una actividad que pretende producir un miedo intenso que a unos paraliza y a otros se les hace insoportable. Los segundos se van, buscan otras zonas donde vivir con libertad y seguridad, con la tranquila sensación que podrán expresar sus ideas y convicciones sin que su vida corra peligro. Los primeros se quedan pero están obligados a callar por el miedo que les inspiran los violentos. Hay sin duda unos terceros, los héroes, los que ni se van ni se callan, los que en muchos casos acaban pagando con su vida el ejercicio público y sin complejos de estos elementales derechos. Pero un país que necesita de los héroes no es una democracia, es una dictadura totalitaria, aunque el nombre oficial no sea este.

Desgraciadamente esto es lo sucedido en muchas zonas vascas y navarras: unos abandonaban, los más callaban y unos pocos se comportaban como héroes y arriesgaban con su vida el querer vivir en libertad, como si vivieran en democracia. Pero en estos años hubo en las zonas vascas, además del estruendo violento, una dictadura silenciosa, con víctimas que sobrevivían sigilosamente y sólo hablaban de lo que sucedía en la más estricta intimidad.

Todo comenzó a cambiar con la reacción ciudadana que tuvo lugar a partir del cruel asesinato de Miguel Ángel Blanco, encabezada por el Foro de Ermua y ¡Basta Ya! Sólo entonces se empezó a prestar soporte a las víctimas, sobre todo a las que eran objeto de ataques directos, con frecuencia mortales. Pero se dejó de lado a otras víctimas, no se tuvo en cuenta que, en el fondo, las víctimas, eran todos: los muertos, los heridos, los chantajeados, los que callaban, los que abandonaban. Menos los violentos y sus seguidores, eran todos.

El Gobierno quiere reparar ahora, en lo posible, a los que abandonaron por la fuerza su domicilio habitual, se desplazaron a otras zonas, a veces fronterizas, pero quieren seguir siendo parte de la sociedad vasca y participar mediante el voto en su vida política. Es un acto de justicia, una reparación moral y política que les era debida. Mucho más habrá que hacer por todas las víctimas, sean del tipo que sean. Pero este es, sin duda, un buen comienzo.

Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional de la UAB.

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