Legalizar la prostitución

A menudo tanto en los programas informativos de televisiones y radios, como en las páginas de los periódicos, nos encontramos con noticias sobre la prostitución. Una actividad que, pese a la crisis, sigue moviendo cifras escalofriantes, de ahí que el Gobierno, a mí entender con enorme cinismo, puesto que se trata de una práctica ilegal igual que el tráfico de drogas, haya contabilizado a ambas en el PIB. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los millones de euros generados por la droga son 5.245 y los de la prostitución 3.672. La suma de ambas cantidades nos proporciona la bonita cifra de 9.127 millones de euros, equivalente al 0,87% del producto interior bruto.

Al parecer el INE se ha dedicado por primera vez a buscar datos sobre el llamado oficio más antiguo del mundo y ha llegado a la conclusión que este ocupa en nuestro país a más de medio millón de mujeres, en torno a las 600.000, sin contar las transeúntes o eventuales. Tal cantidad es, en cierto modo, directamente proporcional al montón de sinónimos de prostituta –además del que usted puede que esté pensando– que recoge el diccionario, algunos de raigambre castiza y perfectamente autorizada en obras de categoría canónica: ramera, cantonera, buscona, dama del toisón, dama de la sonsaca, pelandusca, furcia, etcétera, etcétera. Señal inequívoca de que su abundancia viene de lejos.

Muchas de las profesionales del sexo proceden de países del tercer mundo, en primer lugar, del África subsahariana y de Latinoamérica, también de los países europeos económicamente menos boyantes, como Rumanía. Una gran parte de ellas han sido obligadas a prostituirse por las mafias que las ayudaron a dejar su tierra, a menudo con la promesa incumplida de proporcionarles un empleo de los considerados decentes e incluso con el señuelo de que podrían mejorar su formación con estudios. Aunque en otros casos no sean las mafias quienes impongan a estas emigrantes hacer la calle, la deuda contraída con los traficantes que las introdujeron en España las apremian a tener que devolverles el dinero en un plazo determinado, so pena de tomar represalias sobre ellas mismas o sobre sus familias, lo que las induce a buscarse la vida en el oficio.

En la larga posguerra, durante por lo menos tres décadas, las prostitutas solían ser las encargadas de iniciar en el sexo a los hijos de familia y, en consecuencia, cumplían con una misión –para muestra lean las Memorias de Carlos Barral–. A menudo eran de procedencia rural y casi siempre trabajaban impulsadas por la miseria, lo mismo que la mayoría de las emigrantes de hoy.

En aquella época las mujeres venales solían aparecer como tema de sermones condenatorios y, en compensación, de coplas más bien benévolas que aludían, como en Ojos verdes, a una mujer “apoyá en el quicio de la mancebía” aunque la censura lo mandara sustituir por “estando en mi casa un día”, o en Tatuaje, quizá la más bella de cuantas canciones se han escrito nunca para ensalzar a la prostituta redimida por amor. Un tópico literario que el romanticismo puso de moda y que duró hasta antes de ayer. Hasta que la permisividad sexual arruinó el papel de la meretriz como transgresora de la moral al uso. Un papel que, como recordaba Manuel Machado, primero, y después José Agustín Goytisolo, la asimilaba al del poeta y hasta la hermanaba con él, puesto que ambos eran mal vistos por una sociedad de filisteos burgueses, carcundas hipócritas que por igual los rechazaba, precisamente porque no podía domesticarlos ni hacerlos abdicar de su libertad.

Hoy, en el mundo laico en que vivimos, la carne quizá siga siendo triste pero ya no es culpable, de manera que para muchos las prostitutas se limitan a ejercer una profesión que se considera homologable a cualquier otra de las tenidas por decentes.

El debate sobre la legalización de la prostitución, igual que el de las drogas, entraña siempre polémicas agrias, que, a estas alturas, me parecen un tanto desfasadas. Legalizar la prostitución acabaría con las mafias que viven de ella, sería enormemente beneficioso para muchas de las pobres mujeres obligadas a ejercerla y los impuestos generados podrían revertir en el bienestar social, sanidad y educación, que tanta falta nos hacen. Además nuestro Gobierno, igual que los demás gobiernos europeos que, de acuerdo con Bruselas, actúan añadiendo al PIB las partidas ilegales para engordar el crecimiento con una estupenda dosis de cinismo, podrían contabilizar parte de ese 0,87% sin vergonzosa hipocresía.

Por todo ello, como mal menor, de manera pragmática, defiendo la legalización de la prostitución. ¿Alguien más se anima?

Carme Riera, escritora.

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