En los Sanfermines de 2001, Alberto Catalán y yo elaboramos en Fitero una relación de cargos electos de UPN a los que considerábamos debía prestarse escolta de inmediato. Hablé con Mariano Rajoy, entonces ministro de Interior, y quedé en entregarla personalmente el 16 de julio al secretario de Estado de Seguridad, Pedro Morenés. José Javier Múgica encabezaba la lista. Los terroristas se nos adelantaron 48 horas. Es fácil de imaginar mi estado de ánimo cuando recibí la noticia de su asesinato. Una y otra vez me he repetido que si hubiéramos sido más diligentes quizás hubiéramos salvado su vida. Escribo este artículo en memoria de José Javier y en homenaje a esa mujer entrañable y ejemplar que es Reyes.
Está en buena forma. Eso es lo que pensé cuando vi cómo se zambullía de cabeza en la piscina de los Baños de Fitero, donde ambos pasábamos unos días de descanso aprovechando las fiestas de San Fermín. Era el 13 de julio de 2001. Aquella imagen no se ha borrado de mi retina porque fue la última vez que le vi con vida. Por la noche regresó a Leiza. Alguien alertó al comando preparado para cumplir la orden de asesinarlo, cobarde y alevosamente, dictada por un miserable criminal sin escrúpulos. Amparados en la oscuridad de la noche colocaron una bomba lapa en los bajos de su furgoneta de trabajo. Sobre las 10 de la mañana de aquel fatídico 14 de julio, José Javier Múgica se despidió de Reyes, el amor de su vida, puso en marcha su vehículo y se produjo una tremenda explosión. Murió en el acto y su cuerpo quedó calcinado.
Han pasado 10 años y por fin sus asesinos rinden cuentas ante la Justicia. Les hemos visto la cara. Se muestran desafiantes, chulescos, insensibles. Se arriesgan a pudrirse en la cárcel durante varias décadas, pero no les importa renunciar a su defensa. Están convencidos de que pronto regresarán al solar vasco, donde esperan ser recibidos como héroes. Produce tristeza que haya gente dispuesta a rendir homenaje a vulgares matones sin escrúpulos. Y más tristeza aún que haya quienes en el País Vasco y Navarra -esta vez gracias a la insólita decisión del Tribunal Constitucional del mismo Estado al que quieren destruir- den su respaldo electoral a los que han formado parte del movimiento vasco de liberación nacional y sin cuya colaboración hace mucho tiempo que ETA habría dejado de existir.
José Javier Múgica era un hombre de bien. Trabajador incansable, se ganaba la vida con el sudor de la frente. Su gran delito fue haber sido euskaldún de cuna, navarro hasta las cachas y profundamente español. Se granjeó la simpatía de muchos de sus convecinos, que le eligieron concejal, y ejerció el liderazgo de un grupo de auténticos héroes que desde los años de la Transición resiste en Leiza el terror abertzale. Por todo eso lo mataron.
No participo del optimismo generado por el último comunicado de los encapuchados. Me gustaría creer que ETA ha acordado el cese definitivo de su actividad criminal porque ha sido derrotada por la democracia española. Pero hay cosas que chirrían demasiado. No hace mucho las huestes batasunas estaban desmoralizadas y ahora se encuentran exultantes. Los derrotados se han hecho con el control de Guipúzcoa, gobiernan en San Sebastián y su poder municipal se ha extendido por amplias zonas del País Vasco y también de Navarra. Se permiten exigir a los estados español y francés la apertura de conversaciones de paz para resolver las consecuencias del conflicto, que dicho en román paladino significa la salida de los presos de las cárceles y el regreso de los asesinos que todavía andan sueltos por el mundo. Y están dispuestos a perdonarnos la vida si se crea una mesa de partidos para resolver también definitivamente el conflicto que, según dicen, enfrenta a Euskal Herria con el Estado español y que sólo se resolverá si se reconoce la realidad nacional euskalherríaca, el derecho a decidir del pueblo vasco y la anexión de Navarra, violentando, claro está, la Constitución. Y encima, en el Palacio de Ayete, el ejército derrotado se ha permitido celebrar una conferencia internacional para avalar la existencia del conflicto e instar a las partes contendientes a buscar una paz duradera mediante el diálogo y la negociación.
Me parece sencillamente irresponsable que el presidente Zapatero y el candidato Rubalcaba se hayan apresurado a certificar la defunción de ETA cuando los enemigos de la libertad y de la democracia todavía siguen en pie y su capacidad operativa puede reactivarse en cualquier momento. No entiendo cómo el lehendakari López se ha apresurado a convocar a los partidos para sondear la posible formación de un foro de diálogo con el fin de negociar la solución definitiva del conflicto. Hay que decir alto y claro a los que estén dispuestos a quitarse la capucha que en un régimen democrático como el español son los parlamentos -siempre que actúen conforme a las facultades que les atribuye la Constitución y los estatutos de autonomía- los únicos que ostentan la representación del pueblo. Hay que recordarles que España es una democracia plena, que las actuales instituciones vascas son fruto de la voluntad abrumadoramente mayoritaria del pueblo vasco y que el único conflicto es el provocado por quienes se consideran con licencia para matar por razones políticas.
Con una entereza admirable, Reyes ha tenido el valor de mirar a la cara a los supuestos asesinos de Múgica. No hay en ellos el menor síntoma de arrepentimiento. Si son encontrados culpables la ley exige que cumplan íntegramente sus condenas. Tengamos muy presente que la excarcelación de los pistoleros de ETA supondría no sólo la humillación de las víctimas sino también la derrota de la libertad y el triunfo del terror. Abriría el camino a la reivindicación violenta de otros nacionalismos, con la seguridad de que siempre aparecerá en el horizonte algún mercenario de la mediación que, mediante precio, proclamará que si se quiere la paz resulta imprescindible llegar a un acuerdo con los criminales para resolver las causas políticas que la provocaron, lo que no es otra cosa que legitimar la lucha armada.
Jaime Ignacio del Burgo, ex presidente de Navarra, diputado y senador constituyente.