Lazos que ahogan como sogas

En el opresivo universo totalitario de 1984, George Orwell recoge el rito diario de estigmatización del otro en un ceremonial bautizado como “Dos Minutos de Odio”. Inspirado en la persecución estalinista del trotskismo en la extinta Unión Soviética, los habitantes de Oceanía estaban obligados a concurrir en este acto de exorcismo ante una pantalla con imágenes de Goldstein, al que profesan un odio cerval, aunque sólo sepan que merece ser odiado y que, por merecerlo, es designado “enemigo”.

Como la realidad imita al arte, quienes participan de querencias despóticas suelen hacer su propia adaptación de la conocida distopía. Así, en la Cataluña que Orwell homenajeó tras intervenir en la Guerra Civil y que hoy es esa “masa de mentiras, evasivas, estupidez, odios y esquizofrenia” que configura el autoritarismo nacionalista al decir del propio autor británico, se ejercita cotidianamente ese rencor bilioso contra el disidente. No se le caracteriza con los rasgos simiescos de Goldstein, el antagonista por antonomasia del Gran Hermano y cuya mera existencia legitima el régimen de esclavitud de los habitantes de Eurasia, pero se le da el mismo trato animal.

Lazos que ahogan como sogasAsí, el mentecato alcalde separatista de L’Ametlla de Mar llama “bicho” a Arcadi Espada por garabatear un par de rayas rojas sobre el lazo amarillo de una rotonda, un energúmeno grita “Marrano, fuera de Blanes” al dueño de un bar que se reserva el derecho de admisión para no ser uniformado con el lacerante lazo y un camorrista le vocifera “extranjera de mierda” a una vecina que deshace los lazos que le salen al paso, al tiempo que el bravucón le parte la nariz de un cobarde puñetazo. Junto a sus víctimas directas, esa violencia de baja intensidad, pero letal en sus consecuencias por sugerir las depuraciones étnicas de las repúblicas balcánicas, desencadena una onda expansiva que supone un aviso de navegantes. En cabeza ajena, todo catalán comprueba las secuelas que, en sus vidas y haciendas, puede acarrearle salirse de la vereda que encarrila hacia el aprisco de la dictadura silenciosa. En estas circunstancias tan comprometidas, el silencio es una forma de suicidio.

No es seguro que el común de los catalanes aprecie como tales estas bestialidades y desafueros. Inoculados con el infeccioso virus nacionalista no sólo no condenan las malas acciones de los suyos, sino que tienen una increíble capacidad para ni siquiera darse por enterados. Igual que le ocurría a muchos alemanes con las agresiones a los judíos primero y luego a otros más. En One, two, three, Billy Wilder lo sintetizó certeramente en una genial escena. En aquella Alemania de la Guerra Fría, uno de los personajes inquiere a otro sobre qué hacía durante el mando de Adolf Hitler. “¿Adolf? ¿Qué Adolf?”, se sorprende. “Tenga en cuenta -se justifica ante el sorprendido interlocutor- que, en aquellos años, era conductor de metro y allá abajo era difícil enterarse de lo que pasaba arriba”.

Al margen del espacio mediático que domina el secesionismo por medio de TV3 y los satélites que orbitan alrededor de la televisión pública, esa socialización del odio encuentra un marco característico en ayuntamientos como el de Vic. Tras plantar 2.500 cruces amarillas en su plaza mayor, lo que propició un incidente con un conductor que se vio arrollado en su derecho al libre movimiento, ahora el consistorio hace sonar consignas, al modo de aquella hipnopedia que persuadía en sueños a los habitantes del Mundo feliz de Aldous Huxley.

Con la puntualidad del reloj de iglesia dando las ocho campanadas, insta a los vecinos a no desviarse de la independencia y a tener presentes a los golpistas, empecinados en presentarlos como presos políticos cuando no son otra cosa que políticos presos. En el lenguaje oficial de la Cataluña orwellizada, las mentiras se convierten en verdaderas y el crimen se transforma en obra respetable.

Pero ojo, la mentira no es un mero instrumento para conseguir el fin que persigue el nacionalismo, sino algo intrínseco sin lo cual éste no podría sobrevivir. En consecuencia, la lucha contra ese patriotismo echado a perder es una cuestión política, desde luego, pero esencialmente moral. Ello justifica plenamente a esos resistentes ciudadanos que están librando, con el arrojo de la desesperación, una batalla capital en favor de la libertad. Con su coraje cívico, hacen bueno aquel aserto del primero de nuestros filósofos de que aquello que no hace el pueblo se queda sin hacer.

Todo ello debido al desamparo del Gobierno, al desnorte de algunos partidos constitucionalistas que no están a la altura de las exigencias del órdago en marcha y la equidistancia de cierta inteligencia que se arroga ser «la conciencia del mundo», pero permanece sorda y ciega ante un proceso que no es de hoy ni de ayer, sino que está ahí desde el principio. Si es que, en el colmo del absurdo, no se criminaliza a esta resistencia cívica, poniendo del revés la verdad y corroborando que, en este país de viceversas, al que grita ¡Fuego! lo llaman incendiario.

Visto con perspectiva, esta condescendencia, rayana en la displicencia en algún epatante caso, rememora la impotencia que removía las entrañas y empapaba en alcohol al escritor Joseph Roth. Como se recoge en el conmovedor epistolario entre ambos genios de la literatura universal, Roth no podía entender la actitud contemporizadora de su amigo y benefactor Stefan Zweig con la Alemania hitleriana, confiado éste en que la situación habría de mejorar indefectiblemente antes de precipitarse en el horror criminal. “¿Aún no lo ve usted? La palabra ha muerto, los hombres ladran como perros”, espeta a quien, a la postre, advertiría tardíamente aquella “filial del infierno en la tierra” que fue el Tercer Reich. En la Alemania de 1933, el autor de La marcha Radetzky -la gran crónica novelada del ocaso de los Habsburgo- ya atisbó que todo conducía a una nueva guerra. Ante la imposibilidad de hacerse oír en medio de aquella locura y tras arrojar al suelo la espada de la razón, Roth saldría corriendo de aquella casa en llamas.

Por eso, contrariamente a lo declarado por la fiscal general del Estado, María Jesús Segarra, lavándose las manos con la jofaina y la palangana de Poncio Pilatos, no se pueden considerar sendas muestras de libertad de expresión tanto la colocación de lazos amarillos -mucho menos si estos se enseñorean de fachadas y balcones oficiales- que su retirada por parte de los acosados con esas insignias que denigran la democracia española por parte de quienes invaden el espacio público y allanan sus derechos fundamentales. Como bien expresa la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la decisión del Consistorio de Sant Cugat de instalar una bandera independentista en una plaza, la “ocupación permanente por un elemento que representa una opción partidista, con vulneración de los principios de objetividad y neutralidad”, entraña “la privatización del espacio público de uso común”. Para el Alto Tribunal, no constituye un acto de obligado cumplimiento obedecer a una decisión del pleno municipal ni puede invocarse el derecho a la libertad de expresión atendiendo a la jurisprudencia del Constitucional.

Empero, a lo que se ve, este veredicto, como tantos otros, ha ido a parar a la papelera municipal, pero también a la de la Fiscalía General del Estado, cuando su doctrina podría extenderse, en pro de la “neutralidad institucional”, a otras invasiones del ámbito público por símbolos independentistas. Es difícil entender algunas cosas cuando tu cargo depende de no entenderlas. No obstante lo cual, no caben equidistancias, sin claro menoscabo del Estado de derecho, entre el cumplimiento de la ley y su vulneración.

Con esa actitud tan negligente, se entiende que el Gobierno tratará de colar de matute como un asunto entre particulares la fraudulenta querella de Puigdemont contra el juez Llanera, cuando se trataba de una desautorización en toda regla del Estado de derecho en España ante los tribunales belgas. Afortunadamente, pese al entripado de la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuyo enfermizo sectarismo la inhabilita para el desempeño de función tan principal, al Gobierno no le ha quedado otra que dar su brazo a torcer por mero decoro institucional. En su común política de apaciguamiento con el secesionismo, tímida si se quiere con Rajoy o temeraria con Sánchez al deberles la Presidencia, la independencia judicial de que ha hecho gala el magistrado Pablo Llarena en la instrucción del golpe de Estado del 1-O se ha revelado de gran incomodidad para ambos presidentes y de plena garantía para la defensa de los intereses generales de los españoles.

Primordialmente, esos lazos amarillos no encierran un acto de protesta. Ambicionan estigmatizar a quienes no asumen el credo independentista y ahogar como sogas a los discrepantes del nacionalismo obligatorio, condenados a sentirse extranjeros en su propio país. A este respecto, la claudicante deserción del Estado ha llegado al extremo de que, sin necesidad de proclamar la independencia, el separatismo ha logrado aquella aspiración que Macià prefiguró en su Constitución Provisional de 1928 en La Habana. En su artículo 115, se disponía que, a la mayor brevedad, una vez proclamada la independencia, los ayuntamientos harían desaparecer de su término todo vestigio público que rememorara personajes, hechos o cosas relacionadas con España. Sin consumar la separación, todo ese proceso se ha hecho a la vista de todos y sin que la mayoría dijera nada.

En ese brete, carece de sentido que el nuevo presidente del PP, Pablo Casado, por diferenciarse de Albert Rivera y de Ciudadanos, se niegue a participar en la retirada simbólica de esos lazos ominosos. Cuando le correspondería arropar ese encomiable movimiento de resistencia contra el totalitarismo secesionista, el bisoño líder del PP arguye que lo hace para “evitar la crispación”. Una muletilla -parece olvidar- que antaño tanto se empleó como arma arrojadiza contra aquel PP que se curtió saliendo en defensa de las víctimas del terrorismo etarra. Claro que han de ser las instituciones quienes lo hagan, pero una manera de inferir su inexcusable misión es esa.

Si Pablo Casado quiere darle una nueva impronta a la organización, y eso fue lo que resolvió el cónclave de su elección, ello no debiera ser excusa para el nuevo líder de un partido que cuando intervino la autonomía catalana por medio del artículo 155 no supo usarlo ni tan siquiera para desprender esos ignominiosos lazos de los frontispicios de las consejerías. Al modo del príncipe de Lampedusa, Mariano Rajoy lo cambió todo para que todo siguiera exactamente igual. De esta guisa, los independentistas han podido reemprender con renovados bríos e igual osadía el trabajo dejado a medias en octubre.

Casado, haciéndose perdonar la vida, no volará del nido. Mucho menos cuando, ante este proceso imprevisible en su desenlace, una España en vilo se guía por un Gobierno que no es tal, sino que confiesa ser un comité electoral. Lo timonea un presidente veleta que tiene una opinión diferente para cada hora del día en función de cómo varíe la dirección del viento demoscópico y cuya palabra se deprecia a la velocidad del bolívar venezolano. Se enfrenta a un Govern que tampoco es tal, sino un comité revolucionario que, cual remedo de la nave de los locos, capitanea el prófugo Puigdemont por medio de su segundo de a bordo Torra. Ambos prosiguen, lazo en mano como los cuatreros del Lejano Oeste, el abortado golpe de Estado.

Francisco Rosell, director de El Mundo.

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