Leales e inmaduros

Por Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de la Junta de Extremadura (ABC, 09/09/03):

La filtración de un borrador con el esquema del proceso de creación de una «comunidad libre asociada de Euskadi» nos permite asomarnos al barranco por el que se desliza el país por culpa del choque de trenes de los nacionalismos enfrentados del PNV y el PP. A Aznar le ha dolido mucho que Zapatero repitiera con la máxima solemnidad en las Cortes una cosa que muchos decimos hace tiempo, que Aznar es, como mínimo, corresponsable del despertar del independentismo, que nunca había alcanzado el estatus de problema político de la agenda diaria hasta su gobierno. Antes, con Felipe González, era una hipótesis teórica, ahora es un programa, no ya de partido, sino de Gobierno.
Por eso, porque les ha dolido, es por lo que de repente nos ofrecen un pacto para preservar la estabilidad del modelo territorial, para resistir a los chantajes nacionalistas. Se entiende que el PP proponga un pacto para estabilizar el modelo autonómico, pero eso no puede querer decir paralizarlo por el hecho de que haya presiones nacionalistas, salvo que se les reconozca a los nacionalistas una especie de derecho de veto, que es lo que les gustaría. Estabilizar el sistema es también dotarlo de los mecanismos que ahora le fallan, que ahora le impiden ser mejor, por ejemplo el Senado o una mejor participación europea. Hay que enfrentarse a los nacionalismos, no con nada que huela a centralismo, sino todo lo contrario con sistemas y soluciones verdadera y profundamente autonomistas. Ellos seguirán pensando como piensan, es una cuestión ideológica, pero tendrán menos cobertura, menos coartadas. Perfeccionar el sistema autonómico es una solución para todos, para los territorios leales y para frenar a los nacionalismos.

Y a eso responde el documento aprobado por el PSOE hace pocos días. Yo creo que la opinión pública entiende que el sistema autonómico no puede pararse, ni por temores injustificados del PP ni por una especie de veto implícito del País Vasco. Si hubiéramos tenido que esperar a que el País Vasco fuese una balsa de aceite para plantearnos reformas políticas en España, a estas alturas no tendríamos ni Constitución. La situación vasca no puede ser la coartada para impedir desarrollos lógicos del sistema autonómico. Al contrario, los nacionalistas vascos deben ver cómo otros territorios alcanzan mayores cotas de poder y de corresponsabilidad, mientras ellos siguen bloqueados por el terrorismo y las propuestas nacionalistas. Es una transferencia del coste, las reformas avanzan para todos, salvo para aquellos que prefieren el vértigo a la felicidad de todos sus ciudadanos.

Nuestra idea de España puede ser parcialmente diferente a la de los populares (el PP a veces incurre en parecidos excesos nacionalistas a los que con tanto ardor combate en otros espacios), pero nuestro rechazo de los planes secesionistas es tan duro y tan franco como el del Gobierno.

Bueno, pues con este panorama, ahora resulta que, tanto demonizar a los nacionalistas, y sin embargo el PP quiere convencernos de que es Maragall quien pone en peligro la unidad nacional. El PP, cuarta fuerza política en Cataluña, va a tener que dar muchas explicaciones de por qué prefiere que en esa comunidad ganen los nacionalistas antes que gane el PSOE. Años lleva echando sobre CIU todas las responsabilidades, recortando compromisos que Aznar asumió cuando estuvo en minoría, y olvidando concienzudamente ese catalán que hablaba en la intimidad, como para que ahora nos creamos que CIU es fiable para la integridad nacional y, sin embargo, el PSC es la amenaza. Las propuestas de Maragall no atacan las bases de la Constitución, como sí hacen las de los nacionalistas. Y eso es lo que preocupa en el PP, un catalanismo no nacionalista, sino solidario y muy pendiente de lo que pase en Madrid. Ese nuevo aire que puede venir de Cataluña es lo que preocupa a Aznar, porque ya no tendrá un espantajo nacionalista con el que asustar en Albacete. Por eso las baterías se centran ahora en Maragall, porque su victoria no es peligrosa para España, sino peligrosa para el PP.

Se quiera o no se quiera, se vea o no se vea, la Constitución de 1978 dibujaba, pero no previó en toda su amplitud y complejidad la España resultante en el 2003. Las reformas que pedimos en el documento de Santillana no persiguen apaciguar a nacionalistas secesionistas; persigue que los que seguimos siendo leales a España y a su Constitución no estemos atrapados entre dos concepciones dogmáticas. Un Estado como el nuestro no puede funcionar mejor de lo que lo hace por la ceguera de unos y por la traición de otros. Dos administraciones paralelas, la central y la autonómica, sin encontrarse jamás y sin poder diseñar políticas comunes y corresponsables. La Constitución diseñó un Senado para un país centralista; puede seguir como está el tiempo que se quiera pero no cumple la función que haría mejorar nuestro entendimiento y nuestra capacidad de cooperación. Esa misma Constitución no previó que en el 2003, España ya no sería un país de emigrantes sino que tendría que enfrentarse al fenómeno de la inmigración. Los inmigrantes, legales o no, se asientan siempre en una Comunidad Autónoma. ¿No es lógico reclamar un lugar de encuentro para poder abordar respuestas desde todas las Administraciones? El nuevo Estado constitucional diseñó un modelo de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado pensando en el Estado pasado y no en el que hoy existe. ¿A quién le parece insensato o rupturista que ese modelo se adapte a la nueva realidad plural y descentralizada? ¿Es más eficaz la mezcolanza de policías que existen hoy para que nos sintamos más seguros o la reflexión de abordar una policía estatal y otra local o regional definiendo claramente las funciones y cometidos de cada una y las responsabilidades de quien esté al frente de las mismas? Los Tribunales Superiores de Justicia de las CCAA no son más que un remedo de las antiguas Audiencias Territoriales con la diferencia de que la Sala de lo Civil y Penal de los primeros sestean esperando que un político regional cometa un delito para poner en marcha el mecanismo, mientras el Tribunal Supremo se colapsa por una ciega interpretación de la Justicia en un país descentralizado.

¿En qué rompe estas propuestas la unidad nacional? ¿Cuáles son los peligros para la integridad territorial? ¿Que no van a solucionar el problema del independentismo? Ya lo sabemos. Ese es otro problema o mejor dicho el gran problema de nuestra convivencia, pero lo que yo propongo son soluciones para que España funcione mejor, los servicios sean más eficaces, los ciudadanos estén más seguros y los leales no veamos paradas nuestras justas demandas por el poder de veto de los desleales y de los inmaduros políticos que, al igual que los adolescentes, necesitan sentir el vértigo de abandonar el hogar familiar. Cuando vean que sus hermanos mejoran sus posibilidades y que su sentimiento de pertenencia convierten a España en un país avanzado, moderno y donde todos se encuentran cómodos sintiéndose españoles como quieren ser, sentirán vergüenza de ser tan cretinos y tan infantiles.