Lecciones del ‘caso Cifuentes’

Llevamos ya tres semanas enredados con el tema del máster que presuntamente no realizó la actual presidenta de la Comunidad de Madrid y aún seguimos con sorpresas. A pesar de todo, quisiera que estas líneas fueran más de propuestas y conclusiones que de ataques personales y cotilleo. Para empezar, es importante destacar cómo el periodismo en España ha demostrado una capacidad de trabajo y eficacia que pone en entredicho la agonía de la profesión ante las nuevas formas de comunicación y las redes sociales. La verdad va fluyendo y el trabajo de investigación va dando sus frutos gracias al esfuerzo de muchas y muchos periodistas que, además, están trabajando con gran objetividad y exquisita deontología. El periodismo serio ha demostrado su papel esencial en una democracia como gatekeeper de las informaciones serias y contrastadas.

También es interesante destacar que este problema del máster de Cifuentes nos ha hecho a muchos reflexionar sobre las malas prácticas en los másteres en general y, en especial, en los másteres que dirigimos o donde impartimos docencia. Desde que decidimos implantar la Declaración de Bolonia en España, con el Real Decreto 1393/2007, hasta ahora ha habido un proceso de aprendizaje importante, pero los momentos iniciales fueron bastante caóticos y la ausencia de planificación en la aplicación provocó que, en ese río revuelto, surgieran pescadores sin escrúpulos que vieron en los másteres sólo negocio con dinero y prestigio público. Creo que hemos aprendido que este país necesitaba y necesita aún mejorar el control de la calidad de los másteres y, sobre todo, su transparencia. Las personas tienen que poder comparar, y evaluar unos y otros. Para ello, es preciso tener fuentes fiables de comparación, bases de datos objetivas y replicables. La Aneca inició este reto de la transparencia en sus evaluaciones al hacer públicos los resultados de todas sus inspecciones; pero sería positivo generar datos más amigables y comparables. Más aún: los trabajos fin de máster (TFM) deberían ser públicos anonimizando los datos personales. Los ránking, como los de EL MUNDO, deberán ser un elemento esencial para poder seleccionar, para incentivar innovación y calidad, y para sacar del mercado los productos deficientes. En este punto, quiero destacar que la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), en noviembre de 2015, creó una Escuela Oficial de Másteres para controlar al máximo la calidad de los más de 60 títulos universitarios de este nivel que tiene. Los casi 8.000 alumnos/as de máster de nuestra universidad pueden estar tranquilos ahora con los múltiples controles existentes. No obstante, aún habrá que mejorar, especialmente, en los títulos propios (títulos que no son títulos universitarios oficiales), donde solos o en colaboración con diversas entidades se produce una oferta que, con el nombre de la universidad pública correspondiente, a veces encierra un fraude inaceptable.

Creo que la principal enseñanza a sacar de este triste caso es la de la importancia de proteger la imparcialidad de las universidades públicas. Si la universidad se pone al servicio de un partido, de un grupo de interés o de sus propios miembros se convierte en un instrumento que ha perdido su misión, su sentido y su dignidad. La ciencia, la investigación y la enseñanza requieren la búsqueda de la verdad, sin que ésta se ponga a venta al mejor postor.

Los servicios públicos que da la universidad debe darlos desde el respeto a la igualdad, con la máxima imparcialidad, sin que consideraciones de amistad, afiliación política o relaciones familiares desvíen al profesor o funcionario de sus obligaciones. Requiere, por ello, de personas dedicadas plenamente a ello, con un sueldo digno, con una continuidad y permanencia protegidas por las normas, salvo causas legalmente establecidas y vinculadas a una evidente falta de integridad.

La URJC, desde poco después de su nacimiento, se encontró con una voluntad clara por parte de los responsables políticos de la Comunidad de Madrid de ponerla al servicio de una ideología, una voluntad que se desarrolló de forma sistemática aunque se permitieran espacios de discrepancia. En este proceso de crear una universidad claramente dirigida desde el ejecutivo surgieron múltiples tensiones que llevaron a tener cinco rectores en cuatro años. Lo cierto es que, en ese momento fundacional, cuando en las organizaciones serias y eficaces se marcan claramente los valores, los principios y la visión, la URJC lo que recibió demasiado a menudo fueron mensajes partidistas, valores sectarios y la percepción de impunidad ante las prácticas clientelares y fraudulentas.

La cultura de las organizaciones se construye con liderazgo claro y valores definidos. Una organización universitaria sostenida con fondos públicos debe recibir mensajes desde la cúpula de que no se admitirán prácticas ilegales, sectarias o fraudulentas; debe aprobar un código ético y formar a sus miembros en su cumplimiento; debe evaluar sus riesgos de corrupción;debe hacer de la transparencia el aire en que se mueven las decisiones y los procedimientos; debe, en fin, servir a su país y evitar los conflictos de intereses. Nada de esto se hizo en sus inicios y luego, por muy buena voluntad que tuviera mucha gente, incluidos destacados miembros de los equipos rectorales, fue difícil ir enderezando la nave.

El caso Cifuentes puede ser un momento de crisis que propicie cambios positivos y permanentes. Cambios en todo el sistema de postgrados universitarios, mejorando los controles de calidad y la competencia; cambios en la importancia de someter a las universidades a marcos de integridad organizativos, con códigos éticos, control de los conflictos de interés, espacios abiertos para la denuncia de actuaciones corruptas o fraudulentas, protección a los denunciantes, etc. Desde luego, tiene que ser un momento de cambio radical para la URJC. Aun cuando rechazo el consecuencialismo ético, en esta ocasión parecería, de acuerdo con las informaciones de EL MUNDO, que un acto guiado por la mera venganza podría generar resultados positivos socialmente. Para ello, será preciso que, por una parte, el equipo de Gobierno actual de la URJC afronte sin concesiones y con firmeza la limpieza de la universidad, y sancione sin componendas. Por otra, será imprescindible que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ponga por delante su deber de servicio público a su interés en salvar a su presidenta. Confío en lo primero mas, por desgracia, tengo muchas dudas de que pueda producirse lo segundo. No obstante, acabaré con frase de Kant: dado que el camino humano está sembrado de espinas, Dios ha dado al hombre tres dones: la sonrisa, el sueño y la esperanza.

Manuel Villoria es catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la URJC.

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