Por Juan Antonio Rodríguez Tous, escritor y columnista de EL MUNDO de CATALUNYA (EL MUNDO, 30/01/06):
En las universidades catalanas, como ocurre en toda Cataluña, no existe un conflicto lingüístico; se habla una u otra lenguas oficiales con naturalidad. Algo conflictiva ha sido, sin embargo, la reciente introducción, en muchas facultades universitarias, del inglés como tercera lengua de uso docente: no es infrecuente la inclusión de cláusulas lingüísticas en contratos a profesores extranjeros que exoneran al contratado de la obligación de hablar cualquier otra lengua distinta al inglés. El derecho a hablarlo implica, obviamente, la obligación a ser atendidos en la misma lengua, algo que no está al alcance de muchos funcionarios. Que se sepa, este tipo de pequeños conflictos ha sido resuelto hasta el momento haciendo gala de uno de los mayores talentos hispánicos, el de la improvisación.
Los únicos conflictos lingüísticos merecedores de tal nombre que afectan a la Universidad catalana provienen de la Administración autonómica. El primero de ellos -el más grave- radica en la absoluta desidia institucional en materia editorial. Pese al auge de las nuevas tecnologías, el libro sigue siendo el instrumento por antonomasia de la enseñanza universitaria. Es evidente que la lengua catalana no alcanzará nunca la mayoría de edad sin una presencia notable en las bibliotecas universitarias. Esta evidencia, sin embargo, no inquieta en demasía a las autoridades, mucho más preocupadas por la catalanización de los listados de tapas en los bares que por la paupérrima producción científica en la lengua de Verdaguer. Y es que la normalización lingüística en la Universidad se rige por el mismo principio que en el resto de la Administración: la presencia visible, el uso formal. Lo fundamental se convierte en accesorio y viceversa.
Otro conflicto lingüístico que puede afectar a la Universidad catalana proviene de la aplicación de la Ley de Política Lingüística (LPL) de 1998. La tramitación de esta ley provocó un debate sin precedentes en la sociedad catalana. Por motivos aún oscuros, el PSC modificó su oposición inicial al texto y pactó una redacción final que aumentaba significativamente la capacidad sancionadora de la Generalitat en materia lingüística. Destacados dirigentes del PSC aseguraban por aquel entonces que no tolerarían que la normalización lingüística progresara a golpe de multas. Probablemente, no imaginaban que gobernarían un día coaligados con ERC, un partido que ha hecho del desarrollo completo de la ley de 1998 una de sus prioridades. Las sanciones, consecuentemente, se han multiplicado espectacularmente.
En el ámbito universitario, por el momento, aún no se ha aplicado con todo rigor nacional(ista) el artículo 22 de la citada ley, que prevé la adopción de «medidas pertinentes» para «fomentar y garantizar» el uso del catalán en la Universidad. Hace unos meses se propuso, a modo de globo-sonda, exigir el nivel C de catalán en los nuevos contratos previstos por la LOU (contratados y ayudantes doctores) y en los concursos para plazas de funcionario (titulares y catedráticos). Se argumentaba que, habida cuenta de que la LPL define el catalán como lengua «propia» de Cataluña, era necesario y conveniente que el profesorado universitario demostrara fehacientemente su conocimiento. La medida no fue bien acogida por la comunidad universitaria, pero tampoco fue rechazada frontalmente.
Con todo, el nuevo Estatuto votado por el Parlament de Cataluña, en su artículo 6, extiende a la enseñanza universitaria la consideración del catalán como lengua «vehicular», un adjetivo que, en la enseñanza no universitaria, es sinónimo de «exclusivo». De aprobarse finalmente el texto, las universidades catalanas tendrían que añadir una dificultad más a la ya de por sí difícil tarea de aumentar los niveles de excelencia en materia docente e investigadora. Habría que recordar, en fin, una gran obviedad: el mundo universitario se divide en buenos y malos docentes, buenos y malos investigadores.Hablen en la lengua que hablen.