Leyes que rigen los precios agrarios

En las últimas semanas se han publicado muchos artículos explicando las razones del aumento de los precios de las materias primas agrícolas y sus consecuencias tanto en los países desarrollados como en vías de desarrollo.

Para comprender qué ha pasado y está pasando en dichos mercados, resultan útiles una serie de leyes sobre el comportamiento de las variables que inciden en los mercados de los productos agrarios, a las que es posible añadir algunas otras.

La ley de King --economista inglés del siglo XVII-- nos dice que los precios agrarios reaccionan de forma exagerada a las disminuciones y aumentos de la oferta, es decir una disminución de la producción genera un incremento extremo de los precios, y viceversa. Por esta razón, desde la época de los faraones egipcios, la intervención pública ha constituido estocs para permitir la regulación de los mercados y evitar así las alzas o las caídas desmesuradas de los precios. En las últimas décadas, y bajo las tendencias liberalizadoras, se olvidó la importancia de disponer de existencias. A mitad de la actual década, los almacenes estaban casi vacíos de forma que la ley de King ha actuado con todo su rigor. Hoy, la UE reconoce disponer de cereales para menos de 30 días.

La ley de Engel --estadístico alemán-- supone que la elasticidad, es decir, el incremento de la demanda de alimentos al aumentar la renta, varía según el nivel de renta. Los países pobres tienen una elevada elasticidad de los alimentos, pero, señalaba Engel, con el aumento de renta, esta variable disminuye situándose por debajo de la unidad. Actualmente, la elasticidad de la demanda de proteínas animales (carne, leche...) en los países en desarrollo --algunos de ellos entre los más poblados del mundo: China, India, Brasil, etcétera-- es muy elevada y por tanto el aumento de la demanda de materias primas agrarias está garantizado si estos países crecen.

La tercera ley corresponde a Turgot --político francés del siglo XVIII-- y afirma que los rendimientos del suelo tienden a disminuir, es decir, que sin la incorporación de innovaciones significativas, el sector agrario sufrirá incrementos de productividad cada vez menores. Según los expertos, desde mitad de los años 80, la modernización de los sectores agrarios se había desacelerado bajo el convencimiento de que no era necesario incrementar la producción ya que existían excedentes en algunos de los principales países productores y el recurso al mercado mundial estaba garantizado.

En los últimos meses hemos podido apreciar que los países más pobres, con baja inversión en agricultura, son los que están sufriendo en mayor medida el impacto del aumento de los precios y de la limitación de la oferta. En esta situación se encuentran una parte importante de África y algunos países de Asia. Además, la garantía del mercado mundial tampoco se ha hecho evidente ya que algunos de los países han respondido a la crisis prohibiendo sus exportaciones y limitando en consecuencia la oferta en los mercados mundiales.

Pero para comprender mejor la situación actual es necesario incorporar algunas leyes adicionales. A la primera la podríamos denominar la ley de Caín y Abel, y señala que los intereses y el comportamiento de los sectores agrícola y ganadero no convergen necesariamente, y que en determinados contextos pueden ser opuestos. Actualmente, el modelo más extendido de producción de carne se basa en una amplia utilización de materias agrícolas para la alimentación del ganado. Los altos precios de cereales y proteaginosas comportan un aumento en los costes de los ganaderos que no han podido trasladarse a los precios finales. De esta forma, la bonanza de precios no se ha reflejado positivamente en todos los subsectores que constituyen el sector agrario. En Catalunya, dada la importancia de la ganadería intensiva, son muchos los agricultores que han experimentando dificultades y de hecho son pocos los beneficiarios del incremento de precios registrado.

La segunda ley adicional podemos denominarla ley de los biocombustibles subvencionados, o mejor dicho, de los agrocombustibles con demanda garantizada. Según dicha ley, cualquier utilización alternativa de las materias primas agrarias reduce la oferta en los mercados alimentarios y desencadena, de un lado, la entrada en funcionamiento de la ley de King, y, de otro, asegura procesos especulativos en los mercados de futuros de cereales-oleaginosas auspiciados por el compromiso de los gobiernos de garantizar la utilización energética de dichos productos agrícolas. Los agrocombustibles están disminuyendo la oferta de alimentos, y de cumplirse con los objetivos previstos en los planes energéticos de muchos países del mundo, la reducción ha de ser drástica. En EEUU, un 28% del consumo de maíz en la última campaña se ha destinado a etanol. En la UE, el 60% del aceite de colza y el 20% de todos los aceites vegetales se han destinado a biodiesel. Con los objetivos marcados, Europa necesitará incrementar sustancialmente sus importaciones de oleaginosas e incluso algunas estimaciones señalan que pasará a ser importadora neta de cereales, mientras que EEUU reducirá sustancialmente sus exportaciones.

Las cinco leyes juntas nos permiten entender mejor el comportamiento reciente de los mercados. Sería bueno que los encargados de diseñar la política agraria no las olvidaran, incluso en los años de vacas gordas.

Lourdes Viladomiu, miembro de Saó, colectivo de reflexión rural.