El 8 de julio, el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro trasladó a su preso político más prominente, Leopoldo López, hasta su casa a las 4:00 de la madrugada. El Tribunal Supremo de Justicia, controlado por Maduro, explicó, en un párrafo, que le concedía arresto domiciliario a López como “medida humanitaria” debido a su “situación de salud”. También mencionó “irregularidades sobre la distribución del expediente a un Tribunal de Ejecución”.
Sin dudas, la excarcelación de López es una muy buena noticia para su familia. Su esposa, Lilian Tintori, así como sus hijos, padres y hermanas, han sufrido por más de tres años al ver que López era procesado por motivos políticos y condenado a casi 14 años de cárcel, todo con base en cargos falsos y evidencia fabricada, según me dijo el propio fiscal del caso. Durante su detención en la cárcel militar de Ramo Verde, López fue sometido a largos períodos de aislamiento y sus familiares han padecido muchísimas humillaciones y abusos. En los últimos 90 días, a López le negaron cualquier contacto con sus abogados.
La excarcelación también representa un gran triunfo para los miles de manifestantes que han salido a las calles a diario desde fines de marzo para expresar su rechazo frente a las tácticas antidemocráticas del gobierno, y para el número creciente de líderes latinoamericanos que piden la liberación de los presos políticos y el cese inmediato de la represión.
Dado que López es el preso político más conocido de Venezuela, es altamente probable que el gobierno quiera vender su “liberación” como prueba de que la situación del país está mejorando, que las críticas internacionales son injustificadas y que los reclamos de los manifestantes son ilegítimos.
Esa pretensión no podría estar más alejada de la realidad.
López está en su casa, pero no está libre. Está sujeto a arresto domiciliario. En la misma situación se encuentra el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, que cumple arresto domiciliario desde hace más de dos años. A otro alcalde, Daniel Ceballos, que también fue encarcelado por motivos políticos, se le concedió arresto domiciliario por un año, pero luego lo pusieron nuevamente detrás de las rejas. Otros líderes políticos, como el excandidato presidencial Henrique Capriles Radonski, han sido inhabilitados arbitrariamente para postularse a cargos públicos por varios años.
En Venezuela, hay más de 400 presos políticos, según datos del Foro Penal Venezolano, organización sin fines de lucro que representa legalmente a detenidos. Más de 350 civiles han sido juzgados en tribunales militares, una práctica propia de las dictaduras latinoamericanas de la década de 1970 que viola flagrantemente el derecho venezolano y el internacional. Muchas de estas personas están alojadas en prisiones militares, cárceles de máxima seguridad o sedes de los servicios de inteligencia en condiciones de reclusión crueles y degradantes.
A su vez, las fuerzas de seguridad, en complicidad con grupos armados partidarios del gobierno conocidos como “colectivos”, siguen reprimiendo brutalmente las manifestaciones contra el gobierno. Desde inicios de abril, más de 90 personas han sido asesinadas, más de 1.500 resultaron heridas y más de 3.000 han sido detenidas con motivo de las manifestaciones. Los altos mandos venezolanos deben responder por las violaciones de derechos humanos generalizadas y graves cometidas por sus subordinados, incluidos casos de torturas.
A fines de junio, el presidente Maduro declaró que su gobierno jamás se rendiría ante sus opositores y que una futura derrota política terminaría en violencia. “Lo que no se pudo con los votos”, advirtió, “lo haríamos con las armas”.
Hace apenas unos días, el gobierno venezolano permitió que hampones armados irrumpieran en la Asamblea Nacional y golpearan a legisladores de oposición a plena luz del día. Esta agresión fue coordinada entre colectivos y miembros de la Guardia Nacional, según surge de grabaciones de audio que se difundieron el 7 de julio.
La crisis actual en Venezuela no es un conflicto entre dos ideologías o grupos políticos. Es una confrontación entre un régimen cívico-militar represivo que viola los derechos fundamentales de su pueblo e ignora descaradamente las garantías democráticas más elementales, y millones de venezolanos que se oponen a esta tiranía, incluidos muchos que antes apoyaban al gobierno.
La excarcelación de López es una señal de enorme debilidad de un régimen cada vez más aislado por la presión en las calles e internacional. Incluso la Fiscala General Luisa Ortega Díaz, quien antes apañaba al gobierno, ha criticado abiertamente a Maduro y la represión. Otro signo de la descomposición es que Ortega, justamente por sus críticas, hoy enfrenta un inminente proceso de destitución.
El arresto domiciliario de López es una notable concesión del gobierno venezolano. Pero es, muy probablemente, un repliegue táctico hecho con la intención de apaciguar las críticas y bajar la presión interna e internacional. Ahora no es el momento de dejarse engañar y ser complacientes. Por el contrario, es indispensable más fiscalización y redoblar la presión para garantizar que López y Venezuela sean finalmente libres.
Es hora de que México, Brasil, Argentina, Canadá y Estados Unidos exijan que el gobierno de Maduro autorice la visita de una misión de países representativos de la región, acompañada de miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para evaluar la situación in situ. Esta iniciativa podría darse dentro del marco de la OEA o fuera de ella si no se cuentan con los votos suficientes para autorizarla. La misión debería, específicamente, solicitar reunirse con todos los actores relevantes, incluyendo a los presos políticos, y notificarle al gobierno que las violaciones de derechos humanos no quedarán impunes. Un mensaje claro de estos países advirtiendo que los responsables de abusos deberán rendir cuentas por sus actos podría disuadir a policías y militares de que continúe la espiral de violencia, o que incluso se incremente.
José Miguel Vivanco es director para las Américas de Human Rights Watch.