No existe arma más potente para dividir a las sociedades que el nacionalismo radical. El nacionalismo se define por adjudicar a una colectividad de individuos unas características identitarias que la diferencian del otro. Si esas diferencias se convierten en herramienta política para imponer sobre los demás, por encima de la ley, un marco de convivencia distinto del acordado, es inevitable que el otro se rebele. Puesto que el nacionalismo está basado en sentimientos y no tiene el monopolio del corazón, la escalada puede resultar en una cacofonía letal para la convivencia. Para los catalanes que hemos nacido después de la Transición, ningún conflicto político, nunca, había generado unas fracturas humanas y emocionales tan profundas y tristes como lo ha hecho el nacionalismo separatista.
La ley es el único espacio donde los “salvajes” somos capaces de encauzar el conflicto de forma pacífica, resultante de la infinita variedad de intereses, cosmovisiones e identidades. La defensa de la Constitución no es un argumento “jurídico”. No se me ocurre argumento más genuinamente político. Hasta que las democracias liberales se inventaron las constituciones y se estableció el monopolio de la violencia del Estado para defenderlas, primaban los privilegios por cuestión de clase, de raza, de sangre o de religión, por encima de la igualdad y de las libertades civiles. Resulta cuando menos sorprendente que una buena parte de la izquierda siga sin entender que sin ley es imposible la igualdad.
La democracia es más que votar. Existen unas reglas básicas que deben respetarse para evitar la “tiranía de la mayoría”, proteger los derechos de las minorías y garantizar cierta estabilidad. Por esa razón, cuestiones como los derechos fundamentales o la unidad territorial están excluidas de la regla de la mayoría simple. Como es sabido, para cambiar el Estatuto de Autonomía son necesarias dos terceras partes del Parlamento catalán. Sin embargo, los días 6 y 7 de septiembre, una mayoría de poco más del 50% del Parlamento catalán aprobó unas leyes de ruptura que dinamitaban la Constitución y 500 años de relación con el resto de España. Si los procedimientos democráticos establecidos en la ley no se respetan, no hay democracia posible.
El referéndum no puede ser una solución justa. Aunque fuera posible, un voto binario no podría capturar jamás la pluralidad de cosmovisiones e intereses de los catalanes. Cuando a los catalanes se les pide en las encuestas que elijan entre un “Estado independiente”, “una Cataluña dentro de una España federal” o “una comunidad autónoma”, el apoyo a la independencia cae sistemáticamente por debajo del 40%. Como ha escrito Pau Mari-Klose en estas páginas, en Cataluña no existe un solo pueblo. Existen enormes divergencias en el apoyo a la independencia marcados por el origen, la renta o la geografía. Por ejemplo, según datos de un estudio de la propia Generalitat que cita Kiko Llaneras, solamente la tercera parte de los catalanes que ganan 900 euros o menos apoyan la independencia, mientras un 54% de los que ganan más de 4.000 euros la apoya. ¿Sería justo que la mitad más uno de los catalanes impusiera sobre el resto los gigantescos costes económicos y emocionales de una ruptura que en realidad no desea claramente ni el 40%?
Para recuperar soberanía debemos construir más Europa, no destruirla. Abrir la caja de Pandora de la fragmentación de las naciones europeas es un ataque a la línea de flotación del proyecto europeo. No es a través de construir nuevas fronteras como los ciudadanos europeos (catalanes o de otro lugar) recuperarán la soberanía que demandan. Los intereses de los catalanes y de los españoles en el mundo son los mismos: queremos que las grandes empresas no evadan impuestos, queremos instituciones independientes que garanticen la competencia, queremos tener la fuerza para poder negociar acuerdos comerciales justos, queremos leyes medioambientales efectivas, queremos construir una defensa común que nos proteja de un mundo cada vez más inestable. Cataluña ya de por sí es una de las regiones del mundo con mayor autogobierno. Es ilusorio pensar que puede ganar soberanía separándose de España, porque inevitablemente en el futuro para ganar soberanía tendrá que, paradójicamente, cedérsela a Europa.
El relato del nacionalismo es también populista. Decía Emmanuel Macron recientemente en la Sorbona que la combinación de nacionalismo, populismo y posverdad es la mayor amenaza a la que se enfrentan nuestras democracias. El mundo no se divide entre buenos y malos (Cataluña versus España; la gente versus la casta; los nativos versus los de fuera), y las soluciones a los problemas complejos nunca son sencillas (salir de España, echar a los inmigrantes, salir de Europa). Como los griegos tras la victoria de Tsipras o los británicos tras el Brexit, el nacionalismo separatista catalán se ha dado de bruces contra la realidad. Los bancos y todas las grandes empresas, con larguísimo arraigo histórico en Cataluña, se han marchado. Como en otros lugares, los líderes que han construido el relato hacia el abismo han escondido de forma deliberada y consciente los enormes costes de la independencia.
Estar en contra de la independencia de Cataluña no significa ser nacionalista español, ni tampoco ser de izquierdas o de derechas. La reivindicación de millones de personas en Barcelona y en otras ciudades ha sido, sobre todo, en defensa de la sociedad abierta y en contra de la imposición de dogmatismos caducos que nos dividen, nos alejan de Europa y nos empobrecen. Jürgen Habermas popularizó el concepto de “patriotismo constitucional” en los años ochenta, como una idea de patriotismo posidentitario, definido por la adhesión a unos valores universales comunes, de carácter democrático, plasmados en la Constitución. Ese patriotismo inclusivo basado en la idea de ciudadanía es la mejor forma de integrar la diversidad en la globalización.
España ha fracasado en construir un proyecto de futuro ilusionante. Pero no es tarde para reconstruirlo. La inacción puede ser una estrategia política efectiva para mantenerse a flote cuando tu partido está podrido de corrupción, pero no lo es para abordar retos políticos como el que se plantea en Cataluña. España necesita ofrecer un nuevo proyecto colectivo ilusionante, sobre la base de ese patriotismo civil, que asuma la diversidad como una fortaleza y no como un instrumento de confrontación, que sea radicalmente europeísta y reformista, que aborde una profunda regeneración de las instituciones y establezca las bases de una economía para liderar la globalización. A corto plazo, si Puigdemont no tiene la valentía de poner unas urnas democráticas, el Gobierno debe concretar una fecha electoral en Cataluña, lo más cercana posible, que aporte un horizonte de estabilidad y acabe con la sangría económica que el separatismo está imponiendo a los catalanes. A medio plazo, los catalanes y el resto de españoles deberán votar una nueva Constitución que corrija y mejore las ineficiencias de nuestro Estado federal.
Antonio Roldán Monés es diputado y portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados y secretario de Programas de Ciudadanos.