Letras y números

Por Joseba Arregui, presidente de la asociación cultural Aldaketa (EL PERIÓDICO, 19/08/08):

Diríase que la España del sentimiento que acompaña a los éxitos deportivos y la España de los políticos se mueven en ondas distintas. Hemos podido leer que un diario deportivo francés, jugando con el parecido de la palabra en francés, afirma que España se encuentra en estado/verano de gracia. Pero si uno atiende a las discusiones políticas, España, el Estado, se parece más a una entelequia que amenaza con perderse entre el nominalismo que afecta al lenguaje, y las cifras que solo cantan lo que se les hace cantar.
Algunos políticos han creído que no merece pelearse por el contenido de las palabras. Todo es discutible, y no sirve de nada diferenciar entre federalismo, confederación o federalizante. Han pensado que ya llegará el momento de los números, y estos reequilibrarán la pérdida de realismo del lenguaje con la fuerza de los hechos reflejada en los números.

PERO CUANDO llega el momento de los números, surgen las dudas sobre el método adecuado para llegar a ellos –véanse las balanzas fiscales–, y además los números por sí solos no pueden decidir nada. Dicen ahora los políticos. De forma que la cura de realismo que se esperaba de los hechos reflejados en números vuelve a caer presa del poder del nominalismo. Un poder que convierte al hombre, especialmente al político, en un pequeño dios, pues cree poder crear y recrear la realidad según le convenga, dando y negando significado a las palabras, usándolas a su gusto, según le conviene.
En un contexto nominalista se puede afirmar que se busca una reforma federal del Estado, tener voz propia en Europa y una relación bilateral con el Estado. Vaya por delante que alguna vez se tendrán que parar los políticos a definir el lenguaje y dotarlo de algo de coherencia, pues no pocas veces se reclama que toda comunidad autónoma es Estado para, a renglón seguido, afirmar que tal o cual autonomía plantea al Estado relaciones bilaterales, que en pureza no podrían significar otra cosa que relacionarse bilateralmente consigo mismo. Un análisis somero muestra a las claras que relacionarse bilateralmente con la Administración General del Estado, con el Gobierno central, es algo casi directamente opuesto a una definición federal del Estado, que implica la institucionalización del multilateralismo, dando representación institucional, por ejemplo por medio del Senado, al conjunto de actores territorializados, como son las autonomías.
Algo parecido sucede con la referencia a los números, sean estos balanzas fiscales o los referidos a la crisis. La crisis no afecta por igual a todos los territorios ni a todos los ciudadanos. Déficit fiscal lo tiene más de un ciudadano gracias a la gran conquista de la política fiscal progresista: la imposición progresiva. Esta conquista implica que algunos pagan mucho más de lo que reciben, mientras que otros reciben mucho más de lo que contribuyen. Y no hay otra forma moderna de entender la justicia. Por lo menos, la justicia entre las personas, entre los ciudadanos. Pero parece que cuando estos desaparecen en el magma del territorio –o del pueblo, o de la nación cultural– la percepción de la justicia empieza a diluirse.
De la misma forma que es inadecuado hablar de la cesión de impuestos –¿quién es el propietario de ellos para desde esa propiedad cederlos a otros?–, porque los impuestos son de los ciudadanos en su conjunto y por lo tanto del Estado, y pertenecen por definición a todos los órganos que actúan en funciones estatales, por lo tanto también a las autonomías, de la misma forma es inadecuado hablar de que los territorios son propietarios en origen de los impuestos, pues los impuestos son producto de la actividad de los ciudadanos.

NO AYUDA para nada a clarificar la situación la referencia sin contexto alguno de los porcentajes que se pudieran dejar o poner en manos de las autonomías, ni la referencia a la responsabilidad fiscal, que solo se daría si una autonomía, si las autonomías fueran las responsables de la recaudación. El muchas veces citado ejemplo alemán establece, pero en la propia Constitución, que el Gobierno federal y los estados se repartirán al 50% el rendimiento de los impuestos básicos. El contexto: Alemania es un federalismo ejecutivo, de forma que los estados ejecutan las leyes federales y recaudan los impuestos. Ello significa que su 50% va destinado a la financiación, entre otras cosas, de todos los funcionarios dedicados a la ejecución de funciones de la federación –más del 50% del gasto–, mientras que la federación no necesita de su 50% más que, en todo caso, el 10% de lo que le corresponde al contar con muy pocos funcionarios en comparación con los estados. Y la responsabilidad fiscal no proviene de la gestión de la recaudación, sino de la aprobación en la representación multilateral del conjunto que es el Senado alemán de todas las normas que afectan a la recaudación de impuestos, de todas las leyes que materializan la política fiscal del Estado.
Es hora de dejar de jugar a pequeños dioses nominalistas y definir con algo más de claridad la estructura federal del Estado, de España, porque el sistema de parcheo ha podido ser adecuado hasta ahora, pero me temo que no será el más adecuado en el futuro.