Legal, pero injusto

Por Carlos Barceló, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (LA VANGUARDIA, 24/06/07):

En la actualidad, unos 7,2 millones de habitantes de este país tienen más de 65 años y están en su abrumadora mayoría jubilados, repartiéndose este colectivo entre 3 millones de hombres y 4,2 millones de mujeres. Se estima que dos millones de personas vive en estado de viudedad, unos completamente solos, los más, y otros acompañados de sus hijos. La mayoría vive en las ciudades, con hogares que presentan numerosos problemas arquitectónicos de toda índole, ya que fueron alquilados hace más de 40 años y a precios bajos.

En muchos casos, sus propietarios no han invertido en las restauraciones, lo que se convierte en el caldo de cultivo ideal del mobbing;no obstante, sus moradores han empleado abundantes dosis de creatividad para continuar haciéndolos habitables. En muchos de estos hogares sólo vive una persona, generalmente una viuda, que subsiste gracias a la parca pensión de viudedad que le dejó su cónyuge fallecido. Más de tres millones de estos hogares se hallan en precarias condiciones, con un gasto promedio de 11.500 euros anuales cuando la pensión de viudedad media no llega a los 6.000. ¿Cómo pueden subsistir en estas condiciones? Pues muy difícilmente, porque los gastos de conservación y mantenimiento del hogar continúan siendo los mismos que se tenían cuando convivía la pareja.

El estado de pobreza se ha intentado definir como aquella situación en que el porcentaje medio de ingreso de los individuos no llega al 50% del salario mínimo interprofesional (SMI), un estado en el que halla el 65% de las viudas. ¿Es esto legal? ¿Es legítimo? Y, sobre todo, ¿es justo? Legal y legítimo lo serán, porque así lo decidieron unos diputados en el pleno desempeño de su cargo, pero somos muchos los que consideramos que de justo no tiene nada. Los legisladores decretaron que la viuda sólo tenía derecho al 42% de la pensión de jubilación del marido, así que debían comer, vestir o salir menos que antes. Posteriormente, hace unos pocos años, dicha pensión de viudedad se elevó el 52% de la de jubilación, respetando al menos la media aritmética de la ecuación del hogar. Pero, ¿por qué el 52 por ciento? ¿Quién se atreve a decretar el nivel de gasto de una viuda, especialmente cuando las diferencias entre ellas - el grado de culturización, socialización, costumbres, relaciones con los hijos, etcétera- son tan múltiples y diversas? Así las cosas, el nivel de pobreza entre las viudas puede llegar a no menos de un 60% del sector, es decir, que afecta a 1,2 millones de personas, en general viviendo en asilos o solas en viviendas de alquiler de rentas antiguas, sujetas, por tanto, al acoso de variopintos depredadores sociales.

La primera conclusión que puede establecerse es que ha aumentado considerablemente el número de hogares encabezados por personas de edad igual o superior a los 65 años y en estado de viudez, como reflejo del estado demográfico del país. Las personas mayores tienen un patrón de gasto característico y diferente al del resto de la población, más concentrado en alimentos y vivienda y menos en transporte y diversiones, pero los mayores han seguido los patrones de conducta de consumo del resto de la población y, por lo tanto, su nivel de gasto también ha aumentado. En cambio, el aumento de las pensiones no ha sido parejo al de los salarios, por lo que la brecha ha seguido aumentando.

Según el CIS, únicamente un 11% de las personas mayores españolas contaba con ingresos distintos de las pensiones, cifras muy lejanas de las de otros países, especialmente los del mundo anglosajón. En el caso de las mujeres, su reducida y tardía incorporación al mercado del trabajo en la edad adulta ha significado su dependencia casi total de la pensión de viudedad. De haber otros ingresos, proceden mayormente de una actividad laboral en el sector comercio y pequeñas cantidades de rentas de patrimonio familiar propio. Hay escasa incidencia de ingresos de otras fuentes, como el SOVI. A pesar de que el Gobierno aprobó que las pensiones no contributivas podían sumarse a la pensión de viudedad, en numerosas ocasiones resulta una falacia, al rebasar el total un tope fijado por la comunidad como ayuda máxima.

Y frente a este estado de cosas, ¿qué se hace? Hace unos cinco años, el Club de la Dona de Barcelona realizó una recogida de firmas para solicitar que se aprobara una ley que corrigiera esta situación. Aunque se recogieron más de 700.000 firmas por toda España que se presentaron debidamente al Congreso, tales esfuerzos no prosperaron. Sólo se produjo la mencionada alza de la pensión hasta el 52% de la de jubilación percibida por el cónyuge fallecido. ¿Pero por qué el 52% y no otro porcentaje? ¿Qué análisis se hizo para llegar a esta cifra? En vista de la desidia política, un grupo de viudas pasea por la plaza Sant Jaume de Barcelona todos los fines de mes intentando llamar la atención de los parlamentarios. Llaman la atención con sus pañuelos verdes al cuello, pero poco más pueden hacer.

Además, el estado de viudez ya no se corresponde con el de jubilados mayores de 65 años, por lo que deberá añadirse la población prejubilada de edades menores también susceptibles de enviudar. Por tanto, es posible que nos encontremos con viudas de 55 años en estado de suma pobreza.

Es verdad que, en el estado actual de las pensiones de la Seguridad Social, el verdadero problema se plantea con su financiación futura, dependiente de la población laboral. Pero la pensión de jubilación - de la que procede la de viudedad- es en sí una capitalización de las cuotas pagadas por el cónyuge, es decir, un patrimonio forzado por la legislación que ha de tener la consideración de bienes gananciales, pertenecientes al cónyuge sobreviviente en su totalidad. No se trata, pues, de una gratificación estatal,sino una parte del patrimonio familiar. ¿Qué razón legal, por consiguiente, asiste al Gobierno para retener un 48% de este patrimonio? Es como si retuviera también un porcentaje de la cuenta corriente dejada por el cónyuge fallecido. La puntilla la pone el impuesto sobre la renta (IRPF), que también grava estas percepciones.