El importe que pago por el café no me protege del humo que llega desde la mesa vecina. Quien empuña el cigarro disfruta del atardecer, yo no. Podría llamar a la Policía Local aquí en Madrid, pero no acudiría. Hace ocho años ganamos la batalla legal —la Ley antitabaco prohíbe zonas de fumadores en espacios cerrados—, la científica, —nadie discute hoy que el tabaco sea la principal causa de mortalidad evitable en el mundo— y conseguimos también el apoyo de una opinión pública a la cual el humo del tabaco le produce tal rechazo que apoyaría restringir aún más los espacios dónde se permita fumar. Ganamos la guerra, como ganó el Norte al Sur la de Secesión, pero no por ello dejamos de ser esclavos.
De la misma forma que la discriminación de los negros no acabó en EE UU con la derrota confederada, la guerra contra el tabaco está muy lejos de haber terminado. No basta con una ley cuando las estructuras de poder y los resortes económicos siguen apoyando al lado agresor. La FEHR (Federación Española de Hostelería), las tabaqueras, y la inacción deliberada de las distintas administraciones, han ido erosionando la aplicación de la ley hasta crear un paisaje de cientos de miles de metros cuadrados de zonas de fumadores llamadas terrazas que no sufren multa alguna, ni inspección.
En Madrid se consiguió lo impensable, poner de acuerdo a la administración regional del PP y la local de Podemos en algo: hacer la vista gorda ante las terrazas cubiertas. Durante ocho años, la Dirección General de Salud Pública madrileña decidió ignorar sistemáticamente —quizás de forma delictiva— cada denuncia de Nofumadores.org. Madrid no solo apesta, sino que también mata. Al plegarse las administraciones al fraude impulsado por la FEHR y Philip Morris, aseguran la pervivencia de un modelo letal de negocio.
Algunos adictos al tabaco cometen el error de pensarse radicalmente libres y agresivos en la defensa de las terrazas okupadas, pero lo cierto es que no son sino un nicho de mercado al que proteger para preservar un modelo de negocio dañino para la sociedad. De 2006 a 2014, la población fumadora cayó seis puntos, hasta situarse en el 29%, pero este porcentaje lleva años congelado. El estudio de la doctora Xisca Suredo y la Universidad de Alcalá de Henares sobre las terrazas en Madrid es demoledor. No solo 9 de cada 10 incumplen la ley, sino que la concentración de partículas PM2.5 y nicotina superan todos los valores de calidad del aire y suponen un riesgo inaceptable para la salud.
Desde 2010, las crónicas sobre tabaco y tabaquismo comenzaban felicitándose por el cambio sin tener en cuenta el gigantesco dragón de quemadores y ceniceros que crecía sin control. Este Leviatán no va a menguar sin un cambio legislativo que acabe con el humo en toda la hostelería, dentro y fuera del local. Como defiende la OMS, “solo a través de la implementación uniforme de leyes antitabaco en un sector se garantiza la libre competencia dentro del mismo”.
Ha llegado el momento de exigir las medidas que reducirán la población fumadora por debajo del 15%. Hay que exigir el fin del humo en toda la hostelería, paquete a 10 euros, cajetilla genérica, prohibición expresa en estadios de fútbol y espectáculos al aire libre, parques y playas. Como sostiene el alcalde de Nueva York, De Blasio: “Las grandes tabaqueras no pararán ante nada para enganchar a la gente a sus productos letales. No dejaremos que su codicia mate a ningún neoyorquino más sin luchar”. Nosotros, tampoco deberíamos.
Ubaldo Cuadrado es portavoz de Nofumadores.org.