Lo han llamado Fiscal Compact, pero en realidad se trata de un mero corsé presupuestario con el que constreñir tanto a los Estados del euro como a la propia UE. La enésima imposición de la derecha alemana y del directorio Merkozy tampoco va a funcionar. La mayoría de sus medidas están hace tiempo en vigor, resultando ineficaces por sus defectos de diseño; el resto son disfuncionales o simplemente incompatibles con el Tratado de Lisboa (TL). Le llaman pacto y no lo es: arrasa malamente el método comunitario y delinea en el futuro una doble velocidad con una primera marcha, gubernamental, sin más. Seguimos, dolorosamente, en el rumbo equivocado, pecando de los mismos sesgos que la contumazmente errónea respuesta europea hasta la fecha. Diagnóstico equivocado, terapia fallida y recetario desastroso, insensible al daño social causado.
Primero fue Grecia, a la que se presentó como carga inasumible: si se hubiera activado de inmediato un cortafuegos proporcionado, hace tiempo que esa espiral se habría desactivado. Luego vino el Six Pack y la gobernanza del euro (seis medidas de supervisión y regulación financiera), a algunos de cuyos ingredientes los socialistas nos opusimos por su propensión al palo sin ninguna zanahoria y por ignorar por completo el impulso al crecimiento. Ahora, un nuevo tratado intergubernamental ajeno al TL y a sus procedimientos de reforma, que persevera increíblemente en la mala dirección y en la situación más crítica que haya conocido la UE, rayando del naufragio al suicidio, sin que se vea todavía luz al final del túnel. No estamos saliendo de la crisis, ergo no está funcionando.
Los socialistas del PSE hemos denunciado una y otra vez esta sangría disparatada, que no ha hecho sino empeorar la salud del paciente. Se ha desbaratado la lógica de la solidaridad cuando más falta hacía, imponiendo una visión estrecha y autoritaria sobre una Unión en la que algunos son más iguales que otros, como en la pesadilla de Orwell. Incluso los economistas de la ortodoxia más lúcida deploran hoy cómo el que fue un capítulo de una crisis mundial haya venido a transmutarse en una doble recesión distintivamente europea, ante la perplejidad del resto de los grandes actores globalmente relevantes.
Para que un Pacto Fiscal fuera digno de ese nombre debiera no solo ajustar los gastos sino también los ingresos, con la equidad imprescindible para preservar el modelo social sin derruirlo. Abundando en ese enfoque que tanto hemos criticado en el Parlamento Europeo (PE), se retuerce ahora aún más el tono punitivo, sancionador e indiferente a la necesidad de procurar estímulos y financiarlos por medio de ingresos propios de la UE y de mayores ingresos en los Estados miembros. Por ello en el actual debate sobre las perspectivas financieras en la UE se delinea una divisoria entre los contribuyentes netos y los países que precisan de valor añadido en el presupuesto europeo, recursos propios e inversiones con las que salir del bache.
Eso es exactamente lo que estamos discutiendo en el PSE y en el PE, con la participación de relevantes figuras socialdemócratas. Con el aval de Jacques Delors, muchos hemos firmado una hoja de ruta alternativa a la hasta ahora insufrible mayoría conservadora: una estrategia, dirección y relato diferentes. Es crucial remover las inequidades fiscales entre los Estados miembros y las injusticias tributarias en el interior de los Estados. La tasa sobre las transacciones financieras y la imposición de gravámenes prohibitivos sobre la especulación intradie son ingredientes obligados del menú. Pero también, una vez más, la agencia europea de deuda, los eurobonos (del BCE y del BEI) para financiar inversiones en redes transeuropeas (energías, telecomunicaciones, transportes) y en formación, investigación e innovación, y para sacudir el pesimismo de los jóvenes, condenados a una larga recesión y a un bucle de euroescepticismo y desafección inaudita.
La más imperiosa modificación del TL debiera cambiar por fin el diseño del BCE, permitiéndole actuar frente a la especulación con préstamos de último recurso y garantía de liquidez en favor de los Estados, y no solo de los bancos que se enriquecen con la deuda. No necesitamos una reforma que castigue sin compasión a los países que sufran de un persistente déficit de cuenta corriente en beneficio de Alemania, salvo que corrijamos también los desequilibrios que explican los correlativos excesos de superávit. Este mal llamado pacto no presta un segundo de atención no ya a esas debilidades en la armonización fiscal, sino siquiera al crecimiento y a recuperar empleo: los párrafos que mencionan estas variables responden a un copypaste ritual y sin propósito.
De ahí que, en este contexto, inciten a la indignación estos 100 primeros días de Gobierno del PP. Al menos por tres razones. Primera, porque es manifiesta la mentira del ensalmo que pretendían incrustar en el electorado: bastaría con que el PP arribase a La Moncloa para que se les abriesen las aguas del mar Rojo, se produjese el milagro de los panes y los peces y la confianza de los mercados indultase a España. No está pasando: nuestras dificultades se recrudecen, y no es por la herencia recibida. Segunda, porque es humillante la aceptación acrítica de que la Ley de Presupuestos, y el ordenamiento entero, deba exhibir sin disimulo la sumisión a los intereses de la derecha alemana y a las visiones impuestas por la internacional conservadora. Y tercera, y no menor, por esa amnistía fiscal que es simplemente un escándalo. Un premio al fraude de los listos, los que se creen por encima de los demás y de la ley: ninguna solidaridad en el reparto de las cargas y sacrificios de la crisis.
Rezuma todas las trazas de la inconstitucionalidad. Se pretende cancelar la responsabilidad de los defraudadores, no mediante una reforma de la ley penal —lo que requeriría ley orgánica, o una ley complementaria de norma penal en blanco— sino, a la brava, por la ley de Presupuestos. Es descorazonador que lo haga en detrimento de quienes sí han pagado sus impuestos. Por un ridículo 10% de lo que tendrían que haber pagado, más intereses de demora, se recompensa en cambio a cuantos desvergonzadamente hayan eludido sus deberes a Hacienda y a los españoles. Es un escarnio imaginar que esos beneficios opacos y masas de dinero negro provengan de negocios ilícitos o de corrupción pura y dura. El Gobierno del PP disuade a los ciudadanos honrados de cumplir con sus obligaciones tributarias y excita el insaciable apetito de privilegio de quienes carecen de escrúpulos.
Es cierto que el directorio Merkozy podría tener los días contados, e incluso que, irónicamente, ello aliviase al Gobierno tanto como lluvia de abril. Pero ello no significa fiar a franceses y alemanes la tarea inaplazable. Antes, ha habido Asturias y Andalucía, en España. Aquí, la derecha mediática ha buscado, como siempre, infligir una derrota psicológica (esa autoaflicción moral a la que propende la izquierda) previa a la electoral. Muchos no han bajado la cabeza: 30 años de mayorías —en el territorio, por cierto, más poblado y más extenso que ha apoyado por más tiempo un Gobierno socialista en toda la UE—, no han sido por la gracia de Dios, sino por la confianza perseverante de las urnas; incluso en el peor momento, y frente a quienes ocultaban las cuentas que preparaban.
Pero le toca ahora al presidente Rajoy explicar de qué lado está en la discusión que comienza sobre el valor añadido del presupuesto europeo. Vistos los Presupuestos que ha remitido a las Cortes, nos tememos lo peor.
Juan F. López Aguilar es presidente de la Delegación Socialista española en el Parlamento Europeo y vicepresidente en el PSE.