“Si las leyes suponen eso”, dice el Sr. Bumble en Oliver Twist, “las leyes son estúpidas –son idioteces.” Durante décadas, las leyes de difamación y calumnia de Gran Bretaña no han estado a la altura de las expectativas del Sr. Bumble. Sin embargo, la libertad de expresión en todo el mundo recibió un impulso –y la reputación británica por su sentido común de alguna manera se restableció –en abril luego de que el Parlamento aprobara una ley que examina las leyes de difamación y calumnia del país.
Anteriormente, las corporaciones e individuos en todo el mundo que decían haber sido objeto de difamación –incluso si los demandantes o aquellos que supuestamente los difamaron tenían muy poca relación o ninguna con Reino Unido– emprendían juicios por difamación en los tribunales británicos. La práctica se le conocía generalmente como “turismo de difamación”.
Muchos demandantes que emprendían dichos juicios –oligarcas rusos o ucranios, príncipes árabes, dictadores africanos y jefes sin escrúpulos– tenían poca probabilidad de ganar. Pero ese no era el objetivo. A menudo, los demandados tenían muchos menos recursos, lo que significaba que un juicio por difamación en el que ambas partes tenían que gastar grandes sumas de dinero podía ser eficaz para callar a los críticos aun sin ganar el juicio. En Reino Unido, la ley significaba que muchos asuntos importantes no se podían debatir cabalmente.
La era de reforma a las leyes de difamación se debe a la campaña de hace más de tres años por parte de tres organizaciones: English PEN, asociación de escritores; Index on Censorship, revista especializada bimestral que ha monitoreado la censura en todo el mundo y publicado los trabajos de escritores censurados en las últimas cuatro décadas; y Sense About Science, organización que promueve la comprensión y el conocimiento científico. Demandar a revistas científicas y científicos por exponer a charlatanes fue el factor principal que generó apoyo público para reformar las leyes de difamación y calumnia de Reino Unido.
En casos en los que la ciencia ha estado de por medio, se incluye un costoso juicio contra Nature, una de las revistas científicas más respetadas y mejor conocidas. Nature tuvo que enfrentarse a una demanda por difamación porque declaró que una revista de física había publicado muchos artículos de su editor sin que éstos estuvieran sujetos a la revisión por pares. Aunque Nature se defendió exitosamente, el juicio costó mucho y limitó a varios de sus colaboradores durante largo tiempo. Otros juicios tenían que ver con terapias no probadas contra el cáncer.
El caso relacionado con la ciencia que probablemente tuvo el papel más significativo en la campaña fue una demanda presentada por la British Chiropractic Association (Asociación Británica de Quiropráctica) en contra del escritor científico, Simon Singh debido a un artículo que publicó en 2008 en el diario The Guardian, en el que se trataba el tema de los “tratamientos falsos”. Singh ganó el juicio pero le costó mucho en términos de tiempo y gastos jurídicos.
Uno de los casos que mostraba el tipo de “turismo” que fomentaban las leyes, tenía que ver con una demanda presentada por un empresario saudita en contra de una autora estadounidense que señaló en su libro que dicho empresario había dado apoyo financiero a Al Qaeda. Supuestamente, se vendieron 23 copias del libro en Reino Unido y esto fue suficiente para que los tribunales británicos aceptaran jurisdicción.
Aunque la autora estadounidense no contrató abogado británico y no intentó defenderse en Reino Unido, se le sentenció a pagar daños, lo que provocó indignación en los Estados Unidos. El Congreso estadounidense aprobó una ley, que el presidente, Barack Obama suscribió, en la que dichas sentencias eran inaplicables en los tribunales estadounidenses.
En la ley británica modificada se sigue imponiendo a la defensa la carga de las pruebas. Sin embargo, la forma ha cambiado. La nueva ley permite a un autor o editor, que es demandado, invocar defensa del “interés público”. Además, las corporaciones, instituciones de caridad y otras instituciones que emprendan demandas por difamación tendrán ahora que mostrar que sufrieron daños financieros.
Singh señala que tan solo este requisito habría evitado la continuación de la demanda que le hizo la Asociación Británica de Quiropráctica. Además, el turismo de difamación se reducirá espectacularmente mediante una nueva ley que impida demandas fuera de la Unión Europea si no se puede probar que Reino Unido es el lugar más apropiado para llevar el caso.
Las firmas de abogados británicas que aparentemente se hicieron ricas representando demandantes por difamación en todo el mundo, impidieron la adopción de la nueva ley mediante cabildeo intenso. Los científicos, escritores y activistas anticensura, que encabezaron la campaña, recibieron la ayuda en el Parlamento de Lord Lester, reconocido abogado británico de libertades civiles, que introdujo una propuesta privada de Ley en 2010, y en última instancia, de la aprobación de reforma de los tres principales partidos políticos.
Hace casi 400 años, en 1644, John Milton publicó su Areopagitica, ensayo que denunciaba una medida del Parlamento que autorizaba a la prensa, entre otras cosas, a eliminar publicaciones difamatorias. Este ensayo se considera generalmente como el principio de un movimiento mundial por la libertad de expresión y de prensa. La victoria del mes pasado de científicos, escritores y activistas anticensura indica que el movimiento iniciado por Milton sigue teniendo vida en su propio país.
Aryeh Neier, President Emeritus of the Open Society Foundations and a founder of Human Rights Watch, is the author of Taking Liberties: Four Decades in the Struggle for Rights. Traducción de Kena Nequiz.