Es como una película que ya hemos visto. Una nueva cepa vírica está matando gente en algunos de los países más pobres del mundo, y aunque existen vacunas contra el patógeno, la insuficiencia de la producción y los obstáculos regulatorios impiden su llegada a quienes las necesitan.
La respuesta al brote de viruela símica en África Central hace pensar que no hemos aprendido las lecciones de la COVID‑19, cuando la inequidad en el acceso a vacunas prolongó la pandemia y agravó sus consecuencias económicas. Y demuestra, en un tono más alarmante, lo mal preparados que estamos para una nueva crisis sanitaria global.
Pero quedan dos motivos de esperanza. El primero se debe al azar. El coronavirus era muy contagioso y se transmitía a través del aire, mientras que el contagio de la viruela símica es mucho más lento y depende del contacto cercano, lo que ha limitado la cifra de muertes. La Organización Mundial de la Salud tiene unos cien mil casos de viruela símica confirmados desde enero de 2022, mientras que los Centros para el Control de Enfermedades africanos informan de 724 muertes por la enfermedad en 2024.
En segundo lugar, esta crisis ofrece una oportunidad. Trabajando juntos para eliminar los obstáculos a una respuesta a la viruela símica, los gobiernos, los organismos internacionales y el sector biofarmacéutico pueden mejorar la preparación para futuros patógenos. Los obstáculos más fáciles de desmantelar son las regulaciones que dificultan la fabricación de vacunas y su distribución a través de las fronteras.
Tras el brote de viruela símica de 2022, las autoridades regulatorias en la Unión Europea, Japón, Estados Unidos y Canadá aprobaron vacunas contra el patógeno. Pero en la República Democrática del Congo (RDC), el país más afectado por el brote iniciado el año pasado, sólo se aprobaron vacunas en junio de este año, y eso puso un obstáculo adicional al ingreso de dosis donadas.
Muchos países de bajos ingresos dependen de la OMS para la evaluación de seguridad y eficacia de las vacunas; la autorización de la OMS también es necesaria para que Gavi y UNICEF puedan iniciar pedidos de compra de vacunas en grandes cantidades y distribuirlas. A pesar de los esfuerzos de la OMS, sus normas demoraron hasta mediados de agosto la declaración de la viruela símica como emergencia y la correspondiente autorización para uso en emergencia de vacunas, cuando la difusión de la enfermedad ya la había convertido en un problema sanitario de importancia internacional.
Una vez obtenida dicha declaración, UNICEF pudo iniciar una licitación de hasta doce millones de dosis de aquí a fines de 2025. En paralelo, la OMS trabajó con fabricantes y reguladores para reunir los datos necesarios para la «precalificación» total (para uso no sólo en emergencias) de vacunas contra la viruela símica. La primera de esas autorizaciones se otorgó el 13 de septiembre, y pocos días después, Gavi llegó a un acuerdo con la fabricante danesa Bavarian Nordic para la compra de 500 000 dosis que se entregarán este año.
Para evitar estas demoras en emergencias futuras, los países tienen que estar mejor preparados para recibir vacunas. Una posibilidad es que los diferentes gobiernos comiencen a reconocer las autorizaciones de otros países, y que usen las negociaciones sobre la propuesta para un acuerdo de la OMS sobre pandemias para dar a los reguladores nacionales y regionales y a la OMS nuevas herramientas para acelerar las autorizaciones.
En una emergencia sanitaria, la fluidez del comercio transfronterizo es esencial. Durante la pandemia de COVID‑19, cadenas de suministro con participación de varios países ayudaron a acelerar la producción y distribución de equipos de protección personal, kits de diagnóstico y miles de millones de dosis de vacunas. En 2021, según datos de la Organización Mundial del Comercio, el valor del comercio internacional de productos médicos llegaba a 1,5 billones de dólares, un 29% más que en 2019. Pero el proceso no estuvo exento de obstáculos, ya que varios gobiernos restringieron las exportaciones y cortaron el acceso a vacunas de muchos países dependientes de las importaciones.
Otro problema se evidencia en el hecho de que hasta la reciente decisión del presidente de los Estados Unidos Joe Biden de donar un millón de dosis de vacunas contra la viruela símica, la RDC sólo había recibido unos pocos cientos de miles, a pesar de tener una población de más de cien millones de personas. Es un problema que excede las barreras comerciales: ha habido muy pocos avances en lo referido a diversificar la fabricación de vacunas y generar capacidad de producción extra.
Antes de la pandemia de COVID‑19, el 80% de las exportaciones de vacunas en todo el mundo procedía de sólo diez países, de modo que una restricción a las exportaciones en unos pocos de ellos bastaba para alterar el suministro global. Descentralizar la producción de vacunas y kits de diagnóstico para incluir en ella a más países en desarrollo ayudaría a proteger el suministro contra perturbaciones. Pero para ello se necesita una acción en varios frentes, que incluya a gobiernos, organismos internacionales y el sector privado.
Uno de los frentes es la propiedad intelectual. Durante la pandemia, los países integrantes de la OMC llegaron tras arduas deliberaciones a una decisión sobre la propiedad intelectual de vacunas contra la COVID‑19 que ofrece herramientas para diversificar la capacidad de producción. Para la viruela símica y futuras amenazas sanitarias, las empresas farmacéuticas tienen una responsabilidad de ser proactivas. Estando preparados para llegar a acuerdos voluntarios con posibles socios, podrán diversificar e incrementar en poco tiempo la capacidad mundial de producción según sea necesario. Puesto que el Fondo de Patentes de Medicamentos tiene un historial comprobado en la facilitación de esos acuerdos, debemos concentrarnos en mejorar aún más este mecanismo.
Los países en desarrollo, por su parte, deben asegurar que sus marcos legislativos y regulatorios estén preparados para dar apoyo a la fabricación local o regional, sea por medio de licencias voluntarias de los titulares de patentes o haciendo uso de flexibilizaciones en las normas de propiedad intelectual de la OMC. La OMC, la OMS y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual pueden ayudar a los gobiernos en este tema.
Pero la propiedad intelectual es sólo una de las cuestiones. También es necesario que los gobiernos se pongan de acuerdo respecto de dónde ubicar centros regionales de producción con el objetivo de hacer posibles economías de escala. En esto, pueden encontrar ayuda en los esfuerzos del Marco Colaborativo para la Fabricación Regionalizada de vacunas. Los centros de fabricación que se creen en África y otros lugares necesitarán una demanda sostenida para seguir operando. El mecanismo de compra conjunta que implementó el Fondo Africano de Adquisición de Vacunas durante la pandemia de COVID‑19 es un paso en la dirección correcta. A futuro, el Fondo para Pandemias del Banco Mundial puede ayudar a financiar compromisos de compra a largo plazo, ya que sería una inversión en un bien público mundial.
Durante la pandemia de COVID‑19, la Secretaría de la OMC trabajó con los fabricantes de vacunas y los gobiernos de los estados miembros para identificar y resolver obstáculos de carácter comercial contra la producción y distribución de vacunas. Estamos listos para hacer nuestra parte en relación con la viruela símica y cualquier otra amenaza que nos depare el futuro. Los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado tienen que empezar a hablar el mismo idioma en estos temas y ponerse a trabajar juntos.
Ngozi Okonjo-Iweala, Director-General of the World Trade Organization, is a former board chair of Gavi, the Vaccine Alliance. Traducción: Esteban Flamini.