El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, podría pasar a la historia como el verdugo de los vicepresidentes. En casi dos años de gobierno, el economista Otto Sonnenholzner es su tercer vicepresidente. Su antecesora, María Alejandra Vicuña, perdió el apoyo del presidente y dimitió de su cargo a inicios de diciembre tras una denuncia de corrupción —el cobro ilegal a un excolaborador cuando se desempeñaba como asambleísta—. Y, antes de ella, Jorge Glas, un político heredado del correísmo, fue despojado de sus funciones y sentenciado a seis años de prisión en 2017, cuando se probó su vinculación con la trama de corrupción de Odebrecht.
Estos casos parecen indicar que la cruzada anticorrupción del presidente ecuatoriano es genuina. Que, sin tanto formalismo, Moreno se ha mostrado decidido a cumplir lo que avaló el 73,71 por ciento de los votantes en la consulta popular de febrero de 2018: la muerte civil a los corruptos, que implica que los sentenciados por corrupción no se puedan presentar a ninguna elección popular ni puedan ejercer cargo público alguno. Se puede asumir que el país va en el camino de la transparencia y la honestidad e incluso, el 13 de diciembre, la Organización de Estados Americanos (OEA) reconoció los esfuerzos de Ecuador en la lucha contra la corrupción.
Pero la frase que Moreno repite constantemente, “la cirugía mayor a la corrupción”, empieza a sonar hueca.
Todo se ha quedado en la espectacularidad de las denuncias, pero el país aún está lejos de profundizar el combate contra la corrupción y extirpar de raíz nuevos casos de corrupción, que siguen apareciendo: la presa de Coca Codo Sinclair ha revelado un nuevo entramado de corrupción. Aunque aún está pendiente develar cuál fue la ruta de los sobornos, si es que los hubo, lo más importante es determinar cuáles son los mecanismos legales para que esta historia no se repita.
Las entidades de control anticorrupción han perdido filo: la Contraloría tiene el estigma de haber mantenido durante diez años, los mismos del correísmo, a Carlos Pólit, quien pactó con Odebrecht y huyó del país. La Fiscalía está a la deriva desde que los asambleístas destituyeran al fiscal nombrado por el correísmo, Carlos Baca Mancheno, y se dilatara el concurso para nombrar al fiscal definitivo.
Todavía no se han cerrado escollos como el hallazgo de 640 obras contratadas entre 2011 e inicios de 2017 que registraron una diferencia de casi 1000 millones de dólares entre el precio presupuestado y el costo final. Los altos funcionarios sentenciados por algún delito de corrupción se cuentan con los dedos de una mano. Aparte de Glas y de un par de exministros que todavía batallan judicialmente por el caso Odebrecht y otros escándalos, no hay más altos cargos en prisión.
El país todavía no ha desarrollado verdaderas capacidades para perseguir a los funcionarios que buscan enriquecerse con el dinero público. Aunque los voceros del gobierno informen en los foros internacionales de sus avances legislativos, la realidad es que el Ejecutivo desestimó una ley anticorrupción que había aprobado la Asamblea por unanimidad. El proyecto legal descartado planteaba medidas prácticas para acelerar los juicios y recuperar parte de lo robado. Pero la ley está de nuevo en cero.
En una entrevista reciente, Moreno ofrecía un balance escueto de su lucha contra la corrupción. Hablaba de la ley, sin fecha para el debate en la asamblea, y de la recuperación de los capitales mal habidos. Como gran noticia comunicaba la localización de 5 millones de dólares en Panamá, aunque no recordaba el nombre del exfuncionario que los había llevado hasta allí. Pero esos 5 millones de dólares, que tampoco tienen fecha de retorno, no se comparan a los 35.000 millones de dólares que, según la Comisión Nacional Anticorrupción, fueron robados de las obras emblemáticas del correísmo, como la construcción de la Refinería del Pacífico o las centrales hidroeléctricas.
Esa comisión tenía mucho que decir, pero Moreno la remplazó por el Frente por la Transparencia y la Lucha contra la Corrupción, un organismo formado por el presidente casi al inicio de su mandato y desarticulado tras entregar un informe con recomendaciones como fortalecer las instituciones de control, el sistema de contratación pública y emprender una campaña de “difusión de valores”. El Frente, sin embargo, nunca analizó casos concretos de corrupción.
Los ciudadanos no son indiferentes a la estéril cruzada anticorrupción del presidente Moreno. El respaldo popular está en números rojos: apenas el 37 por ciento de los ciudadanos aprueba su gestión al cierre de 2018, lejos del pico del 77 por ciento que registró en 2017, año en el que asumió el poder y cuando entre sus promesas estaban meter presos a los que han robado al Estado y traer el dinero de vuelta al país. Ahora no hay plan a corto ni largo plazo para atajar la corrupción, excepto seguir sacando denuncias espectaculares de la chistera, como las de sus exvicepresidentes.
Las evidencias de que Moreno está usando la lucha anticorrupción como una herramienta política para alejar a su mayor adversario, Rafael Correa, se acumulan. El expresidente está siendo sometido a catorce procesos judiciales y tiene una orden de prisión por su implicación y el uso de fondos públicos en el secuestro de un opositor político. Esto, de momento, ha mantenido a Correa parcialmente alejado de la vida política ecuatoriana (aunque, a distancia, ya fundó un nuevo partido de cara a las elecciones seccionales de 2019).
El presidente Moreno no puede seguir obsesionado con destapar la podredumbre dejada por su antecesor. Su agenda anticorrupción tiene que diversificarse y debe demostrar su liderazgo en la cruzada por la honestidad que emprendió y conseguir que todas las funciones del Estado hagan su trabajo: legislen, sancionen y sienten de una vez por todas la bases para luchar contra la corrupción histórica y sistemática en Ecuador. Es urgente un marco legal que no se active solo por puro revanchismo. No puede ser que cada transición de gobierno sea el momento propicio para ventilar los excesos del régimen anterior con el correspondiente debilitamiento institucional.
Moreno debe mostrar algo más que su fachada de buen gobierno en lo que resta de su presidencia. Debe fortalecer las instituciones democráticas que, en el futuro, deberían ver pasar a los presidentes de turno sin intimidarse.
Soraya Constante es periodista ecuatoriana independiente; ha publicado en Univisión Noticias, Vice News y El País.