“Situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias”. Con esta frase la representante comercial de Estados Unidos ha anunciado su apoyo a la liberación temporal de patentes de vacunas contra la covid en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC). El problema es que se requieren medidas no sólo extraordinarias, sino que, además, funcionen. Salvar vidas es desde luego más importante que cualquier beneficio empresarial, pero el objetivo último no es suprimir ese beneficio, sino maximizar la producción mundial de vacunas. La cuestión es saber si la liberación de patentes es la mejor forma de lograrlo y, si no, cuál es la alternativa.
Liberar las patentes, aunque sea transitoriamente, puede no garantizar un incremento a corto plazo de la producción por tres motivos. Primero, porque para producir vacunas no basta con una lista de ingredientes. En una vacuna, el producto es el proceso. Y, además, un proceso complejo: de nada sirve lograr un ARN mensajero si luego no se producen los lípidos adecuados para mantenerlo o se falla en su estabilización. Cada fase es clave, y un error lo arruina todo. Si fuera fácil, gigantes farmacéuticos como Sanofi o Merck no habrían fracasado al producir su propia vacuna. Además, la producción masiva requiere una logística de suministro sofisticada y con muchas materias primas escasas en una cadena de valor global.
Segundo, porque para producir una vacuna el know-how y la seguridad son cruciales, y éstos no se transmiten tan fácilmente. ¿Obligamos a los ingenieros de Pfizer, Moderna o AstraZeneca a desplazarse a otras empresas para enseñarles? ¿Nos inoculamos vacunas de nuevos productores sin someterlas a largos estudios clínicos solo porque se basan en un método de fabricación que aparentemente funciona? A la vista de lo ocurrido con las vacunas de AstraZeneca o Janssen, ¿es esa la mejor forma de que la población mantenga su confianza en la vacunación?
Y tercero, porque la pandemia no ha acabado. Habrá nuevas mutaciones peligrosas, habrá otras amenazas, y para poder hacerles frente es preciso incentivar la innovación. Es cierto que los gobiernos han contribuido financieramente a esa investigación, pero de forma parcial. Y también que en situaciones de emergencia hay que ser flexibles con las reglas del juego. Pero no perdamos de vista el medio plazo y los incentivos: si recibir fondos públicos hace perder todo el beneficio de la investigación, ¿quién los aceptará en el futuro? Y este argumento es válido para todas las innovaciones.
Pero entonces, ¿qué alternativa hay? Porque no hacer nada no es una opción, y la vacunación mundial ha de ser una prioridad absoluta. La directora general de la OMC, la nigeriana Ngozi Okonjo-Iweala, defiende una tercera vía: negociar con las farmacéuticas para que faciliten la licencia de vacunas a todas las empresas capaces de producirlas, pero siguiendo procesos ya garantizados como seguros y respetando la propiedad intelectual (y, por tanto, el incentivo a la innovación). Por supuesto, habrá que presionar a las farmacéuticas si esas licencias no se hacen a precios razonables o si se obstaculizan de forma injustificada. Y puede que la posición de Estados Unidos sea, en el fondo, una forma creíble de establecer esa presión. En paralelo, es imprescindible reformar las capacidades productivas de muchos países y, sobre todo, proporcionar más fondos para que los países más pobres tengan acceso a vacunas en condiciones favorables ampliando la iniciativa covax.
Es curioso que Estados Unidos, después de haber prohibido la exportación de vacunas y acumular grandes excedentes sin utilizar, aparezca ahora como el líder de la flexibilidad con las patentes y el uso de la OMC. Y que, mientras, la Unión Europea, que ha sido mucho más generosa y nunca ha dejado de exportar (incluido a tradicionales socios estadounidenses como Israel o Canadá), que ha apoyado desde el principio la iniciativa covax y siempre ha defendido a la OMC, pueda aparecer ahora como la mala de la película, que sólo acepta discutir la cuestión a regañadientes.
La Unión Europea debe dejar claro que la vacunación es un bien público global y que no deben escatimarse esfuerzos para acelerarla. Pero, al mismo tiempo, debe evitar socavar el incentivo a la innovación, que es clave en una economía del conocimiento como la que intenta apoyar a través del Fondo de Recuperación. Eso se puede hacer en un marco de negociación multilateral que no excluya a las empresas farmacéuticas (cuyos beneficios, por otra parte, deben gravarse de forma razonable). La Unión tiene poder y legitimidad para presionar y lograr precios razonables para las vacunas y sus licencias de fabricación, así como para proporcionar recursos para acelerar su adquisición y distribución mundiales. Pero debe explicarse bien. Lo que no puede permitirse ahora es que la terminen acusando de bloquear un incremento sustancial de la producción a corto plazo, cuando es muy posible que la liberación forzosa de patentes no la garantice.
Enrique Feás y Federico Steinberg son investigadores del Real Instituto Elcano.