Lecciones de las crisis del pasado

El cierre sin precedentes de gran parte de la economía estadounidense, ordenado por los gobiernos federal, estatales y locales es comprensible dada la necesidad de ralentizar la propagación del coronavirus. Sin embargo, con demasiada frecuencia las intervenciones estatales bien intencionadas y, a menudo, prolongadas impiden a los mercados trabajar como es debido y, en consecuencia, hacen más mal que bien. Incluso en tiempos de crisis, los mercados solucionan bien los problemas, porque proporcionan los incentivos correctos para usar los recursos con eficacia.

Por ello, las autoridades que combaten la pandemia del COVID-19 deberían hacer lo posible por mantener funcionando a los mercados y estimular la iniciativa privada. La historia puede servir de útil guía en estas materias.

Para comenzar, el gobierno debería imponer restricciones mínimas a las firmas y sus empleados cuando convoque al sector privado para enfrentar emergencias temporarias, ya sea producir tanques en la Segunda Guerra Mundial o ventiladores hoy. Las políticas de gobierno ajenas o excesivamente agresivas suelen obstaculizar la recuperación y el bienestar general de la economía en el largo plazo. De hecho, en la mayor parte de los casos (con algunas excepciones delicadas), menos regulaciones es una buena receta para el éxito económico. Por ejemplo, ¿por qué no flexibilizar los requisitos ocupacionales a los médicos y enfermeras jubilados para ayudar a aliviar la presión en los hospitales sobrecargados?

También es crucial preservar la responsabilidad individual. Las frecuentes intervenciones del gobierno en grandes disputas sindicales durante las administraciones de los Presidentes John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson siempre acabaron con un acuerdo en la Casa Blanca, con lo que se destruyó la negociación privada, ya que los ejecutivos y los sindicatos guardaban sus mejores propuestas hasta llegar a Washington. Pero cuando el Presidente Richard Nixon se enfrentó a una huelga de estibadores en 1969, hizo saber a las partes que debían hacerse responsables de las negociaciones y solucionar el problema por sí mismos, lo cual terminaron haciendo.

Tampoco las autoridades deberían intervenir en la fijación de precios. Habiendo heredado presiones inflacionarias en toda la economía, la administración Nixon acabó por introducir controles obligatorios de salarios y precios en 1971, con amplio apoyo parlamentario. Aunque al principio estas medidas parecieron funcionar, acabaron dañando la economía. En contraste, el Presidente Ronald Reagan volvió a políticas macroeconómicas ya probadas: levantó la carga regulatoria y redujo raudamente las tasas tributarias, todo lo cual funcionó donde las intervenciones de gobiernos anteriores no lo habían hecho.

Otro principio guía es dejar que los mercados se ajusten por sí mismos. En el verano de 1971, el gasto deficitario y la inflación nacional estadounidense hizo que el dólar se sobrevaluara, generando una corrida a Fort Knox (donde se guarda el oro estadounidense), en que los países europeos comenzaron a cambiar sus monedas a una tasa fija por oro. Nixon cerró la ventana de oro y tomó medidas hacia la adopción de un sistema global de tipos de cambio flexibles.

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Tras una lucha inicial para defender este nuevo régimen, acabó por funcionar bien. Como explicara posteriormente Milton Friedman: “Supongamos que hubiésemos continuado con el sistema de tipos de cambio fijos (…) Cuando estalló la guerra árabe-israelí (1973) y cuando se hizo efectivo el embargo petrolero, habría ocurrido una grave crisis financiera internacional (…) Nada de eso ocurrió. ¿Por qué? Porque había un sistema de precios flexible.”

De manera similar, las autoridades no deberían dejar que la magnanimidad pública desplace a los mercados privados. Poco después de la caída del Muro de Berlín, el líder de la Unión Soviética Mijail Gorbachov estaba en problemas políticos porque la economía de su país había comenzado a desmoronarse. Para no “perder a Rusia” los líderes mundiales urgieron a los Estados Unidos a impulsar un gigantesco rescate que incluía la entrega de una gran cantidad de los excedentes de trigo del gobierno estadounidense. Pero eso habría destruido la agricultura soviética, que en parte no había estado sometida a los controles de los planificadores. La administración del Presidente George H.W. Bush mantuvo su ayuda al mínimo y la crisis fue resuelta por los mercados.

Más gobiernos deben apreciar que los mercados abiertos mejoran los resultados económicos. Cuando el Presidente iraquí Saddam Hussein invadió Kuwait en 1990, los precios del petróleo subieron al equivalente actual de cerca de $200 por barril. Las dos recesiones más profundas sufridas por EE.UU. después de la Segunda Guerra Mundial habían seguido un patrón similar de aumento del precio del petróleo, por el embargo petrolero árabe y la Revolución Islámica de Irán. De hecho, una de las propuestas en ese entonces fue cerrar el mercado de futuros del petróleo. Tras un debate más bien intenso, prevaleció la sensatez y los mercados siguieron abiertos.

Es necesario que las intervenciones a los mercados actuales se puedan deshacer. Algunas veces un gobierno debe actuar para impedir que se abuse de algunas de sus medidas previamente deseables y se amenace el funcionamiento de un mercado vital.

Así fue cuando el gobierno estadounidense solucionó la debacle de le entidades de ahorros y préstamos (S&L, por sus siglas en inglés) a principios de la década de los 90. La combinación del seguro federal a los depósitos y la transferencia de los fondos de pensiones a este permitió que varias de estas entidades siguieran funcionando a pesar de su insolvencia, asumiendo riesgos de inversión cada vez mayores, al tiempo que pagaban tasas de interés cada vez más altas para que el dinero siguiera entrando. Era una amenaza para la savia de las instituciones financieras solventes, así que la adquisición de varias entidades de ahorro y préstamo insolventes, si bien impopular, limitó los daños en última instancia.

Los gobiernos deben prestar atención a intervenir adecuadamente. Tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, la administración del Presidente George W. Bush trabajó para mantener abiertos los mercados. La tarea inmediata era cortar la financiación de al-Qaeda sin perturbar los flujos financieros globales necesarios para el crecimiento económico. La estrategia tuvo éxito: la economía no se estancó, y posteriormente la Comisión del 9/11 adjudicó a la respuesta de políticas económicas de la administración su única calificación “A”.

Por último, las autoridades deben centrarse en el impacto económico. Durante la crisis financiera global de 2008, el Congreso aprobó un paquete de “estímulo” temporal de reembolsos tributarios, en momentos en que una mentalidad de hacer rescates financieros había empezado a formarse antes ese año con la operación de Bear Stearns. Pero la gente mayoritariamente ahorró los rembolsos y la economía siguió cayendo. En consecuencia, durante la pandemia del COVID-19, se debe alentar a los contribuyentes estadounidenses a que gasten los pagos de efectivo temporales que les haga el gobierno federal, y en sectores de la economía que sigan funcionando y puedan crecer en el futuro, como las ventas en línea y el teletrabajo.

Si miramos más allá de los actuales imperativos de salud pública, Estados Unidos debe desarrollar una estrategia económica que no anule a los mercados. Para una efectiva implementación de tales políticas será necesaria una constante interacción entre el gobierno y los actores del sector privado., a menos que la inercia burocrática y los trámites innecesarios ralenticen la fluidez de esta relación. Esa ha sido la lección de muchas crisis pasadas: Mantener abiertos los mercados y fortalecer los incentivos a los privados.

George P. Shultz, a former US Secretary of State (1982-89), Secretary of the Treasury (1972-74), and Secretary of Labor (1969-70), is a fellow at the Hoover Institution. He is the co-author (with John B. Taylor) of Choose Economic Freedom. Michael J. Boskin is Professor of Economics at Stanford University and Senior Fellow at the Hoover Institution. He was Chairman of George H.W. Bush’s Council of Economic Advisers from 1989 to 1993, and headed the so-called Boskin Commission, a congressional advisory body that highlighted errors in official US inflation estimates. John B. Taylor, Under Secretary of the US Treasury from 2001 to 2005, is Professor of Economics at Stanford University and Senior Fellow at the Hoover Institution. He is the author of Global Financial Warriors and (with George P. Shultz) Choose Economic Freedom. Traducido del inglés por David Meléndez Tormen.

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