Ha desatado una importante polémica el proyecto de ‘Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans’, aquellas cuya identidad sexual, sus vivencias internas e individuales, tal y como las siente, no se corresponden con el sexo asignado al nacer.
El proyecto se marca como objetivo "desarrollar y garantizar los derechos de estas personas erradicando las situaciones de discriminación". Aunque se lee en la prensa que los médicos no se atreven a hablar con claridad de este tema, aquí se abordan aspectos que les conciernen directamente. El médico tiene que entender el sufrimiento de quienes en su trayectoria vital sienten estar "en un cuerpo equivocado". Además, las personas trans han sufrido con frecuencia la incomprensión, el estigma y la discriminación por parte de la sociedad, y el médico tiene por supuesto que apoyar y acompañar sin fisuras a quienes lo requieran; y ayudarles a luchar contra su discriminación.
El proyecto de ley adopta los criterios de la nueva Clasificación Internacional de Enfermedades de la OMS, 11ª revisión (CIE-11), que ha ‘despatologizado’ la situación de las personas trans y, con la denominación de ‘discordancia de género’, la ha incluido en lo que llama ‘condiciones relativas a la salud sexual’ (peculiar traducción del inglés ‘conditions’). A pesar de esa ‘despatologización’, el proyecto de ley, como la CIE-11, contempla "tratamientos hormonales y quirúrgicos para las personas trans, que se han incorporado a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud". ¡Pero no parece consistente proponer tratamientos si se ha ‘despatologizado’! Además, los tratamientos de ‘afirmación de género’, que algunas personas trans solicitan para adquirir las características secundarias del sexo que desean, aunque emplean técnicas ya muy sofisticadas, pueden ser muy agresivos y de efectos potencialmente irreversibles. Incluyen terapias hormonales con el potencial de alterar intensamente un previamente sano equilibrio endocrino; y tratamientos quirúrgicos para extirpar o modificar órganos sexuales totalmente sanos. El tema puede ser particularmente grave en los menores de edad en pleno desarrollo, e inquieta profundamente el alarmante incremento reciente entre éstos del número de solicitudes de tratamiento. No parece lógico rehuir la exigencia de una valoración integral previa que asegure el diagnóstico y que descarte otras patologías médicas o psiquiátricas.
En un asunto que puede tener importantes implicaciones para la salud de las
personas, como es el de la transexualidad, resulta incomprensible que a la hora
de legislar no se consulte previamente con los expertos médicos
Los médicos prescriben sus tratamientos con ‘la mejor evidencia disponible’, pero diversas revisiones sistemáticas de la bibliografía accesible (5.129 artículos en Med Line, la más acreditada base de datos médicos) señalan que las técnicas de ‘afirmación de género’ no cuentan con las más sólidas ‘evidencias’ para apoyarlas. La mayoría de los estudios sugieren beneficios a corto plazo, tanto para los efectos sobre los caracteres sexuales secundarios como en la mejoría psicológica. Por el contrario, hay muy insuficiente ‘evidencia’ en los estudios a largo plazo, con datos contradictorios y, en algún estudio, con inquietantes resultados. Y están bien documentados casos de ‘arrepentimiento’ tras la intervención (‘regret’), con cambios de opinión con respecto al sexo preferido. Además, a pesar de la decidida ‘despatologización’, la OMS admite que las personas trans "a menudo experimentan una carga de enfermedad desproporcionadamente alta", bien documentada en la bibliografía. De hecho, el DSM-5, la influyente clasificación americana, denomina ‘disforia de género’ al malestar relacionado con las vivencias de las personas trans y lo clasifica como trastorno psíquico.
El proyecto de ley contempla la investigación en este campo. Pues se debe proponer que grupos de expertos nombrados por organismos médicos, despolitizados como se pretende para la Justicia, analicen en primer lugar la profusa bibliografía disponible y realicen nuevos estudios para mejorar el conocimiento sobre estas ‘condiciones relativas a la salud sexual’, sus causas y sus remedios. En nuestro país hay amplia experiencia del importante papel que están jugando en la promoción de la investigación tantas asociaciones de personas afectadas por problemas de salud y sus familiares; sería igualmente relevante que las organizaciones de personas trans asumiesen ese compromiso. Políticos y legisladores tendrán que tomar las decisiones que les correspondan; pero en este tema de importantes implicaciones médicas resultaría inaceptable que no se consulte previamente con los expertos médicos.
Antonio Lobo Satué, catedrático emérito de Psiquiatría de la Universidad de Zaragoza y presidente de APEUZ.