Conviene reflexionar sobre la naturaleza violenta del procés porque parte de la opinión pública en Cataluña pero también en el resto de España juzga de forma benévola lo sucedido. En las manifestaciones soberanistas “jamás se rompió nada”, hemos escuchado decir muchas veces, como si la imagen festiva de las movilizaciones, que tan bien se ha vendido en el extranjero, lo resumiera todo. Antes de debatir si hubo un alzamiento violento en la fase final, conviene detenerse en otras formas de violencia (simbólica, institucional, verbal o psicológica) en el desarrollo del procés,más sutiles o soterradas, aunque no vayan a ser juzgadas.
El procés arrancó con una fuerte invasión de símbolos independentistas en los espacios y edificios públicos que, por definición, son de todos. A partir de 2012 empezaron a proliferar esteladas en rotondas, plazas, paseos, parques de bomberos, eventos deportivos e incluso en centros culturales y educativos. Frente a las críticas se quiso zanjar la cuestión afirmando que era libertad de expresión, obviando que las administraciones no poseen ese derecho. Fue una campaña de propaganda e intimidación de las entidades soberanistas para “marcar el territorio”, presionar a aquellos que tenían dudas, crear sensación de unanimidad y proclamar que ya estaba todo decidido. A ello se sumó la desaparición de la bandera española en las fachadas de muchísimos Ayuntamientos y al cambio exprés del nombre de calles y plazas que hacían referencia a la Constitución o a España para sustituirlos con cualquier excusa.
Esa intimidación simbólica en la calle se acompañó de una violencia institucional. Los poderes locales y autonómicos, pero también las universidades, los sindicatos, los colegios profesionales, o las grandes entidades como el Barça, se alinearon a favor del derecho a decidir o hicieron suya la causa secesionista, sin respetar el principio de neutralidad institucional ni la pluralidad interna de unas entidades sociales, culturales o deportivas que son también un reflejo de la sociedad catalana. Fueron decisiones tomadas por sus cúpulas, cuyos dirigentes prefirieron salir en la foto del “momento histórico, excepcional”, en lugar de ser señalados como indiferentes o, peor aún, como disidentes. A ello hay que añadir el tantas veces criticado militantismo de los medios públicos catalanes de comunicación, con periodistas y tertulianos haciendo de portavoces de las consignas secesionistas mañana, tarde y noche, lo cual ha contribuido a fanatizar a una parte significativa de la sociedad. Todo este clima favoreció la violencia verbal contra los contrarios, señalándolos públicamente, negándoseles su catalanidad o llamándoles “fachas”. Tampoco se pueden esconder agresiones contra las sedes de los partidos constitucionalistas o el matonismo de grupos en la universidad.
Por último, está la violencia directa, física, la que aparece en el auto del magistrado Pablo Llarena y que se vincula con el alzamiento para lograr la independencia a partir del 6 y 8 de septiembre pasado. Es mejor no precipitarse a juzgar si los hechos constituyen un delito de rebelión. No obstante, sí conviene hacer algunas consideraciones. A menudo se afirma que sin una visible ostentación de fuerza física no existe sublevación contra el orden constitucional. Si por tal cosa entendemos una rebelión armada, es cierto que no se dio, entre otras cosas porque el golpe no fue militar sino civil. La dificultad para catalogar lo sucedido radica en la novedad del modus operandi. Los líderes del procés, que en la mayoría de casos eran cargos públicos, desde diputados hasta miembros del Govern, derogaron la Constitución y el Estatuto en el Parlament y para legitimar su propósito secesionista utilizaron la fuerza tumultuaria de las masas que ellos mismos habían convocado en colaboración con la entidades soberanistas para hacer inútil la reacción del Estado. Es verdad que la multitud en la mayoría de casos opuso una resistencia pasiva, pero en otros actuó de forma intimidatoria o violenta contra la autoridad. A ello hay que añadir el crucial papel de los Mossos, un cuerpo armado cuya cúpula boicoteó la obediencia al mandato judicial de impedir la celebración del referéndum ilegal del 1 de octubre. Más aún, hay declaraciones inquietantes como la del exconsejero Joaquim Forn (“si hay buena voluntad y se acepta la nueva realidad, no habrá choque entre policías”), que indican que se estaba dispuesto a utilizar la policía autonómica para completar el plan independentista. Más allá de cómo sean considerados penalmente los hechos, en Cataluña hemos asistido a una insurrección, un intento de golpe de Estado, apoyado en nuevas formas políticas de rebelión.
Joaquim Coll es historiador.