Lenguas La España de Babel, única en Europa

Por Blanca Torquemada (ABC, 30/04/06):

De la cooficialidad del catalán reconocida por la Constitución de 1978 a su imposición va un amplio trecho no suficientemente acotado por la Carta Magna y desbordado ahora por el nuevo Estatuto de Cataluña, que en materia lingüística ha quedado «como una patena» para los intereses del nacionalismo excluyente. El artículo 143, ya insidiosamente titulado «Lengua propia» (como si el castellano no fuera también «propio» de Cataluña), ha pasado la «criba» del Congreso en su chirriante literalidad de partida: «Corresponde a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de lengua propia, que incluye, en todo caso, la determinación del alcance, de los usos y de los efectos jurídicos de la doble oficialidad y de la lengua propia, así como la normalización lingüística del catalán».

El Consejo de Europa aprobó en 1992 la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, firmada por España ese mismo año. Se trata de un texto legal que ha suscitado numerosos recelos de otros países comunitarios y que, de hecho, no ha sido aún ratificado por Francia ni Italia. España se inclinó por la versión más exigente de la Carta, por un férreo blindaje de los derechos de los hablantes de las lenguas cooficiales (en la enseñanza, en la Justicia y en el ámbito administrativo), desde una posición considerada como «modélica» por el Consejo de Europa, que en septiembre de 2005 felicitó a nuestro país como «uno de los más comprometidos en la materia». Los derechos lingüísticos son derechos fundamentales y las lenguas minoritarias necesitan protección para no desaparecer, pero una inversión de términos que llegue a vulnerar las libertades de los hablantes de los «idiomas mayoritarios» es un fenómeno inédito que sólo se está esbozando en España.

Francia, sin derecho reconocido

Francia hace valer el legado jacobino a ultranza, centralista en materia lingüística, a pesar de que es una nación diversa, como la nuestra, en la que la lengua mayoritaria no es la única: hay zonas que suman entre 10 y 15 millones de habitantes en las que se habla el bretón, el occitano, el vasco, el catalán, el corso, el alsaciano o el picardo. Según recoge un estudio de la Universidad canadiense de Laval, el pretendido aperturismo lingüístico en el país vecino ha sido aplacado por el Consejo de Estado, que se ha remitido al lacónico enunciado del artículo 3 de la Constitución («La lengua de la República es el francés») para aniquilar cualquier intento de consolidar las lenguas regionales. No es gratuito que Jordi Pujol considerara como uno de sus principales objetivos políticos «lograr que en España no ocurra lo sucedido en Francia con el catalán».

En la enseñanza la cuestión viene determinada y delimitada por la circular 95-086, de abril de 1995. Esa regulación sólo admite una enseñanza bilingüe cuando la demanda de los padres esté contrastada y reconocida. Si no, sólo cabe la posibilidad de «una a tres horas semanales extraescolares de la lengua regional o en la lengua regional». De hecho, en este curso, en toda Francia sólo 41.487 alumnos reciben una enseñanza bilingüe: un 0,35 por ciento del total (doce millones) y un 0,74 por ciento de los que potencialmente tienen derecho a ello por vivir en regiones con dos lenguas (5.625.000).

Hoy en Francia las lenguas regionales continúan siendo una cuestión reservada al ámbito privado. En los Tribunales siguen vigentes los principios de la vetusta Ordenanza de Villers-Cotteret de 1539, por la que se impuso el francés como lengua judicial. Sólo se da una cierta tolerancia cuando a veces se consiente su uso (¡sin traductor!) en el caso concreto de que el juez también la conozca.

En los servicios administrativos, el francés es obligatorio en todos los documentos escritos, aunque los funcionarios pueden utilizar otras lenguas en su relación con los ciudadanos, sin que tampoco en este caso se trate de un derecho, sino de una circunstancia. En la señalización de carreteras, más de lo mismo: la regla general es el monolingüismo, aunque diferentes campañas han conseguido, esporádicamente, la doble rotulación en algunos puntos de Córcega, Alsacia o Bretaña.

Reino Unido, de fachada

En el Reino Unido la reciente política de descentralización (la llamada «devolución» de competencias a Escocia, Gales e Irlanda del Norte) y de subvenciones a sus lenguas sólo ha servido para perpetuarlas como «adorno» de la identidad colectiva, más que para convertirlas en instrumentos de comunicación en una vida cotidiana dominada por el inglés.

Sobre el papel todo está aparentemente sujeto a ambigüedad precisamente porque no hay papel (el Reino Unido no tiene Constitución escrita). En todo caso la lengua oficial es el inglés, y también la de uso generalizado, aunque existan aún pequeñas colectividades que se expresan en galés, gaélico escocés, gaélico irlandés, franco-normando o las hablas de Cornualles o de la isla de Mann. Dado que el 83 por ciento de los 60 millones de ciudadanos británicos residen en Inglaterra, los posibles conflictos lingüísticos quedan muy acotados. Los idiomas minoritarios cuentan con muy pocos hablantes: el galés lo hablan medio millón de personas, el 18 por ciento de los ciudadanos del País de Gales (una proporción parecida a la del euskera en el País Vasco); el escocés está limitado a unas 70.000 personas (1,4 por ciento), y el irlandés, a menos de 150.000 personas (9 por ciento).

En la ley sobre la Nacionalidad Británica se recoge que para acceder al estatus de ciudadano del Reino Unido hay que acreditar el conocimiento del inglés, del galés o del gaélico escocés, en una equiparación más simbólica que real. Teóricamente, las lenguas minoritarias están a punto de convertirse en cooficiales (el galés ya lo es) y han de ser tratadas en pie de igualdad con el inglés, en un acto de aparente valentía de Londres desmentido por una realidad lingüística testimonial nada amenazadora.

En esa apuesta, se ha dado a las lenguas minoritarias cobertura administrativa (las prestaciones sociales cuentan con intérpretes), se imprimen folletos informativos traducidos, y se ha dado vía libre a que los topónimos figuren en otros idiomas distintos del inglés. En la enseñanza, sin embargo, se ha de acordar con las autoridades estatales que se imparta un mínimo de horas en la lengua mayoritaria. Sólo el galés está incluido «a priori» en los programas educativos. En la Justicia la lengua de uso común es el inglés, pero desde 1998 está regulada la posibilidad de pedir un traductor de la lengua materna.

Alemania y la «no intervención»

Dado que una de las bases de la unificación alemana fue la lengua, pocos problemas presenta en la actualidad un estado en el que ni siquiera la Constitución de 1994 se entretiene en fijar un estatuto del alemán ni en recoger su «oficialidad». A las autoridades federales les ha interesado más en los últimos años promover que el alemán se convierta en lengua oficial en la UE que atender a las posibles demandas de sus minorías lingüísticas que, aunque poco numerosas, existen: el danés, con 50.000 hablantes en Schleswig-Holstein; el frisón, también en Schleswig-Holstein y en la Baja Sajonia (12.000 hablantes), y los sórabo de Brandenburgo y de Sajonia (75.000).

Italia «asimétrica»

Italia está actualmente organizada como un estado «asimétrico» dividido en quince regiones de régimen ordinario y cinco con un estatuto diferenciado (Sicilia, Cerdeña, Trentino, Venecia y Valle de Aosta). El italiano estándar es la derivación moderna del toscano, pero existen en el país hasta 33 lenguas diferentes, muchas de las cuales, como el lombardo o el veneciano, son incorrectamente denominadas «dialectos», cuando derivaron directamente del latín. Casi la mitad de la población usa en el ámbito familiar y doméstico una lengua diferente de la oficial, y algunas tienen una acusada personalidad, como el sardo (1.300.000 hablantes) o el friulano (400.000 hablantes).

Actualmente sólo pueden hacer valer determinados derechos lingüísticos las cinco regiones con estatus especial. Pero se trata de una autonomía extraordinariamente limitada que nada tiene que ver con la de las comunidades españolas. En Italia estas «comunidades» no pueden legislar sobre su lengua regional, aunque sí favorecerla con actividades de promoción cultural.