Lecciones catalanas

Por Aurelio Arteta, catedrático de Filosofía Moral y Política de la Universidad del País Vasco (EL PAÍS, 17/11/05):

Suele descuidarse la indudable función didáctica de la vida pública y se olvida que ésta (permítanme el doble sentido), al “enseñar”, enseña. A la vista de las reflexiones y las conductas que se exhiben en ese amplio escenario, la gente siempre aprende para bien o para mal. ¿Qué otra cosa va a ser para ella la política sino lo que dicen y hacen los políticos? ¿Y qué la democracia, como no sea lo que de ella escuchan y ven practicar a nuestros demócratas gobernantes? Repasemos entonces algunas lecciones que el ciudadano aplicado ha podido extraer del barullo promovido en torno al proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña. No son, desde luego, las lecciones que procuro transmitir en mis cursos.

1. La primera es que la política de nuestros días consiste a fin de cuentas tan sólo en continua negociación. Una negociación un tanto diferente de las que tienen lugar a diario en el mundo de los negocios, pero no de muy distinta naturaleza. Tampoco aquí está en juego algo que se refiera inmediatamente al bien general, salvo en la retórica de costumbre, sino una por una al interés particular de los partidos que son los protagonistas. Como en cualquier negociación, también en ésta sobra el discurso argumentado o la invocación de grandes principios, porque a los interlocutores les vale más echar mano de su capacidad de presión y amenaza. Y si tal es su naturaleza, el espacio secreto le será más acogedor que el público.

2. Si todo en política es negociable, también las palabras políticas: éstas serán definibles a voluntad y según la coyuntura demande. Así lo han dado a entender personajes principales del Reino. De suerte que delimitar el significado de una idea -pongamos “nación”- que imprime el sentido y fija el alcance de un proyecto colectivo se juzga tarea de escaso interés, porque la política no debería entretenerse en disputas de palabras. Pero bien sabemos que no son meras voces las que están en litigio, sino los conceptos que aquéllas designan, y el caso es encubrir o posponer el conflicto con algún cliché verbal. Esos arreglos de fachada a veces resisten un tiempo, pero más pronto que tarde saltan los desconchados.

Renunciar a esa clase de polémica trae consigo el deterioro de un régimen democrático, si es verdad que éste tiene como cometido ideal el más intenso uso público de la palabra acerca de los asuntos de todos. Antes incluso, semejante dejación supone desdeñar el poder activo de esas nociones que el vocabulario político transporta. Así como abundan los problemas prácticos nacidos de malentendidos teóricos, no hay conflicto público que no sea asimismo un combate entre significados enfrentados con miras a imponer su dominio. Las batallas democráticas comienzan a ganarse o perderse en el momento en que consiguen arraigar en la conciencia de las gentes y en el uso general un sentido u otro de ciertas palabras capitales. Un ejemplo entre mil: ¿acaso en este país no van ganando la partida quienes lograron que tantos cuitados mencionen a cada paso “el Estado” cuando quieren referirse a “España”?

3. Quizá como una variante de lo anterior, algunos sesudos constitucionalistas han sentenciado para la ocasión que los preámbulos de las leyes carecen de valor jurídico. Y uno se hace cruces del sentido jurídico, y de paso cívico, de tales juristas. Pues, si estuvieran en lo cierto, de la norma importaría tan sólo el hecho de obligar, y no la razón por la que obliga. Al parecer no habría vínculo forzoso entre lo uno y lo otro, como si de tales premisas invocadas en la “exposición de motivos” no se pretendiera deducir justamente los precisos derechos y obligaciones que se enuncian en su articulado. Pero si la justificación no cuenta, entonces todo queda sin justificar y en suspenso. Se nos prescribe obediencia, pero -como a súbditos- nos invitan a obedecer sin preguntar el porqué. Es otro modo de decir que, en asuntos de esta índole, sólo debemos atender a su legalidad sin caer en la tentación de hurgar en su legitimidad. O sea, sin que nos preocupe la tarea de asentar la ley en una razón moral universalizable.

4. Se repite hasta la hartura la tesis de que todo vale en democracia con tal de acomodarse a ciertas reglas de procedimiento. Y la gente entiende que, guardadas estas formas, podemos desentendernos de un contenido cuya bondad se nos dará por añadidura. Sospecho que tan descansado pensamiento tiene una fórmula aún más general y un precedente nada lejano.

Pues ha venido a ser creencia casi común por estos pagos que los medios pacíficos de que se sirva, y nada más que por no ser violentos, otorgan a una acción o proyecto políticos la firme presunción de democráticos. Se trata seguramente de una de las mayores distorsiones que ha producido en la conciencia colectiva la brutal situación vivida en el País Vasco. Igual que en Euskadi lo único o lo que más importaba era acabar con el terrorismo y entre tanto unas cuantas medidas censurables pasaban como de puntillas, así también en Cataluña y en Galicia las incesantes mercedes a los nacionalistas apenas eran objeto de crítica porque no venían amparadas por la amenaza terrorista. Allí cuestionar ciertas políticas carecía de sentido o de oportunidad mientras se matara (y a menudo también como precio para dejar de matar) y acá precisamente porque no se mataba. De suerte que, en uno y otro lugar, indecente era sólo el acto criminal; decente y enseguida democrático, al contrario, todo lo que discurriera por cauces pacíficos, incluidas las probables aberraciones.

Eso que es condición necesaria de la política a secas se convierte así en condición necesaria y suficiente de la política democrática. “En ausencia de violencia”, se matiza con cacofonía, y lo que indica tan sólo el ingreso en un estado civil resplandece ante el ciudadano medio como el síntoma más palmario de llevar una vida democrática. Por si hiciera falta resaltarlo, así se comprenden las reticencias con que muchos declaraban (o, mejor, declamaban) su ritual condena de ETA. Se limitaban a abominar de sus medios terroristas, a fin de no entrar a dirimir la justicia de sus fines, que eso podría acarrearles algún embarazo que otro. Y tampoco habían de mostrar excesivo ardor en el repudio de esos medios quienes, vascos o catalanes, propugnan objetivos similares y desde justificaciones etnicistas afines.

5. Tan roma y perezosa como la anterior, el debate acerca del Estatut está consagrando a diario otra paralela reducción del discernimiento político. A saber, la que equipara lo mayoritario sin más con lo democrático y proclama que, a mayor mayoría, más impecablemente democrático será el acuerdo que adopte. Así que mucho cuidado a la hora de atreverse a introducir algún cambio en un asunto tan atado y bien atado. Es verdad que, por ahora, la única mayoría efectiva ha sido la de los parlamentarios catalanes, pero todo se andará… Expertos en la aritmética parlamentaria, nuestros políticos profesionales no muestran parecido dominio de asignaturas como la historia o la filosofía políticas. Regímenes autoritarios como el franquista, totalitarios como el nazi y el soviético, o populistas de variado pelaje contaron en su inicio o después con abrumadoras mayorías que los refrendaron.

Y es que la voluntad de la mayoría, y más si se presume desinformada, manipulada, temerosa o indiferente (como, por desgracia, resulta lo habitual), sólo será la máxima expresión política de la mayoría. No siempre, ni mucho menos, merece además el calificativo de democrática. La desidia o la simpleza confunden esa legitimación que otorga el respaldo social con la legitimidad moral, que es algo más hondo. Una resolución mayoritaria que cercenara derechos fundamentales de alguna minoría sería sin lugar a dudas antidemocrática; el acuerdo unánime de una parte, pero que contraríe las necesidades o derechos del todo en que se integra, nada tendría de respetable. ¿Habrá que repetir que la democracia no es sólo ni primero un procedimiento para la toma de decisiones mediante el sufragio popular ni se limita al empleo de la regla de la mayoría? Todo ello la rebaja a simple técnica, a poco más que un mercadeo político para la expresión y suma de las preferencias individuales en torno a lo común. La democracia, junto a instaurar sobre todo el principio de igualdad de los sujetos políticos, aspira a poner las condiciones que ayuden a educar la voluntad cívica de estos sujetos.

Por supuesto que, siendo también un modo de decidir, todo régimen democrático se dispone al final a contar votos. Pero antes, a fin de que la votación adquiera pleno sentido, habría de procurar informar, enriquecer y contrastar las voluntades que se expresarán mediante esos votos. A falta de este empeño en extender la competencia ciudadana, tratemos al menos de no pronunciar el nombre de “democracia” en vano. Pues algo esencial falla cuando sólo unos pocos representados conocen, o están interesados en o poseen criterios propios acerca de eso que cambiará su vida ciudadana y que, sin embargo, aprueba una abultada mayoría de sus representantes parlamentarios.

6. Por eso creo, en fin, que el momento presente requiere bastante más que el obsesivo ir y venir en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad del intento reformador. La mentalidad reinante da por descontado que la mirada legal agota el examen de estas cosas y nos ahorra cualquier otro juicio político. Pero la Constitución, que los nacionalistas sólo ven como una camisa de fuerza que les impide encajar sus desaforadas demandas, tampoco es un texto sagrado al cuidado de una casta de intérpretes cuyo dictamen zanja sin remisión los más enconados desacuerdos políticos. Esa Constitución no ha venido del cielo ni se basta a sí misma, sino que buscó plasmar los principios democráticos en nuestro aquí y ahora, y se justifica en la medida en que alcanza a plasmarlos. De ella importa, pues, menos su letra particular que su espíritu universal y por eso resulta más grave contravenir éste que aquélla. Así las cosas, ante varias premisas y pronunciamientos básicos de aquel proyecto de Estatuto suena a muy poco decir que no son constitucionales. Lo debido sería decir que no son democráticos.