“Le temps des cerises” en el Rif

“En el norte, levantisco de siempre, no hace falta más que una chispa para que todo arda, aunque el día anterior haya sido una balsa de aceite“. Con aquellas palabras un diplomático español, cónsul en Nador, intentaba explicar al diario ABC en el año 1984 la intensidad que las protestas habían alcanzado en la región del Rif durante las llamadas “revueltas del pan”. Desde la independencia de Marruecos, el carácter indómito de la región, así como su distancia económica, social y política respecto del poder central del Estado han sido germen de diferentes episodios de tensión, como el vivido a lo largo del último año en la provincia de Alhucemas, en el Rif central. En esta ocasión, el detonante fue la trágica muerte de Mouhcine Fikri, un joven vendedor de pescado que fallecía aplastado dentro del camión de basura en el que se había introducido para rescatar la mercancía que le había requisado la policía. A partir de ese momento, las concentraciones para pedir justicia por la muerte de Fikri se fueron sucediendo en la ciudad de Alhucemas, y lo que comenzó siendo una manifestación local espontánea de indignación por lo sucedido acabó por convertirse, en menos de un mes, en un ciclo de movilizaciones masivas que se extendieron por toda la provincia. Es entonces cuando se conforma el Hirak al-Shaabi (movimiento popular) del Rif y comienzan a aparecer otras demandas de carácter socioeconómico y cultural entre los manifestantes.

A pesar de los paralelismos que, en un primer momento, se quisieron hacer con la muerte de Mohammed Bouazzi en Túnez, las protestas en el Rif no han sido solo una respuesta a la hogra (humillación por las autoridades), corrupción y desigualdad en la que vive la población, sino también una consecuencia de la periferización que la región ha sufrido desde la independencia del país y del fortalecimiento que el regionalismo, como tendencia política y como movimiento social, ha experimentado a lo largo de la última década en la esfera política regional.

¿Qué distancia a la región del Rif del poder central de Marruecos?

Históricamente, el Rif ha sido representado como una región en tensión con la autoridad central y un foco importante de rebelión y contestación. Su resistencia al poder colonial durante el protectorado español ayudó a fortalecer esa imagen, que se ha perpetuado a lo largo de la historia postcolonial de Marruecos, al haber sido fuente de diversos episodios contenciosos desde que se alcanzase la independencia en el año 1956. Desde entonces, la persistencia de asimetrías de tipo económico, político y social dentro del país ha dado lugar a diferentes conflictos centro-periferia, que han impulsado la emergencia de varias tendencias regionalistas en el Rif.

Aunque la llegada al trono de Mohamed VI supuso la puesta en marcha de una nueva política hacia la región, el ciclo de protesta que ha tenido lugar en Alhucemas a lo largo de este último año ha puesto en evidencia la persistencia de problemas centrales que afectan a la gobernabilidad del Estado marroquí sobre dicho territorio.

Desigualdades económicas interregionales

Desde el punto de vista económico, el desarrollo del Rif, y de la provincia de Alhucemas en particular, ha estado condicionado por el carácter montañoso de su orografía, las dificultades de acceso y comunicación con el resto del país y la ausencia de un plan de desarrollo económico integral y efectivo. Desde la independencia hasta principios de la década de 2000, las políticas públicas destinadas a la región tuvieron un débil impacto en la modernización de la economía regional, que ha tenido sus principales fuentes de riqueza fuera de los circuitos económicos formales, es decir: las remesas procedentes de los rifeños emigrados, el contrabando con Ceuta y Melilla, y el cultivo y comercialización de hachís.

Con la llegada al trono de Mohamed VI, el norte del país se vio beneficiado por su política de grandes proyectos y grandes obras de infraestructura, especialmente en lo que concierne a las redes de comunicación viarias, aéreas y ferroviarias (como la construcción de la carretera “Rocade mediterránea” entre Tánger y la frontera con Argelia, la ampliación de la red de autopistas y carreteras, las mejoras en los aeropuertos de Nador y Alhucemas, la línea de tren de alta velocidad entre Tánger-Agadir y la conexión Taourirt- Nador), la construcción de nuevos puertos y zonas industriales (el puerto Tanger-Med I y II y su zona franca, el puerto Nador West Med y la zona franca industrial extraportuaria de Beni Ensar I y II), la promoción y acondicionamiento turístico de la costa mediterránea, y diversos programas de electrificación rural y alimentación de agua potable.

En el caso de la provincia de Alhucemas, el punto de inflexión en la inversión del Estado en la zona tuvo lugar tras el terremoto de 2004, momento en el que se lanzó un programa de reconstrucción y desenclave de la provincia que incluía la mejora y ampliación de infraestructuras y redes comunicación, medidas para el acondicionamiento rural y urbano e inversiones en los sectores del turismo, la pesca marítima y la agricultura.

A pesar de que la provincia experimentó importantes cambios y mejoras tras el seísmo a nivel de infraestructuras y acondicionamiento, la política de desarrollo del Estado en la zona ha sido fuertemente criticada por varios sectores de la sociedad civil. Su excesivo centralismo y la falta de canales para que instituciones y autoridades subestatales, agentes sociales y población local, puedan participar en la definición de los ejes de inversión han sido vistos como obstáculos para la eliminación de los fuertes desequilibrios interregionales que persisten en la franja mediterránea marroquí. En este sentido, mientras que el eje Tánger-Tetuán y la provincia de Nador han conseguido consolidarse como los dos polos industriales del norte del país, la inversión del Estado en Alhucemas se ha centrado principalmente en el desarrollo de proyectos turísticos, en detrimento de otras actividades económicas, como la recuperación de la estructura industrial, que pudieran absorber la mano de obra desempleada. Esta proclividad ha sido muy cuestionada en los últimos años por diferentes actores políticos y sociales de Alhucemas, al considerar que el Estado solo se ha dedicado a cuestiones superficiales en lugar de a diseñar e implementar una verdadera planificación económica y de desarrollo de la zona.

Cuando la crisis estalla en octubre de 2016 la situación económica y social de Alhucemas, que presenta uno de los índices más bajos de desarrollo local, hizo fácil que el descontento y la sensación de abandono de la población emergieran en forma de protesta social. Así, la falta de oportunidades para una población mayoritariamente joven y en edad de trabajar (64,1%), con una tasa de desempleo del 16,3 % (superior a la media nacional), y dependiente en un 25,1% de las ayudas familiares, favoreció que la muerte de Fikri se convirtiera en un agravio para toda la sociedad local y que las protestas fueran ampliamente secundadas.

Una reconciliación inacabada

Desde el punto de vista político, el Rif ha sido, desde la independencia, el escenario de varios episodios de revuelta y represión que han servido de sedimento a la relación de desconfianza que los rifeños han mostrado hacia el majzén (la corte) y hacia la monarquía. Ese sentimiento de recelo estuvo muy presente durante todo el reinado de Hassan II debido al aislamiento económico y político al que estuvo sometida la región y al desdén público que el monarca mostró hacia su población en diversas ocasiones.

La llegada al trono de Mohamed VI supuso un cambio en las relaciones entre la monarquía y el Rif, gracias a sus frecuentes viajes a la zona y a la inclusión de algunos actores locales en los círculos de poder. A pesar de estos gestos, para amplios sectores de la sociedad civil, la reconciliación definitiva entre la región y la monarquía se encuentra aún lejos, dada la reticencia del Estado a emprender un verdadero proceso de justicia transicional y a dar acomodo a las distintas sensibilidades identitarias que existen en el país.

En primer lugar, las medidas de reparación comunitaria propuestas por la Instancia Equidad y Reconciliación (IER), el organismo creado en 2004 para investigar y reparar las violaciones de derechos humanos cometidas desde la independencia hasta el final del reinado de Hassan II, no han llegado a satisfacer a gran parte de la sociedad civil del Rif, especialmente de la provincia de Alhucemas, donde distintas plataformas vienen reclamando desde 2005 una reparación económica y política más amplia por parte del Estado. Entre esas demandas se encuentran alguna como: la petición de disculpas por parte del Estado por las prácticas represivas cometidas contra la población del Rif en los años 1958-59, 1984 y 1987, el respeto y reconocimiento de los derechos políticos, sociales y culturales de la región, el fin de la política de marginación deliberada del Estado y el establecimiento de un marco democrático de organización que garantice una verdadera autogestión en el Rif.

En segundo lugar, tampoco la regionalización avanzada o la reforma constitucional de 2011 han dado respuesta a las peticiones de reconocimiento de la lengua amazigh (bereber) local, el tarifit, en las distintas esferas de la vida pública, un mayor grado de autogobierno para el Rif y la legalización de los partidos políticos de base regional. La ausencia de estas cuestiones en ambas reformas provocó que las secciones locales del Movimiento 20 de Febrero reaccionaran incorporando la reclamación de autonomía en el Rif a su repertorio de reivindicaciones para el cambio político durante el ciclo de protesta de 2011 y 2012. Aquella inclusión influyó enormemente en la emergencia de unas dinámicas de protesta particulares en la provincia de Alhucemas que pueden ser consideradas como el antecedente de algunas de las acciones emprendidas por el movimiento popular Hirak en este último año. Entre ellas destacan la progresiva localización y especificación de las demandas, en particular las socioeconómicas, y la utilización de la bandera de la República del Rif -antes un completo tabú en la esfera pública de la región- como un modo de expresión de la identidad comunitaria y de un compromiso político que se sitúa fuera de los canales tradicionales del sistema político marroquí.

Para los líderes del Hirak, la movilización social de este último año se asienta sobre la base de unas demandas que, presentes desde hace más de una década entre sociedad civil local, siguen sin ser atendidas. Para ellos, la reconciliación promovida por el Estado solo ha beneficiado a un grupo reducido de personas, las nuevas élites rifeñas que, vinculadas al Partido Autenticidad y Modernidad, han sido incapaces de poder ejercer de mediadores entre el régimen marroquí y los manifestantes durante este último ciclo de contención.

El fortalecimiento de una identidad regional politizada

Desde el punto de vista social, el aislamiento del Rif también ha sido uno de los factores que ha impulsado la creación de los diferentes grupos de sensibilidad regionalista que han ido apareciendo desde los años setenta. Entre estos grupos, las asociaciones amazigh han tenido un papel destacado como fuente de difusión de una conciencia regionalista, y como espacio para la construcción de un marco cultural y unos valores comunes entre la población local. Para la mayor parte de los jóvenes de la región, la militancia amazigh ha sido su principal -sino único- medio en el que han desarrollado su socialización política. No es de extrañar, por tanto, que las banderas que hayan primado en las manifestaciones y concentraciones convocadas a lo largo de este último año hayan sido la bandera del movimiento amazigh y de la República del Rif.

A partir de la mitad de la década de los dos mil, la actividad de la sociedad civil del Rif, y de Alhucemas en particular, en torno a la cuestión regional se fue incrementando gracias a la constitución de varias plataformas dedicadas al debate sobre la regionalización y la autonomía del Rif, como el Foro de Diálogo Norte-Rif, el Foro de Derechos Humanos del Norte de Marruecos y el Movimiento por la Autonomía del Rif. A pesar de que ninguna de estas organizaciones han sido legalizadas por las autoridades del Estado, la expansión de las redes sociales e Internet como medios de comunicación y socialización militante les ha permitido extender el debate en torno a la cuestión regional y difundir su discurso entre la población más joven de la región, como quedó de manifiesto durante las movilizaciones de 2011 y 2012.

Es necesario señalar que aquellas movilizaciones sirvieron de escuela para muchos de los jóvenes militantes del Hirak, tanto en términos de represión policial y judicial, como en lo concerniente a la negociación con las autoridades y a la viabilidad de las demandas. Por todo ello, desde el inicio de la protesta, los líderes del movimiento han insistido en que las manifestaciones se desarrollaran pacíficamente y en torno a reivindicaciones estrictamente socioeconómicas, con el objetivo de sumar a la mayor parte posible de la población y no dar a las autoridades motivos para la represión. Consecuentemente, cuestiones como la reivindicación de una mayor autonomía para el Rif quedaron fuera de las demandas y la presencia exclusiva de banderas amazigh y de la República del Rif en las manifestaciones se ha justificado como un símbolo de referencia regional.

En definitiva, las demandas socioeconómicas, el discurso de marginación deliberada y la simbología regional que han caracterizado el ciclo de protesta del último año en Alhucemas tienen que ser entendidos en perspectiva histórica y como consecuencia de la persistencia de problemas centrales que afectan a la gobernabilidad del territorio, como son los desequilibrios territoriales, un proceso de justicia transicional limitado y las consecuencias de la reconfiguración del sistema neo-patrimonial.

De la tolerancia a la represión del movimiento popular “Hirak al-Shaabi”

La trágica muerte de Mouhcine Fikri, el 28 de octubre de 2016, cuando intentaba recuperar los 500 kilos de pez espada que le había requisado la dirección de pesca marítima y la policía, puso en evidencia dos realidades que forman parte y afectan a la vida diaria de los marroquíes: por un lado, la permisividad de las autoridades hacia el sector informal como medio para garantizar la paz social; y por otro lado, la desprotección de la población frente a las arbitrariedades de los funcionarios.

La incautación de la mercancía respondía a la prohibición existente sobre la pesca de pez espada en esa época del año. Sin embargo, la existencia de esa veda no ha impedido que tanto su captura como su comercialización se realicen durante todo el año a través de redes ilegales que operan en el puerto de Alhucemas con el beneplácito de las autoridades. La arbitrariedad de los funcionarios para sancionar o permitir el desarrollo de actividades ilícitas y la corrupción del sector público son uno de los problemas que más afectan a la población de Marruecos, donde hasta el 48% de los usuarios de servicios públicos se ven obligados a pagar para poder tener acceso a los mismos. No es extraño por tanto que, cuando se difundieron los vídeos y las imágenes de la muerte de Fikri, su hogra se convirtiera rápidamente en la hogra de toda una región.

Durante las primeras semanas que siguieron a la muerte de Fikri, las concentraciones, casi diarias, en la plaza principal de Alhucemas lograron congregar a todos los sectores de la población y auparon a Nasser Zefzafi como líder de la protesta, dando paso a la constitución del autodenominado Hirak al-Shaabi, el Movimiento Popular del Rif. La movilización pasó entonces a girar en torno a unas demandas concretas al Estado: la derogación del dahir de 1958 que establecía Alhucemas como una zona militar; el fin del bloqueo económico de la región y de la corrupción generalizada; mejorar la situación del empleo en la zona y acabar con el paro, sobre todo el juvenil; la puesta en marcha de programas que mejoren la producción agrícola y la creación de infraestructuras industriales; la mejora de la red de comunicaciones de la provincia; la construcción de una universidad pluridisciplinar, institutos de formación, y más colegios; la construcción de un nuevo hospital, de un centro de oncología, dispensarios de proximidad y un centro para discapacitados; el fin de la confiscación de las tierras colectivas; y la inserción de la lengua amazigh en la Justicia.

La evolución del ciclo de contestación ha estado muy influida por su coincidencia en el tiempo con el bloqueo político que, durante seis meses (de octubre a abril), retrasó la formación del nuevo Gobierno. Durante ese tiempo, la ausencia de un interlocutor claro entre las autoridades centrales y la pasividad del majzén en desactivar las protestas, probablemente con la idea de desestabilizar y obstaculizar la posible formación de Gobierno de Abdelilah Benkirán, contribuyeron al fortalecimiento del movimiento de protesta. De esta forma, se pudo poner en marcha un amplio repertorio de acción colectiva, con la organización concentraciones, manifestaciones, grandes movilizaciones en fechas señaladas de celebración (el 10 de diciembre por el Día Internacional de los Derecho Humanos, el 6 de febrero en conmemoración de la muerte de Abdelkrim, el 8 de marzo por el Día de la Mujer, y el 20 de julio por la Batalla de Annual), caceroladas, huelgas, y campañas de boicot contra grandes empresas marroquíes.

El ciclo de protesta tuvo su primer punto de inflexión a finales del mes de marzo, cuando, constituida ya la coalición gubernamental, el nuevo Gobierno comienza a tener un papel más activo en la gestión del conflicto, con el objetivo de acallar las protestas y de evitar una potencial extensión a otras partes del país. Así, por un lado, se busca dar respuesta a las demandas de la población destinando partidas económicas de hasta 900 millones de euros a la puesta en marcha de varios proyectos y a la aceleración del programa de desarrollo “Alhucemas, Faro del Mediterráneo”, que llevaba un gran retraso en su aplicación. Del mismo modo, se decide destituir al gobernador provincial y a veinte autoridades de la Administración central en la provincia de Alhucemas, que son reemplazadas por otras de origen rifeño, atendiendo así a otra demanda histórica, que ya se había recogido en el programa de 18 puntos que los notables locales presentaron al rey Mohamed V tras la revuelta de 1958-59.

Por otro lado, y de forma paralela, se adoptaron otras medidas destinadas a detener las movilizaciones y a deslegitimar al movimiento y sus objetivos. Para ello, fueron desplegadas más fuerzas de seguridad sobre la región, con el fin de disuadir a los participantes en las protestas, y se realizaron varias campañas mediáticas y declaraciones gubernamentales centradas en mostrar una imagen violenta de los manifestantes, a los que comenzó a acusárseles de separatistas y de estar instigados y financiados por “elementos exteriores”.

Ninguna de las dos estrategias consiguió paralizar la protesta. Al contrario, durante los meses de abril y mayo las manifestaciones y concentraciones crecieron en intensidad y frecuencia, mientras el Gobierno se veía incapaz de establecer unos canales de interlocución efectivos con los líderes del movimiento, que no reconocían como mediadores legítimos a las autoridades, representantes de partidos políticos y asociaciones locales con las que se reunían las delegaciones ministeriales en sus desplazamientos a la provincia. Para los líderes del Hirak, tanto el Gobierno como el resto de actores políticos locales eran los responsables de la ineficacia con la que se habían abordado los problemas de la región y carecían de una conexión real con la población, por lo que, en su estrategia de confrontar al poder y reforzar la licitud de su protesta, decidieron elevar sus demandas directamente al rey.

El siguiente punto de inflexión en la evolución del movimiento se produjo a finales del mes de mayo de 2017, cuando, a consecuencia de una ola de arrestos que afecta tanto a los líderes del Hirak como a gran parte de sus miembros, comienza a debilitarse el ciclo de protesta. El desencadenante fue, esta vez, el enfrentamiento que Zefzafi tuvo dentro de la mezquita de Mohamed VI de Alhucemas con el imam, al que le reprochó que estuviera utilizando el sermón y los espacios de culto para desprestigiar al movimiento popular y hacer política en favor del régimen marroquí.

A partir de ese momento, la represión sobre el Hirak alcanzó su clímax en forma de detenciones y de prohibición violenta de las manifestaciones, que han ido progresivamente debilitando al movimiento y haciendo más difícil la continuidad de las acciones de protesta. Se abre entonces una nueva fase en la que el Rey, sorprendentemente ausente durante todo el ciclo de movilizaciones, pasa a ocupar un lugar central en la gestión de la crisis con el que consigue reforzar el papel ejecutivo de la monarquía. Su primer acto tuvo lugar con motivo de la celebración del Día del Trono el 30 de julio pasado, cuando indultó a 146 presos del Hirak. Ésta ha sido la única consideración particular que ha tenido el monarca hacia la situación del Rif. El resto de acciones tomadas en los últimos meses han ido dirigidas a evaluar las acciones del Gobierno y a consolidar su posición como último árbitro y juez en los procesos políticos del país. Para ello, ha instigado la creación de una comisión de investigación parlamentaria y solicitado informes ministeriales y al Tribunal de Cuentas sobre las causas del retraso de los planes de desarrollo en Alhucemas, cuyos resultados han sido utilizados para desacreditar a la clase política del país, destituir a varios ministros y altos cargos y reforzar su posición hegemónica sobre el Gobierno del país.

El aniversario de la muerte de Fikri, el pasado 28 de octubre, pasó casi desapercibido debido a la prohibición de las autoridades locales a organizar ningún tipo de acto que pudiera alterar el orden público y el clima de tranquilidad que consideran que se respira tras la reactivación de los planes de desarrollo en la provincia. Así pues, la protesta del Hirak se desarrolla en la actualidad en las prisiones del país. Con más de 400 detenidos, cada juicio es celebrado como un acto político de defensa del movimiento y de sus demandas, de modo que, durante los procesos, los inculpados no dudan en proclamar lemas como “la muerte antes que la humillación”, ni sus abogados titubean a la hora de comparar dichos procesos con los juicios que se celebraban en el país durante los “años de plomo”.

“El tiempo de las cerezas” parece haber terminado en el Rif, pero la tensa calma que se vive en la actualidad en Alhucemas no debe de servir para infravalorar la trascendencia y el impacto que las movilizaciones han tenido para la provincia y para el resto del país y el sistema político marroquí. A nivel local, la represión ha obligado a muchos jóvenes a emigrar fuera del país, y cientos de familias se han visto abocadas a dividir sus vidas entre las visitas a la prisión y la lucha por la liberación de los detenidos. Al mismo tiempo, se ha conseguido impulsar la reactivación de planes de desarrollo que llevaban años paralizados. A nivel estatal, las protestas en Alhucemas no solo han logrado tener resonancia en otras partes del país, como en Beni Mellal, Imintanout, Ouarzazate, Zagora o Tinghir, donde han surgido manifestaciones, de menor intensidad, para reclamar mayor justicia social, mejores infraestructuras y acceso a la sanidad y la educación; también han puesto en evidencia la existencia de una crisis de representación política, que ya no afecta únicamente a los partidos políticos, sino a otras formas de representación, como las organizaciones y asociaciones de la sociedad civil. Por último, las protestas han conseguido mostrar tanto los déficits de gobernabilidad del Estado sobre el territorio como las debilidades de los mecanismos de gobernanza existentes en el país.

Ángela Suárez-Collado, Postdoctoral Fellow del Área de Ciencias Políticas y Administración Pública, Universidad de Salamanca.

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