Ley de amnistía y populismo reaccionario

Una concepción delirante de la realidad –y hay muchas, no es exclusivo producto de la enfermedad mental– en ocasiones deriva de la ignorancia o de la manipulación intelectual. No es extraño que un genio como Nietzsche llegara a la conclusión de que los hechos no existen, sólo las interpretaciones que expresan posiciones derivadas de las ansias de dominio o justificación de cada cual. En el ámbito político español es frecuente encontrar la idea de que el régimen nacido de la Constitución de 1978 supone una continuación del franquismo. Sería necesaria entonces una nueva transición, derogando en primer lugar la Ley de Amnistía de 1977, que habría legitimado la represión de la Dictadura. ¿Saben lo que están diciendo? Evidentemente no. En la redacción de dicha ley tuvo una destacada participación el Partido Comunista de España, verdadero protagonista de la restauración de nuestras libertades, a través de dos personalidades tan destacadas como Pilar Bravo y Marcelino Camacho.

Ley de amnistía y populismo reaccionarioLa ley fue el resultado final de la política del PCE, que ya en junio de 1956 elaboró la doctrina del Pacto por la Libertad al publicar una declaración dirigida a la «reconciliación nacional». En ella, señalaba literalmente lo siguiente: «Al acercarse el XX aniversario del comienzo de la guerra civil, el Partido Comunista de España declara solemnemente [que] fuera de la reconciliación nacional no hay más camino que el de la violencia. El Partido Comunista no quiere marchar por ese camino». Y añadía: «Crece en España una nueva generación que no vivió la Guerra Civil, que no comparte los odios y las pasiones de quienes en ella participamos. Y no podemos, sin incurrir en tremenda responsabilidad ante España y ante el futuro, hacer pesar sobre esta generación las consecuencias de hechos en los que no tomó parte». Por ello, al final del documento se abogaba por una «amplia amnistía que devuelva la libertad a los presos y permita la vuelta al país de todos los exilados políticos con plenas garantías».

Sus dirigentes no actuaban por impulsos de caridad cristiana o bondad; se trataba de un partido materialista, marxista leninista, que utilizaba la inteligencia política como instrumento de lucha. Y era consciente de que la mayoría del país era sociológicamente franquista. Además, la mitad al menos de la población había apoyado el Alzamiento, no fue un simple golpe de Estado. Vencer a la Dictadura no era posible ni militarmente –ya se había constatado el fracaso del Valle de Arán– ni con la «Huelga Nacional Pacífica», aun cuando de manera propagandística se mantuviera esta última idea hasta el final. La única opción era conquistar parcelas de libertad, tanto en el mundo sindical como en las Universidades donde se educaban las nuevas generaciones. El PCE lo hizo con notable éxito, y los mejores ejemplos fueron la creación de CCOO y el rechazo intelectual al franquismo. Por desgracia, la población española, incluso en Cataluña, aceptaba de buena gana el sistema; no era posible entonces un salto revolucionario.

La Ley de Amnistía no tuvo como objetivo el perdón de los crímenes franquistas, aunque de hecho también lo supusiera. Lo que pretendió el PCE, acompañado por el Partido Socialista y otras fuerzas adheridas al final a la lucha abierta contra el régimen, fue exonerar de responsabilidad a personas tan destacadas en la recuperación de las libertades cívicas como Mario Onaindia, Teo Uriarte y otros condenados en el Proceso de Burgos que no habían sido incluidos en el Decreto Ley de 1976 que había ya dispuesto: «Se concede amnistía por todos los delitos y faltas de intencionalidad política y de opinión comprendidos en el Código Penal o en leyes penales especiales no mencionadas en el apartado siguiente, en tanto no hayan lesionado la vida o la integridad de las personas…». Es decir, habían quedado fuera los que habían recurrido a la lucha armada. Todas las manifestaciones de la época eran presididas por pancartas en las que se reclamaba «Libertad, Amnistía y Estatuto de Autonomía». ¿Por qué no repasan las hemerotecas?

Lo cierto es que, consolidada la democracia, y como consecuencia de denuncias interpuestas por delitos de lesa humanidad, genocidio y desaparición forzada cometidos durante la Guerra Civil y la Dictadura, organizaciones como Human Rights Watch y Amnistía Internacional solicitaron la derogación de la norma al considerarla incompatible con el Derecho internacional, lo que fue planteado también en la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La investigación de los delitos cometidos por el franquismo hubiera sido posible dado que los mismos, por su naturaleza, eran considerados imprescriptibles.A partir de entonces, la Ley de Amnistía fue objeto de sistemática crítica por parte de la denominada izquierda, que aprovechó para poner en cuestión la verdadera naturaleza del régimen de 1978. Para ciertas organizaciones, no sólo las de carácter independentista, el franquismo, a través de la institución monárquica y el poder judicial, seguiría contaminando al país. Sería necesario efectuar la depuración de responsabilidades que no se realizó en su momento.

Es un grave error que obvia la historia real. Fue el Partido Comunista de España el que defendió la Amnistía, y su objetivo era conseguir la liberación de responsabilidades de los etarras del Proceso de Burgos. Aquí no se trató de una Ley de Punto final como en los países sudamericanos. No fueron los militares los que impusieron la Amnistía como interesaba a los pinochetistas para protegerse a sí mismos, chantajeando a los demócratas; fueron estos últimos los que la reclamaron. Por otra parte, si no se olvidaba penalmente el pasado, crímenes cometidos por los dirigentes de la oposición que no habían sido castigados, como los presuntamente cometidos por Santiago Carrillo en Paracuellos del Jarama, quedarían abiertos a persecución. Nos encontraríamos con una historia de nunca acabar. La libertad se alcanzó en España mediante el perdón final de unos y otros, una lección de generosidad y de elemental prudencia.

¿Por qué, entonces, se utiliza este tipo de discurso? Por una razón bien sencilla, la izquierda europea, particularmente la española, está huérfana de ideas. No es consciente de que en Occidente han triunfado sus objetivos, vivimos en un mundo socialdemócrata. La dialéctica marxista ha funcionado con todo su rigor: frente a un capitalismo primario cruel y agresivo, tesis, se habría desarrollado la antítesis revolucionaria, singularmente comunista, que constituiría la negación radical de todas sus afirmaciones. Ambas, tesis y antítesis, habrían sido superadas progresivamente, síntesis, por un sistema que respetando el mercado habría hecho posible la redistribución de la riqueza y la igualdad. El mundo occidental se habría aproximado al sueño del socialismo en libertad, sin necesidad de seguir ortodoxos mecanicismos. Con independencia de la crisis y de especulaciones como las de Piketty, lo cierto es que no ha existido jamás tanta igualdad como la de hoy; bastaría preguntar cómo vivían a nuestros abuelos. La izquierda clásica ha muerto de éxito, ha desaparecido. Son los populistas, con enorme ignorancia, los que intervienen ahora. Y eso es otra cosa, les falta profundidad intelectual, sustituida con demagogia.

Como carecen de ideas en un mundo en transformación revolucionaria, creen que restaurar el discurso de 1931 es progresista. Quieren colgar a Mussolini y Claretta Petacci boca abajo. Sería cobarde. Y habría que advertir que esa acción no la protagonizaron verdaderos resistentes sino colaboracionistas arrepentidos. No hay cosa peor en la política que la desaparición de la inteligencia y la originalidad. ¿Quiénes son nuestros dirigentes? Salvo Josep Borrell, Cayetana Álvarez de Toledo, Manuel Valls y poco más, el resto parecen niños con zapatos nuevos. Y lo peor es que si limitan la acción política a actuaciones demagógicas como la recuperación de la propaganda antifranquista, olvidando reales problemas como el de la inteligencia artificial, la crisis demográfica, el control de la intimidad, la persecución inquisitorial de los disidentes o la actuación irresponsable de los independentistas, terminarán por destruirnos. Eso sí, con alarde gestual e invocaciones cursis al progreso.

Plácido Fernández-Viagas Bartolomé es doctor en Ciencias Políticas. Magistrado jubilado. Coordinador de la obra Parlamentarios andaluces en la II República. Militó en su juventud, hasta la llegada de la democracia, en el Partido Comunista de España.

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