Ley y política en Cataluña

Que la pretensión de celebrar un referéndum sobre la independencia en Cataluña no tiene cabida alguna en nuestra Constitución es algo que ya hemos defendido apelando a razones no solo de carácter jurídico, sino también democrático (Un referéndum antidemocrático, EL PAÍS, 07.04.2016): Solo el pueblo español, único soberano, puede decidir sobre la unidad del Estado, que es el fundamento de la propia Constitución (artículos 1.2 y 2 de la Constitución). No es posible que una parte decida lo que corresponde decidir al todo. La integridad territorial de España afecta al núcleo duro de la soberanía, de ahí que únicamente el soberano, es decir, el pueblo español, pueda decidir sobre la misma. Ni siquiera me parece posible que, a través de una reforma de la propia Constitución, se incluya en el articulado de la misma un cláusula que prevea la posibilidad de que una parte del pueblo español pueda decidir, vía referéndum, sobre la unidad del Estado, ya que algo así supondría, en el fondo, un “suicidio del soberano”, en la medida en que dejaría abierta la puerta para el nacimiento de otro u otros “soberanos”, algo que -por decirlo suavemente- constituye una aberratio iuris, una aberración jurídica que descompone los cimientos jurídico-políticos sobre los que se sostiene la arquitectura de nuestro Estado democrático de Derecho. El llamado “derecho a decidir” es un mero “engendro jurídico” carente de fundamento constitucional.

Sobre el grave déficit democrático de la pretensión de celebrar el susodicho referéndum secesionista tampoco merece la pena insistir más. Si acaso tan solo recordar el argumento nuclear: si hay una sociedad (la catalana, en este caso) profundamente dividida sobre una cuestión tan central para la pacífica convivencia de todas las personas que forman parte de ella como es la relativa a su permanencia dentro del Estado español, la peor forma de resolver ese profundo conflicto es someter a tales personas a la toma de una decisión que solo puede acabar agudizando aún más esa división, en la medida en que el resultado de tal referéndum actuaría como un hachazo que partiría en dos mitades a esa sociedad. Cuando existe un problema complejo, lo democrático es buscar la mejor integración de las partes o posiciones en disputa, a través del diálogo, la negociación, la búsqueda del acuerdo; lo otro, la reducción de lo complejo a un simple “sí” o “no”, no solo no resuelve nada, sino que, por el contrario, encona el distanciamiento. Para garantizar la convivencia armónica en una sociedad compleja los que ganan no pueden ganarlo todo, de igual modo que los que pierden no pueden perderlo todo. Y esto es justamente lo que traería consigo un referéndum, que, por tal motivo, antes que manifestación del principio democrático constituiría, en realidad, un atentado contra este.

Resulta también sorprendente la contraposición que algunos pretenden establecer entre democracia y derecho, para defender que este (con la Constitución a la cabeza) no puede impedir el libre ejercicio de aquella (“derecho a decidir” o referéndum). Sorprende porque se ignora la máxima de que en un Estado democrático de derecho, como lo es el nuestro, va de suyo que el derecho es democrático, y que la pretensión de ejercer una acción al margen del derecho apelando a argumentos presuntamente democráticos (“derecho a decidir”), en realidad, no es democrática, sino todo lo contrario.

Pese a ello, se ha de reconocer que constatar, una vez más, la inconstitucionalidad de ese pretendido referéndum, así como su carácter radicalmente antidemocrático, no basta. Por más importante que sea, que lo es, defender el respeto a la Constitución, y, en general, al Estado de Derecho, en la medida en que con ello lo que estamos defendiendo, en realidad, es la propia vigencia de la Democracia, no es, sin embargo, suficiente. Porque en un Estado democrático de Derecho, como lo es el español, dentro del más escrupuloso respeto a la ley cabe un amplio campo para el juego de la Política, con mayúsculas.

Y es aquí, precisamente, donde hay que mirar de frente a los Gobiernos de España y de Cataluña, para exigirles, al primero, que deje de limitarse a buscar en la ley lo que solo la Política puede resolver (dentro del respeto a la ley, por supuesto); y al segundo, que abandone la peligrosa senda que ha emprendido, de desconocimiento de la legalidad vigente y de sometimiento a una tensión irresponsablemente polarizadora de la sociedad catalana.

Hace falta un cambio de rumbo político. Todavía no es tarde, aunque cada día que pasa, como estamos comprobando, resulta más complicado. Ese cambio precisa de una propuesta política de gran alcance que al ponerse sobre la mesa atraiga la atención social y política. Y es al Gobierno de España al que le corresponde hacerla. Desde que comenzó a agravarse la llamada “cuestión catalana”, hace ya un par de lustros largos, el Gobierno del Estado se ha limitado prácticamente a ofrecer respuestas reactivas a las iniciativas que se tomaban desde el Gobierno de la Generalitat. En la mayor parte de los casos esas respuestas estaban justificadas, pues como no se cansa de repetir el Presidente del Gobierno, no se puede permitir ninguna infracción del orden constitucional. Pero un Gobierno, un buen Gobierno, debe de ejercer liderazgo político, sobre todo respecto de aquellas cuestiones que resultan cruciales para el futuro del Estado y de la sociedad. Y eso es lo que se echa en falta: una propuesta política de amplio espectro que, entre otras cosas, sirva, en parte, para reorientar un debate político y social que hoy está muy mal encauzado, es más, que -haciendo uso de la manida metáfora- amenaza con provocar un choque de trenes de consecuencias impredecibles

Tal propuesta, tal y como se viene demandando desde hace tiempo en distintos foros, solo puede pasar por poner encima de la mesa la reforma constitucional, dado su gran significado político. Una reforma que, por un lado, a partir de las contrastadas enseñanzas del federalismo comparado, ofrezca una adecuada respuesta a las deficiencias o insuficiencias que existen en materia competencial, financiera o de participación y colaboración intergubernamental, y que a todos nos interesa resolver, a fin de conseguir mejorar la organización y funcionamiento del conjunto del Estado. Y, por otra parte, que sirva también para favorecer una mayor integración en este de todos los territorios que lo constituyen, lo que pasará, necesariamente, por un mejor reconocimiento simbólico de ciertas identidades culturales o nacionales, expresivas de la pluralidad o diversidad intrínseca a nuestro Estado, sin que, como es natural, ello implique poner en riesgo alguno el principio básico de igualdad sustancial de todos los españoles, en tanto que ciudadanos de un Estado social y democrático de Derecho que, como muy bien dice el apartado primero del primer artículo de nuestra Constitución, “propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.

Un buen Gobierno es aquel que, por un lado, gestiona con criterios de justicia y eficacia la cosa pública, y, por el otro, ejerce liderazgo político para afrontar con garantías de éxito las grandes cuestiones que afectan a nuestro presente y condicionan nuestro futuro como país. Fallar en lo primero o renunciar a lo segundo irremediablemente conduce al fracaso. Nuestro deber como ciudadanos es exigir al Gobierno que asuma esa responsabilidad política, liderando la reversión de un proceso que cada vez va peor encaminado. ¿A qué espera, Sr. Rajoy?

Antonio Arroyo Gil es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Madrid. @AArroyoGil

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