El pasado 20 de enero el Gobierno autonómico presidido por Isabel Díaz Ayuso inició la tramitación de la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. Esta futura normativa autonómica contiene importantes aspectos que exponemos de modo resumido a continuación.
En primer lugar, protege el cumplimiento del artículo 27.3 de la Constitución española que garantiza el derecho que asiste a los padres de elegir el centro educativo más apropiado para sus hijos, según sus convicciones personales. La libertad de enseñanza existe cuando las familias tienen la posibilidad real de elegir entre opciones diferentes, con distintos principios orientadores, metas y prioridades. La nueva ley establece como principios generales del sistema educativo madrileño: el derecho a la educación, la igualdad de oportunidades, el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, la pluralidad de la oferta educativa, la excelencia educativa, el compromiso de las familias y la transparencia informativa.
Asimismo, se garantiza la existencia de plazas suficientes en enseñanzas declaradas obligatorias y gratuitas, teniendo en cuenta la oferta de los centros públicos y privados concertados e incluyendo el concepto de demanda social. Este concepto fue eliminado en la ley Celaá, con la finalidad de arrinconar e ir suprimiendo la educación concertada.
Por este motivo, el Ejecutivo regional madrileño ha decidido dar mayor seguridad y tranquilidad a las familias que optan por la educación concertada alargando la duración de los conciertos educativos de seis a diez años. De este modo, se busca garantizar de manera efectiva la libertad de elección de las familias en la región.
Además, la nueva ley sale en defensa de la educación diferenciada, al asegurar que «no rompe la igualdad» y “es conforme a la Constitución”.
En segundo lugar, se apuesta por el distrito único educativo para favorecer la libertad de elección de centro educativo con independencia del barrio de residencia. Se trata de una de las señas de identidad del sistema educativo madrileño. Así, en el presente curso, el 94% de los padres (en la Comunidad de Madrid) ha conseguido la primera opción de centro para sus hijos.
En tercer lugar, la ley apuesta por el esfuerzo y la excelencia, frente a los anticuados y equivocados planteamientos de los herederos de mayo del 68, recogidos en la LOMLOE que promueve la titulación y la promoción con suspensos. Entre otras medidas, se realizarán evaluaciones externas que fomenten la calidad y se garantiza el derecho a recibir las enseñanzas en castellano, como lengua oficial y vehicular de España.
Y, en cuarto lugar, tiene en cuenta la opinión de las familias a hora de llevar a sus hijos a un Centro de Educación Especial, con el objetivo de tomar la decisión que mejor se pueda adaptar a las necesidades de cada alumno.
En resumen, se trata de una ley cimentada en el respeto a la libertad. En ningún momento, como acostumbran las leyes educativas de la izquierda, se pretende emplear la educación para el adoctrinamiento, la transmisión de una ideología, orientar el futuro voto de los estudiantes o imponer una única forma de pensar. Lo único que busca esta nueva ley es que nuestros jóvenes estén mejor preparados para afrontar los retos del futuro.
Ignacio Danvila del Valle es profesor de la Universidad Complutense de Madrid.