Legislación contra inmigrantes

Las políticas populistas de gobiernos locales hacia los inmigrantes están causando rupturas en el sistema federal estadounidense, en algunos estados de la Unión Europea y enfrentando a gobiernos locales con centrales. En los últimos meses, una serie de leyes han sido aprobadas en los estados de Arizona, Georgia, Alabama y Carolina del Sur orientadas a expulsar a los inmigrantes en situación ilegal. Entre tanto, en Europa se cuestiona el acuerdo de Schengen.

El presidente Barack Obama considera inadecuadas esas leyes porque podrían violar derechos civiles. Según un estudio del Pew Hispanic Centre, en Estados Unidos hay 11,2 millones de inmigrantes en situación ilegal, de los que trabajan 8 millones. Esto representa el 5% de la mano de obra y el 4% de la población del país. La mayor parte de los inmigrantes son mexicanos, seguidos de latinoamericanos de diversos países, asiáticos y europeos. Las leyes para expulsar a los ilegales dan poder a las policías locales para requerir la documentación a sospechosos; prohíbe transportarlos y obliga a los empleadores a verificar que tienen la documentación en orden. En el caso de Alabama se exige a las escuelas que no admitan estudiantes ilegales o a los hijos de estos, aunque eso contraviene un dictamen del Tribunal Supremo sobre el libre acceso a la educación.

The New York Times editorializó el 3 de julio que Estados Unidos carece de un sistema de inmigración eficaz que proteja a los trabajadores y sus familias, regule el funcionamiento de las fronteras y asegure un régimen legal para millones de personas que, de hecho, tienen ofertas de trabajo en diversos sectores laborales. La falta de acción del Congreso deja que políticos populistas y legisladores locales promuevan leyes destructivas. Según el Times, la idea de querer expulsar a más de 11 millones de personas es lunática.

El caso de Estados Unidos es particularmente relevante. Se trata de una sociedad formada por diversas olas migratorias y su modelo de integración ha sido un ejemplo positivo frente a los problemas del multi-culturalismo europeo. Teóricamente, la sociedad estadounidense incluye e integra a sus inmigrantes mientras que la europea, pese a sus diferentes modelos, tendería a crear guetos.

El presidente Obama llegó a la presidencia en parte gracias al voto de los latinos. Pero en julio del 2010 había perdido parte de su apoyo debido a que durante su primer año de gobierno no impulsó ninguna medida para regularizar a los ilegales. En cambio, el Partido Republicano tomó la iniciativa agitando la cuestión migratoria, vinculando la crisis, el desempleo, un presidente negro y los inmigrantes. Al menos diez estados han promovido legislaciones de corte racista alegando que es necesario “recuperar América” y “ponerse de pie para salvar nuestra cultura”. Casi todos los representantes del Congreso que apoyan esas legislaciones apoyaron la campaña gal.

Miembros del Congreso escribieron el año pasado al presidente denunciando que la violencia ha crecido en la zona fronteriza y que los inmigrantes son un problema de seguridad nacional. Pero los datos oficiales indican que hay menos violencia, que la inmigración ha decrecido y que la demanda de trabajo inmigrante continúa aumentando. Otros estudios muestran que legalizarlos representaría un inmenso beneficio económico para el Estado y la economía del país. Una serie de empresas apoyan que el Congreso haga una reforma para su regulación. Por otro lado, el peso electoral de los latinos empieza a ser crucial; es la comunidad que aumenta con más rapidez en Estados Unidos y representa el 7% del electorado.

En Europa, especialmente desde que las revueltas en el mundo árabe provocaron un flujo mayor, o más visible, de inmigrantes y refugiados, un número creciente de partidos políticos y gobiernos están promoviendo el restablecimiento de fronteras para limitar el acuerdo de Schengen de libre circulación de personas (Italia, Francia y Dinamarca), redistribución de inmigrantes entre ciudades (como propuso recientemente el alcalde de Salt), ilegalización del burka, restricción de permisos para la construcción de mezquitas y limitación del cupo de refugiados. Los llamamientos a preservar la identidad europea o la italiana, la británica o la española, especialmente frente a los practicantes del islam, son cada vez más numerosos.

Aunque se continuarán precisando trabajadores inmigrantes en Europa, la agitación populista unida a la crisis económica produce rechazo social hacia ellos. La movilización racista reemplaza el debate público y políticas democráticas, lo que conlleva rupturas sociales y pasos atrás institucionales en la Unión Europea y Estados Unidos que afectan a toda la sociedad y van más allá de la inmigración.

Mariano Aguirre, del Norwegian Peacebuilding Resource Centre, Oslo.

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