Líbano en la tormenta

Por  Georges Corm, ex ministro de Economía de Líbano. Autor de El Líbano contemporáneo. Historia y sociedad, Edicions Bellaterra, Barcelona, 2006. Traducción: José María Puig de la Bellacasa (LA VANGUARDIA, 24/05/07):

La desestabilización de Líbano, iniciada a raíz de la resolución 1559 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en septiembre del 2004 e intensificada por el asesinato de Rafiq al Hariri en febrero del 2005 y de los que le han seguido prosigue a un ritmo más inquietante que antes. Lo cierto es que ahora se ha subido un nuevo peldaño. El pequeño ejército libanés ha desempeñado un papel clave desde hace dos años, garantizando eficazmente la seguridad en el ámbito del territorio libanés. Ha logrado además mantenerse neutral entre las distintas facciones libanesas, garantizado la protección de las diversas manifestaciones e impidiendo que se descontrolaran las convocatorias multitudinarias tanto de los elementos prooccidentales que gobiernan el país de forma controvertida como de los de la oposición calificada de prosiria.

Ante una situación explosiva creada por una grave crisis constitucional que sacude el país desde noviembre del 2006 (véase La Vanguardia,14/ II/ 2007), las fuerzas armadas han procedido a garantizar a toda la población unos espacios de libertad para manifestarse y celebrar protestas callejeras. Ya lo habían hecho en el 2005, cuando se produjo el asesinato de Hariri, que, por otra parte, provocó la caída del gobierno bajo la presión de los manifestantes. Y lo han hecho de nuevo desde diciembre del 2006, cuando la oposición empezó a organizar grandes manifestaciones, mostrando una actitud de protesta permanente en la calle (acampadas) que persiste en la actualidad. Pero ahora el Gobierno libanés, pese a la dimisión de los ministros de la comunidad chií y de un ministro de la comunidad griega ortodoxa, se niega a irse o a ampliar el propio Gobierno para adoptar el carácter de un gobierno de unidad nacional pese a las manifestaciones y la persistencia de la protesta callejera de los partidos de la oposición. El Gobierno, que ha perdido su legitimidad multicomunitaria, rechaza el llamamiento de la razón, seguro del apoyo de Estados Unidos y de los países de la UE.

Las fuerzas armadas libanesas, instruidas sin la debida preparación en caso de un enfrentamiento militar con los elementos armados del movimiento terrorista y yihadista llamado Al Fatah al Islam – que se autocalifica de grupo disidente del Al Fatah palestino-, se ven en peligro tanto en el plano político como militar. En el plano político, el asedio a un campo palestino rebosante de civiles recuerda demasiado los sufrimientos y penalidades palestinas en suelo libanés (entre 1975 y 1990) y, por descontado, en la Palestina ocupada. Si el enfrentamiento se prolonga y el número de víctimas civiles palestinas sigue aumentando, la notable reputación de las fuerzas armadas libanesas quedará empañada. Es más, las fuerzas armadas libanesas, que ya poseen numerosos efectivos inmovilizados en el sur a solicitud de las Naciones Unidas y de las potencias occidentales pero también en la capital, Beirut, y en todos los grandes núcleos urbanos a fin de mantener la paz civil, deberán concentrarse en el norte, disponiendo así al máximo de sus efectivos y recursos ya limitados o bien recurriendo a los existentes en otras zonas neurálgicas. Existe además el riesgo de que el malestar y la inquietud se extiendan a otros campos palestinos. Es patente que la provocación a las fuerzas armadas libanesas por parte del grupo Al Fatah al Islam no es inocente. Es más, objetivamente conviene a todos aquellos que en el interior del país – como en Israel o en Occidente- se hallan contrariados y chasqueados por la permanente cooperación entre las fuerzas armadas libanesas y Hizbulah. Algunos, en efecto, se figuraron ingenuamente que las fuerzas armadas libanesas se lanzarían a la aventura suicida de retirarle sus armas a Hizbulah, factor que constituiría la vía abierta a la guerra civil interna; otros han considerado o incluso deseado que las fuerzas armadas libanesas impidan que prosigan las manifestaciones y protestas callejeras.

De modo que, y siendo así que tales deseos no se han cumplido, ¿qué más fácil que intentar instruir a las fuerzas armadas libanesas para enfrentarse a los campos palestinos y, en caso de fracaso, desarmarlas y condenarlas en razón de su ineficacia para hacer aplicar la famosa resolución 1559 y la más reciente, la llamada 1701? Tal o cual campo se hallaría libre y expedito para otra intervención israelí u otra solicitud del Gobierno libanés – de legitimidad impugnada y discutida- de envío de nuevos contingentes militares internacionales que se desplegarían también junto a la frontera con Siria, país acusado de fomentar la agitación.

Y todo ello tiene lugar cuando la cuestión del tribunal internacional para juzgar a los asesinos de Hariri sigue suscitando nuevas polémicas internas libanesas y también en el seno del Consejo de Seguridad. No cabe olvidar tampoco que el muy serio y solvente periodista estadounidense Seymour Hersh ya nos advirtió el pasado mes de marzo de que algunos departamentos de la Administración estadounidense y un miembro muy influyente de la familia real saudí (el príncipe Bandar ben Sultan, ex embajador en Washington) han decidido facilitar la entrada y financiación en Líbano de grupos suníes yihadistas terroristas, sobre todo Al Fatah al Islam, hostiles a los chiíes, para poner en aprietos a Hizbulah y atizar las tensiones entre suníes y chiíes en Líbano (S. Hersh, “The redirection”, The New Yorker,5/ III/ 2007).

¡Pobre Líbano, recen por él!